Los primeros acercamientos entre el Gobierno y las empresas que operan en el Salar de Atacama para evaluar las opciones de asociaciones público-privadas y que el Estado tome el control -a través de Codelco- de la explotación del litio en la principal reserva de "oro blanco" del país ya se concretaron.
Ayer Corfo recibió a SQM, quien destacó la mayor "certidumbre" tras la cita respecto a la Estrategia Nacional del Litio anunciada recientemente por el Presidente, Gabriel Boric, la cual entrega un rol preponderando del Estado en la industria. Y hoy, fue turno de Albemarle.
En un comunicado, la empresa estadounidense -quien tiene un contrato de arrendamiento con Corfo para operar en el Salar de Atacama
hasta 2043- calificó de "constructiva" la reunión sostenida esta tarde entre el vicepresidente ejecutivo de Corfo,
José Miguel Benavente y el vicepresidente de asuntos externos y country manager de Albemarle Chile,
Ignacio Mehech.
Dicho eso, en el escrito la empresa señala que Corfo recalcó el "respeto al contrato vigente" y que se dejó "cualquier conversación sobre participación (mayoritaria) del Estado para una fecha más cercana al término de contrato". Es decir, cerca de 2043, en 20 años más.
Para Mehech, "somos y seguiremos siendo socios del Estado de Chile a través de Corfo. La certeza jurídica es un valor que ha permitido a Chile desarrollarse y desarrollar la actividad minera por lo que la declaración del Presidente del respeto irrestricto de nuestro contrato hasta 2043 es una señal inequívoca al mercado que nos permite potenciar el compromiso que tenemos con Chile".
El ejecutivo agregó que "agradecemos a Corfo reafirmar ese compromiso".
"Queremos y podemos crecer en el país con nuevas tecnologías de extracción y en el Salar de Atacama. La nueva era del litio está en total sintonía con la estrategia del litio que ha trazado el Gobierno", agregó.
Por útimo, Mehech sostuvo que "desde Albemarle hemos impulsado relaciones de largo plazo siendo pioneros en el desarrollo de la industria del litio, en Chile y estamos concentrados en seguir creciendo de manera sustentable".
En tanto, Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, señaló que las operaciones en el salar mantendrán la misma lógica que se ha tenido hasta ahora: Corfo seguirá siendo la dueña de las pertenencias mineras, mientras que la explotación se realizará vía contratos de arrendamiento con la Corporación, avanzando paulatinamente en la incorporación del Estado a las actividades de explotación a través de alianzas público-privadas con mayoría estatal en la propiedad.
Benavente, además, recalcó que "el compromiso del Gobierno y de Corfo es el respeto absoluto de los contratos vigentes". Y, teniendo en cuenta que este acuerdo específico rige hasta 2043, planteó que las conversaciones más urgentes entre Corfo y esta compañía son el cierre del proceso de arbitraje pendiente entre ambas partes y la implementación de un cambio tecnológico en los procesos productivos.
"La entrada del Estado a la actividad productiva a través de una asociación público-privada y una posible extensión más allá de 2043 deberían ser temas que se aborden en un futuro más cercano a fecha de término del contrato, y siempre en la búsqueda de un acuerdo conveniente para ambas partes", acotó.
