Este martes, en Bolivia, comenzará a operar la Gestora Pública, entidad estatal que reemplazará a las administradoras privadas de pensiones -de capitales suizos y españoles- del país, poniendo fin a casi treinta años bajo un sistema de capitalización individual que permitió al país vecino tener acceso a la jubilación garantizada, tras la quiebra del régimen de reparto en 1996.
De esta forma, a partir de hoy comenzará
la recaudación de los aportes del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que a la fecha cuenta con casi US$24.000 millones en fondos manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Esto, después de la nacionalización del sistema previsional en 2010 durante el gobierno de Evo Morales.
En dicha época, Morales nacionalizó más de una decena de empresas, entre ellas las administradoras privadas de pensiones que habían sido privatizadas en los años noventa. Las AFP fueron cuestionadas por su falta de inversiones y rendimientos de las jubilaciones. No obstante, la transición a la nueva administración pública tardó más de 12 años en concretarse.
"Hasta el 12 de mayo las AFP recepcionarán los trámites... en junio la Gestora realizará los pagos", señaló en un comunicado la institución estatal que se hará cargo de los aportes de los bolivianos. La demora en la entrada en vigor de la Gestora Pública hizo que Zurich y el BBVA llevaran a Bolivia a un arbitraje internacional.
El año pasado el banco español ganó la disputa tras alegar que el aplazamiento le generó perjuicios al seguir prestando servicios de forma "provisional". Bolivia fue obligada a pagarle una indemnización de US$105 millones.
Las AFPs aún deben recaudar las deudas de los afiliados que están en mora por un periodo de cinco años, informó el gerente general de la Gestora, Jaime Durán. La autoridad dijo que se trata de un "monto muy importante" que no especificó.
Detalles de la Gestora Pública
Fue en 1997 que en Bolivia se establecieron dos administradoras privadas de ahorros previsionales: la primera está a manos del banco español BBVA y la otra pertenece a la aseguradora suiza Zurich.
Desde 2006, con la llegada del ex mandatario Evo Morales al poder, dichas entidades tuvieron que enfrentar diferentes cambios en la Ley de Pensiones, además de otras modificaciones que fueron limitando su capacidad de inversión, hasta que la reforma constitucional de 2010 reinstauró que al Estado le correspondía volver a administrar las jubilaciones, pero lo cierto es que desde entonces se avanzó poco y desprolijamente.
Ahora bien, todo apunta a que a partir de hoy el largo proceso de defunción del sistema privado de pensiones culminará, cuando los ahorros previsionales bolivianos comiencen a ser administrados por la Gestora Pública. Con ello, se quitará el último ladrillo de la estructura económica que se creó hace más de veinticinco años, durante el periodo liberal de fines del siglo pasado.
Con el fin de las AFPs, el gobierno del Presidente Luis Arce promete rendimientos más altos, menos comisiones y, por tanto, pensiones mayores. Sin embargo, este inminente cambio ha despertado temores y protestas de varios sectores sociales, mientras que la oposición lo ha calificado como una "apropiación del dinero de la gente".
"Nosotros hemos sido muy claros, aclarando a la población e indicando que se mantiene la figura del patrimonio autónomo. Es decir, se mantiene la autonomía e independencia de estos fondos que solo pueden utilizarse para ser invertidos y para generar pensiones"
Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública
Eso sí, el inicio pleno de las actividades de la Gestora consta de tres fechas claves: la primera, el 2 de mayo, con el inicio del proceso de recaudación total.
La segunda, el 15 de mayo, cuando se reciban los trámites relacionados a la jubilación y, finalmente, el 1 de junio, cuando se empiece a pagar a los jubilados que hay en el país.
Según explicó recientemente Jaime Durán, la Gestora subiría los rendimientos de las inversiones de los fondos previsionales de 3% -que corresponde al promedio logrado por las AFPs en estos veinticinco años- a más de 4%.
Para ello, dejará de cobrar las comisiones que las administradoras descontaban y también disminuirán la prima directa que estas entidades imponían a cada jubilado, de entre 0,5% hasta 1,81%. "Lo haremos mejor y a un menor precio", prometió Durán.
Ante las críticas de la oposición, Durán ha asegurado que los fondos de pensiones serán independientes de cualquier decisión gubernamental y que prestarán dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFPs, es decir, a través de la compra de bonos públicos garantizados en la bolsa de valores. Actualmente, solo un 20% del dinero de jubilación está prestado al Gobierno.
Es así que mayo será un mes crucial tanto para la administración de Arce como para la Gestora Pública, que ahora debe demostrar que el sistema de pensiones, hasta ahora razonablemente eficiente, continuará siéndolo, a fin de desmontar las protestas que preparan sus críticos.
Del mismo modo en que lo hizo el kirchnerismo en Argentina durante el año 2008, el Gobierno de Arce se vale de una importante caja de recursos con la cual podrá seguir manteniendo el financiamiento del déficit, a costa de resignar el futuro y el esfuerzo de años de aportes para millones de personas.
Sobre esto, Durán precisó, en entrevista con el diario La Razón, que "la principal dificultad que hemos tenido ha sido la desinformación que se ha generado en algunos sectores. Por ejemplo, les han indicado que este sería un proceso de estatización, un proceso de confiscación de los aportes. Ahí nosotros hemos sido muy claros, aclarando a la población e indicando que se mantiene la figura del patrimonio autónomo".
"Es decir, se mantiene la autonomía e independencia de estos fondos que solo pueden utilizarse para ser invertidos y para generar pensiones", acotó.
Críticas y desconfianza
La cartera que recibirá la Gestora suma casi US$24.000 millones de unos 2,5 millones de afiliados, el equivalente a un 60% del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano. Un 95% está invertido en bonos de largo plazo y proyectos de inversión pública por lo que el Estado deberá recurrir a fuentes de financiamiento para cubrir la salida de esos fondos, según los expertos.
La oposición critica que la Gestora comience a operar sin un directorio y que cuando haya uno será elegido en el Congreso, donde el partido gobernante tiene la mayoría.
La ley también establece que los recursos que administrará la Gestora podrán ser invertidos en empresas estatales. Los trabajadores y dirigentes de los jubilados han pedido tener una representación en la Gestora para cuidar sus ahorros.
El analista económico Gonzalo Chávez sostuvo que para garantizar un buen manejo de los aportes se debería "crear una segunda gestora pública y permitir que un privado participe en el mercado de los fondos de pensiones. Solo la competencia va a ayudar a mejorar el servicio y la rentabilidad".
En tanto, para el experto en pensiones Alberto Bonadona, es una "oportunidad para el Estado para lavar la cara a la administración estatal" y el gobierno del presidente Luis Arce puede demostrar su eficiencia como lo han hecho otros países.
