Luego de meses de espera y casi al límite de los plazos, el Gobierno ingresó ayer al Congreso -con urgencia simple- la ley corta que apunta a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que exigió a las isapres aplicar una tabla única de factores para el cálculo de los planes de sus afiliados y devolver los cobros en exceso que hayan generado, además de terminar con los cobros a niños menores de dos años.
Fue hace casi seis meses cuando este "supremazo" generó un fuerte remezón en el sistema privado de salud, poniendo en jaque la sostenibilidad financiera de las isapres, provocando importantes roces entre las aseguradoras y autoridades, y dejando en manos del Ejecutivo delinear un plan para implementar este fallo sin que caiga el sistema privado, dada la crisis que significaría dejar a millones de afiliados en la indefensión, sumada a la presión sobre los prestadores de salud.
Una vez conocido el proyecto del Gobierno, entre las primeras dudas que asomaron dice relación con la imposibilidad de que el Congreso alcance a tramitarlo antes de que se cumpla el plazo entregado por la Corte Suprema para implementar el fallo,
el cual vence a fin de mes.
Ante esto, voces conocedoras del asunto aseguran que esta semana el Superintendente de Salud, Víctor Torres, hará una presentación ante el máximo tribunal exponiendo la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley para ejecutar el fallo, por lo que será necesaria una prórroga.
De hecho, el mismo Torres sostuvo esta mañana que "estamos evaluando solicitar una prórroga a la Corte Suprema, entendiendo que el Congreso necesita un plazo de tiempo. Además, el proyeto ingresó con urgencia simple, por lo tanto se requiere más tiempo".
Las mismas fuentes explican que es necesaria la aprobación de la ley corta para que la aplicación del fallo sea universal, tal como lo pide la Suprema, además de que esta ley es la que entregará las atribuciones que requiere la Superintendencia de Salud para modificar los contratos anteriores a 2020 y que se rijan por la tabla única de factores.
Así, una vez aprobada la ley por el Congreso, vendría el primer efecto financiero sobre las isapres: la baja en los planes de salud por la adecuación a la tabla de factores única de aquellos afiliados con contratos anteriores a abril de 2020.
Según cálculos del Gobierno, con esto serían alrededor de 600 mil los afiliados que verían caer los precios de sus planes de salud, en un promedio de $50 mil mensuales al mes siguiente de aprobarse la iniciativa.
Lo que, por cierto, tendrá un efecto financiero importante para las isapres, las cuales, además, deberán asumir lo que significará la devolución de los excedentes cobrados a los mismos afiliados.
El plan devolución
Sobre esto último, el proyecto no detalla cuánto serán los montos que deberán devolver las aseguradoras privadas de salud, lo que se espera sea aclarado esta tarde por parte del superintendente Torres en la comisión de Salud del Senado. En ese sentido, desde el Gobierno recalcan que no serán las isapres las que definirán cuánto es lo que deben, ya que fue la misma Corte Suprema la que en su fallo explicitó el cálculo que deben realizar para aquello. Lo que sí quedará en manos de las aseguradoras será la forma en la que tendrán que devolver los excedentes.
Así, el proyecto señala que tendrán un plazo de seis meses -una vez aprobada la ley- para confeccionar un plan de devolución, el que debe contener, al menos, el número de contratos afectos a devolución; los montos de la cantidad percibida en exceso a devolver por cada persona afiliada por contrato de salud, expresados en UF; el plazo máximo de devolución, y todos los antecedentes que den cuenta de la valorización de la deuda.
Luego, será la superintendencia la que reciba este plan para, posteriormente, mandarlo a un consejo conformado para la ocasión, el cual estará presidido por un experto nombrado por el Ministerio de Salud. Este grupo tendrá, a su vez, otros seis meses para emitir recomendaciones en base al plan presentado por las isapres. Luego de ello, la superintendencia tendrá 30 días para pronunciarse sobre el plan, aprobándolo o rechazándolo.
De ser rechazado, las isapres deberán presentar una nueva propuesta en un máximo de 30 días. Y en caso de rechazarse nuevamente, será el regulador el que fijará un plan de devolución.
Es decir, el proyecto entrega un plazo de más de un año para recién conocer el plan que deberán ejecutar las isapres por la devolución de cobros en exceso que hayan generado por no regirse a la tabla de factores única.
Será cada isapre la que deberá diseñar su propio plan de pago y estos plazos no son al azar, dado que la intención del Gobierno es entregar tiempo a las isapres para que, por un lado, puedan hacer frente al efecto financiero de la baja de los planes de salud y, luego, enfrentar el golpe de la devolución de los cobros en exceso, con el objetivo de mitigar el impacto del duro fallo de la Corte Suprema.
