Ministra de Salud, Ximena Aguilera y presidente de la Asociación de isapres, Gonzálo Simón.
Aton
Controversia ha generado la ley corta presentada por el Gobierno para hacerse cargo del fallo de la Corte Suprema que exige a las isapres adecuar sus planes a la tabla única de factores, lo que implicaría una reducción en torno al 6% de sus ingresos y la devolución de más de US$1.400 millones por cobros en exceso, cifras que según las aseguradoras y expertos, provocarían "el fin del sistema".
Sin embargo, el Gobierno se ha defendido asegurando que lo que se está haciendo es dar cumplimiento a lo resuelto por el máximo tribunal y que su intención no es que el sistema caiga. Junto con ello, han emplazado a las isapres recurrir a la Corte Suprema si es que no están de acuerdo con el fallo y solicitar un recurso de aclaración, cosa que no han hecho en estos casi seis meses.
La
ministra de Salud, Ximena Aguilera, en conversación con Radio Universo, dijo que "
nosotros le hemos planteado en distintas oportunidades a la Asociación de Isapres que si ellos tienen un entendimiento distinto de lo que dice la sentencia ellos pueden recurrir a la Corte, pueden presentar un escrito en derecho, pueden pedir un recursos de aclaración. Sin embargo, nunca lo han hecho".
"Ellos manifiestan que existen distintas formas o mecanismos, nosotros hemos explorado esos mecanismos, los hemos analizado jurídicamente y nos parece que la propuesta que nosotros hacemos, y que estamos presentando al Congreso, (...) responde a la preocupación que tenemos por el funcionamiento del sistema", agregó.
Ante esto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón en conversación con T13 Radio explicó que "nosotros lo que vemos el día de hoy es que el fallo es clarísimo: Dice que 'avancemos en funcionar con una tabla de factores que tiene estas características'. Al mismo tiempo, la Corte suprema establece que durante los primeros dos años no se les cobre a los niños".
En ese sentido, "lo único que hace (el fallo) es fijar unas reglas que son muy sencillas: a nadie se le puede subir el precio y aquellos que eventualmente se les produzca una rebaja, que se les produzca. El resto se lo encargó a la entidad técnica, a la Superintendencia. La Corte Suprema reconoce que ellos no manejan las materias financieras, ni el detalle del funcionamiento, por eso se lo encarga a la Superintendencia", agregó.
Por ende "el mandato es funcionar con una nueva tabla de factores, no terminar con el sistema", recalcó Simón.
