En medio del álgido debate que ha generado la propuesta del Gobierno para cumplir con el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -el que supondría para las isapres el desembolso de unos US$1.400 millones a fin de restituir los cobros en exceso-, la comisión de Constitución del Senado estudió esta mañana una moción parlamentaria alternativa que permitiría hacer efectivo dicho dictamen, sin que ello implique "terminar con el sistema", aseguran.
Se trata de un proyecto de reforma constitucional presentado por los senadores del partido Demócratas,
Ximena Rincón y Matías Walker; junto a sus pares de Chile Vamos,
Rodrigo Galilea (RN), Franciso Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), para incorporar una
disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.
La iniciativa fue aprobada en general por 3 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones. Con esto, quedó en condiciones de ser revisada por la Sala del Cámara Alta.
Los respaldos provinieron de parte de los senadores Luz Ebensperger (UDI), quien preside la instancia, además de Rodrigo Galilea (RN) y Matías Walker (Demócratas) -este último en reemplazo del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Los rechazos, en tanto, procedieron de Francisco Huenchumilla (DC) y el socialista Juan Luis Castro, quien sustituyó a su correligionario Alfonso De Urresti.
Básicamente, el precio de los planes de salud se componen de dos ítems: el precio base de cada plan, y lo que se determine según la tabla de factores. De esta forma, lo que ordenó el máximo tribunal fue ajustar solo la tabla de factores, y según trascendió previo al ingreso de la ley corta, las isapres habían planteado una idea que consiste en que se les permita adecuar el precio base de los planes donde se requiere adaptar la tabla de factores, con el objeto de que haya un reembolso a los cotizantes que sería bastante menor o inexistente, dependiendo del caso.
Los detalles del proyecto
En lo fundamental, el texto señala que las isapres solo podrán utilizar la tabla de factores de riesgos para fijación de precios dictada por la Superintendencia de Salud a fines de 2019 y que las nuevas cargas solo podrán modificar el costo final del contrato a partir de los dos años de edad.
Agrega que la tabla de factores solo se aplicará al ingreso del cotizante y no se utilizará para aplicar reajustes, salvo que sea beneficioso para el cotizante. "La tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud se aplicará solo cuando el cotizante ingresa a la institución de salud y no se utilizará para aplicar reajustes en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante", plantea el proyecto.
Pero acá es donde se encuentra la mayor novedad: se le permitiría a las isapres recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril de 2020, de manera tal que el precio final se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que quedó a firme la sentencia de la Corte Suprema.
Según se lee en la iniciativa, con el fin de proceder al recálculo de precios de los contratos de salud ordenado por la Corte Suprema aplicando la tabla de factores, "las Instituciones de Salud Previsional deberán recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril del año 2020; de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte Suprema quedó firme, no pudiendo el nuevo precio ser superior al precio vigente a dicha fecha".
"Si, aplicando este nuevo precio de manera retroactiva, hubiera eventuales excedentes pagados por los afiliados que las compañías deberán devolver, la Superintendencia deberá fijar un procedimiento de devolución de aquellos excedentes que se hubieren generado, aplicando las prescripciones que sean del caso", añade.
Asimismo, enuncia que la Superintendencia de Salud regulará un procedimiento de devolución de los eventuales excedentes y establecerá que la forma de devolución de excedentes debe ser gradual y se realizará solo en forma de beneficios.
En otras palabras, la reforma constitucional contraviene lo expuesto en la ley corta del Gobierno, pues autorizaría a las isapres elevar los precios de los planes base, cosa que los afiliados mantengan el nivel actual de precios y al mismo tiempo ello no se traduzca en una merma de sus ingresos -y es que la propuesta del Ejecutivo, al mandatar que todos los planes de salud se adecúen a la tabla de factores, provocaría una caída de los precios, por lo que las rentas de las isapres se verían afectadas-.
La reacción del Gobierno
Una vez concluida la votación, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, intervino para asegurar que "para nosotros esta reforma constitucional, de alguna forma, plantea el que el sistema de isapres, para subsistir, requiere seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, principalmente mujeres, a las que la compensación, la rebaja que se le haría por la tabla de factores, se le subiría a través del precio base. Entonces, mantendría una condición que la Corte Suprema ha considerado que es injusta".
"Esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la Superintendencia, y como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años
Ximena Aguilera, ministra de Salud
En esa línea, Aguilera apuntó que
"esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la Superintendencia, y como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años. Con independencia de la discusión constitucional, es difícil apoyar la actual iniciativa por un respeto al orden institucional y a lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema".
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, profundizó en ello y sostuvo que el proyecto aprobado por la comisión de Constitución "busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de isapres".
"Esto es preocupante porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva lamentablemente a lo que establece otro poder del Estado", dijo, agregando que "nuestros poderes no pueden estar buscando artilugios para anular un fallo tan contundente como el que estableció la Corte Suprema"
"El mejor camino y el más responsable es dar un plazo de seis meses a las isapres para que establezcan sus planes de pago de acuerdo a sus propias realidades, pero junto con ello que ese plan de pago contemple lo que el fallo de la Corte Suprema establece en este ambito: adecuar la tabla de factores, y no mediante la subida de los planes base incumplir lo que es la aplicación de la tabla de factores", concluyó Vallejo.
