Pese a que la Corte Suprema decidió prorrogar por seis meses adicionales el cumplimiento del fallo por tabla de factores, la tensión en torno a la carrera a contrarreloj por dar viabilidad al sistema privado de salud en Chile se ha intensificado en los últimos días.
Por un lado, esta semana inició el trámite legislativo de la ley corta de isapres que el Ejecutivo presentó para poner en marcha el veredicto del máximo tribunal en la comisión de Salud de la Cámara Alta. En paralelo, los senadores de la comisión de Constitución dieron luz verde a una
reforma constitucional -presentada por los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón; de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán; y el timonel de la UDI, Javier Macaya- que busca ser una alternativa a la propuesta de La Moneda.
En concreto, se trata de una moción que incorpora una disposición transitoria que autorizaría a a las isapres aumentar sus precios bases en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los valores. Asimismo, plantea que la Superintendencia de Salud establezca un procedimiento de devolución en caso de que las compañías tengan que restituir eventuales excedentes pagados por los beneficiarios, aplicando el nuevo precio de manera retroactiva. Para eso, deberá fijar los plazos y medidas necesarias para cumplir estas normas.
La iniciativa ha sido cuestionada por diversos personeros de Gobierno, incluyendo al propio Presidente Gabriel Boric, quien durante su alocución en el desayuno anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) llevado a cabo este martes, afirmó ser "crítico" del proyecto, subrayando que "lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente".
Frente a esto, la senadora Ximena Rincón, una de las autoras de la reforma, aseguró a Emol haber enviado un oficio a la Corte Suprema, con el objeto de que el máximo tribunal se pronuncie respecto a si su proyecto incumple con el fallo, como alude el Ejecutivo.
Pero este miércoles surgió una tercera alternativa, luego de que un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezados por Joanna Pérez (Demócratas) ingresara por la Cámara una moción para crear un mecanismo voluntario de compensación de la deuda de las isapres con los cotizantes -tras el fallo de la Suprema- convirtiéndola en acciones y bonos a favor de estos últimos.
Según explicó la legisladora, se trata de "una alternativa voluntaria dentro de distintas prestaciones, que ofrece que las isapres devuelvan en acciones o en bonos de deuda, ese saldo que debe también definirse justamente por las isapres".
¿Qué dice el fallo?
En diciembre de 2022, la Tercera Sala de la Corte Suprema dio a conocer su resolución respecto a la aplicación de la tabla de factores, determinando que las entidades de salud privada debían recalcular todos los contratos de sus planes de salud sobre la base de la tabla de factores única, definida por la Superintendencia de Salud en 2019, con efecto retroactivo, y a su vez, no subir los planes.
Sobre esto, el ex ministro de Salud,
Jaime Mañalich, explicó a
Emol que "el año 2019 se elaboró una tabla de factores con el objetivo fundamental de terminar con la inequidad de género en los planes de salud, que mantenía una discriminación hacia la mujer. Como toda regulación, era efectiva desde abril del 2020 en adelante. Esta norma, por lo tanto, es obligatoria para toda persona que suscribiera un nuevo contrato con una aseguradora, o se cambiara de plan".
En esa línea, Jaime Burrows, ex subsecretario de Salud Pública, precisó que, como en algunos casos no se produjo el cambio, lo que el máximo tribunal determinó es que "esos cobros en exceso por la diferencia tienen que ser devueltos a los beneficiarios, y además, de aquí en adelante establecerse una mantención respecto de esa tabla de factores.¿Qué implica eso? Una deuda importante de recursos, según la Superintendencia de alrededor de US$1.400 millones, y por otra parte, hacia adelante, menores ingresos para las isapres".
¿Qué propuesta cumpliría con el fallo?
- Ley corta del Gobierno y reforma constitucional
A juicio del ex ministro de Salud y decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas, Osvaldo Artaza, la propuesta de reforma constitucional de la oposición "busca cambiar ex post las reglas del juego para evitar se cumpla el fallo en lo que corresponde a la devolución de lo mal cobrado. No le veo mucha viabilidad política en que prospere en su trámite, ya que la ciudadanía lo verá como un perdonazo".
Artaza acotó que, en cambio, la ley corta del Ejecutivo "busca que se cumpla íntegramente el fallo, de manera prudencial y responsable, de modo que eso no implique un colapso del sistema asegurador privado. Lo lógico es que el Parlamento busque consensos y mejorar el proyecto sin torcer el cumplimiento del fallo. Además del tema de los plazos pudieran surgir alternativas de devolución de los dineros".
Por otro lado, el abogado y ex superintendente de Salud,
Patricio Fernández, considera que
"la propuesta de reforma constitucional es más fácil de mejorar -que la ley corta-, y poder compatibilizar el derecho de las personas a obtener una devolución justa, junto con permitir que el sistema pueda seguir funcionando".
"Creo que se pueden establecer ajustes del precio base parciales que impacten en una rebaja efectiva del precio de los contratos de salud, en relación a lo que las personas pagan hoy. Ello, sin el riesgo de insolvencia que implica la interpretación efectuada por la Superintendencia de Salud", añadió Fernández.
Desde la perspectiva de Burrows, la propuesta de senadores de oposición, "no está cumpliendo con lo que plantea el fallo de la Corte Suprema, toda vez que el sentido de este fallo es que aquí se ha obrado negativamente, y hay una deuda con los afiliados, los cuales tienen que recibir una devolución de pagos que no correspondía haber realizado".
Bajo el análisis de Sebastián Zárate, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma, "el proyecto presentado por el Gobierno tiene como resultado dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, pero presenta un problema para la subsistencia del sistema, que no afecta solamente a las isapres, sino al sistema de salud en general".
Por su parte, dijo que "el proyecto de reforma constitucional presentado por parlamentarios de oposición elude la iniciativa exclusiva que tiene el Presidente en esta materia, utilizando la misma técnica defectuosa de los retiros. Pero además de ello, permite la modificación del precio base en relación con la tabla de factores, situación que considero contradictoria con el fallo de la Corte Suprema".
-Proyecto de diputados por "acciones y bonos"
Sobre esta iniciativa, el ex ministro Mañalich aseveró que "es una mala idea, porque el dictamen de la Corte Suprema, y el proyecto de ley corta, se hacen cargo de algo que es extraordinariamente delicado y es que se crea una figura por la cual la deuda, lo que hay que devolver a los beneficiarios, constituye un capital, un activo de la isapre".
"Si se aprobara un proyecto de ley como este, en la cual
de facto la isapre traspasa a acciones o bonos a los propios reclamantes este capital, las isapres en forma inmediata dejan de cumplir las garantías ante la Superintendencia", añadió.
En tanto, Artaza llamó a "poner paños fríos y de buscar de manera razonable y prudente cómo lograr el balance entre cumplir cabalmente el fallo de la Corte Suprema y no generar efectos perjudiciales en las personas afiliadas en las isapres. En esa línea son muy interesantes las propuestas que se han escuchado recientemente, sobre que parte de la deuda se pueda convertir en acciones para que los afiliados que, voluntariamente lo deseen, participen de la propiedad de las isapres".
Fernández, eso sí, comentó: "no lo veo como una alternativa que solucione el problema de insolvencia de las isapres. No lo veo tampoco como una medida que tranquilice a las personas, en el sentido de que las isapres les vayan a pagar la deuda, y finalmente, la situación financiera en la cual se encuentran las isapres hace que la medida sea una que pueda terminar en una simple expectativa".
Sobre esta idea se refirió Martín Costabal, ex ministro de Hacienda, quien comentó, en una carta publicada por El Mercurio titulada "Isapres, un camino alternativo", que "un avenimiento, ponderando razones de interés general, y donde el tiempo resuelva en qué medida cada parte tiene la razón, sería que esta devolución se efectuara en acciones de un aumento de capital que cada una de las isapres efectuara. A considerar sería que esto fuera con una serie especial de acciones con alguna preferencia de dividendos y limitada participación en la gestión en los primeros años".
