Revuelo en el mundo político, y también entre ex autoridades, causaron los dichos de este domingo del ministro de Hacienda,
, acerca de que la Pensión Garantizada Universal (PGU) se habría legislado sin financiamiento para 2022.
En entrevista con Mesa Central de Canal 13, y ejemplificando la importancia de sacar adelante la reforma tributaria para costear las medidas vigentes -y futuras-, el jefe de la finanzas públicas dijo que la PGU, promulgada a inicios del año pasado, especificamente
"en los últimos días del gobierno anterior, quedó sin financiamiento para 2022".
"Nosotros dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar financiamiento para la PGU. Pero al año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este Presupuesto, solo para financiar el efecto completo de la PGU, con el aumento de cobertura y los reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en 2023. Entonces, eso nos da una idea de que los órdenes de magnitud que están involucrados en estas cosas no son tales como para permitir que se vayan ajustando de poquito en los Presupuestos", añadió.
Recordar que, aunque se pretendió que el erario fiscal de 2022 se fuera normalizando tras el fuerte desembolso de recursos que la pandemia provocó en 2021, hubo varios asuntos pendientes que presionaron más el ajustado escenario presupuestario que por esas fechas recibió a Marcel, tras su arribo a Teatinos 120.
La ley aprobada para el año pasado estableció un gasto equivalente a 23,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con recursos por $60.698 mil millones (unos US$82.177 millones). Estas cifras estaban en línea con los presupuestos de años anteriores a 2021, cuando de manera excepcional se gastaron $23.970 mil millones.
En ese marco, tras las gestiones bajo la segunda administración del ex Presidente Sebastián Piñera, se habrían provisionado US$1.500 millones para la reforma de pensiones que -según se esperaba en ese entonces- se podrían empezar a gastar en febrero si el Congreso aprobaba la propuesta de crear una Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, desde ya se preveía que el debate podía rebotar para la administración entrante en caso de que no se lograra concordar el financiamiento.
Cabe recordar que la PGU se creó en reemplazo del Pilar Solidario, estrenado en 2008, por un piso en la línea de la pobreza y beneficios para los adultos mayores desde 65 años del 90% de la población. Y en paralelo a este aporte, el Parlamento tramitó el proyecto que contenía exenciones tributarias para sustentar su financiamiento, por el equivalente en recaudación de 0,67% del PIB.
Frente a estos datos es que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, salió a respaldar la postura de su par de gabinete. "El ministro Marcel hizo una aseveración que corresponde a lo que, efectivamente, aconteció cuando se tramitó este proyecto", indicó en conversación con Tolerancia Cero.
"Se compromete un ingreso permanente sin que vaya de la mano con un ingreso permanente. Y se aprobó una reforma legal que eliminó algunas exenciones tributarias que no se aplicaban de manera inmediata", apuntó, afirmando que en 2022 la PGU ya no tuvo financiamiento y el Ejecutivo tuvo que "hacer readecuaciones" para poder solventarla. No obstante, ésta no contaría con fondos suficientes para los próximos años: "Además se ha postergado una serie de normas que estaban contenidas en ese cambio", expuso.
De hecho, el Presupuesto de la nación para 2023 contempla un crecimiento del gasto público de 4,2%, dejando atrás la histórica caída de 24,1% proyectada para el año en curso. De la totalidad de ese aumento, un 8% de los recursos se destinarían a pensiones, salud, educación y niñez, entre las iniciativas destacan un aumento del financiamiento para Pensión Garantizada Universal (PGU).
La advertencia del CFA y los cambios
A este respecto, a inicios de enero de 2022, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió en un informe "lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU".
Para llegar a esa conclusión, el organismo observó en que las fuentes de financiamiento de la PGU tienen distintas implicancias sobre la situación fiscal. Así, planteó ciertas precauciones y sugirió revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objetivo de asegurar que esta política pública pueda implementarse adecuada y sosteniblemente.
En el caso de la reducción y eliminación de las exenciones tributarias, el Consejo observó que correspondía a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no iba a tener impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno. Sin embargo, advirtió sobre la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU.
"Por esto, el CFA sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU", acotó.
En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026), el CFA planteó en el informe que su uso para la PGU no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026.
Aunque el Consejo identificó en su informe "una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural. De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente"
Con todo, la otrora administración implementó nuevos mecanismos de financiamiento de la PGU, y a su vez descartó utilizar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para ese fin. Lo anterior fue destacado por el entonces presidente del CFA, Jorge Desormeaux, quien señaló que "las fuentes de financiamiento original suman 0,35% del PIB y las nuevas indicaciones aportan un 0,32% del PIB, con lo cual en régimen, que es para 2050, suma un 0,67% del PIB".
Según comentó, y en base a la información entregada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el componente más importante de estas nuevas fuentes tributarias es la modernización de concesiones mineras, seguida de la exención tributaria a contratos de leasing, la sobretasa a bienes de lujo y el aumento a la sobretasa del impuesto territorial.
Dicho eso, valoró "el retiro del financiamiento derivado de la disminución de los aportes al FRP de 0,1% del PIB, lo que está en línea con la responsabilidad fiscal", junto con asegurar que "la incorporación de nuevas medidas tributarias avanza en la misma dirección incrementando los ingresos permanentes de 0,35% del PIB a 0,67% del PIB anual en régimen".
"De esta forma, el mayor gasto de la PGU que con las nuevas indicaciones alcanza en régimen al 0,98% del PIB, se financiaría con dos fuentes: primero, medidas tributarias que suman 0,67% del PIB y dos, provisiones en la ley de Presupuestos 2022 y el programa financiero hasta 2026 que requerirían 0,31 puntos porcentuales del PIB", añadió.
De todas formas, reiteró los reparos respecto a que el financiamiento asociado a las provisiones se haga en base a un análisis de sostenibilidad proyectado a cuatro años -hasta 2026-, cuando esto debiese hacerse proyectando al largo plazo, sobre todo "en un contexto de déficit estructural".
La defensa de la ex Dipres
La polémica fue abordada por Cristina Torres, quien se desempeñó como directora de Presupuestos durante el último tramo de la segunda administración de Sebastián Piñera. "Tal como mandata la Constitución, el Congreso no puede aprobar un nuevo gasto sin señalar las fuentes de financiamiento", acusó Torres en una carta enviada a El Mercurio, lo que habría derivado en "sendos debates entre el Gobierno y parlamentarios de la época".
"Señalar que no se contó con financiamiento, es desconocer la institucionalidad fiscal, los aportes del Consejo Fiscal que se tuvieron a la vista para hacer modificaciones a la propuesta y los propios Informes de Finanzas Públicas que explican la proyección de gasto comprendido en el mediano plazo"
Cristina Torres, ex directora de Presupuestos
De esa forma, explicó que "
el financiamiento aprobado implicó la eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias (0,67% del PIB), más el uso de la provisión destinada en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programa Financiero para la reforma de pensiones (0,5% del PIB".
"Señalar que no se contó con financiamiento, es desconocer la institucionalidad fiscal, los aportes del Consejo Fiscal que se tuvieron a la vista para hacer modificaciones a la propuesta y los propios Informes de Finanzas Públicas que explican la proyección de gasto comprendido en el mediano plazo", añadió.
En la misma línea, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), sostuvo en conversación con Tele13 Radio esta mañana que "lo que dijo el ministro es muy grave", subrayando que "eso que dice el ministro que hicimos no se puede hacer, la ley y la Constitución lo impiden. La PGU fue un debate que fue largo, que fue profundo, que contó al final con un apoyo amplio, incluyendo a la izquierda en el Congreso, que le ha cambiado la vida a millones de chilenos y que estaba financiado, estaba provisionado".
Su par y compañero de partido, Jorge Alessandri, aseguró a EmolTV que "lo que hace Mario Marcel con esa mentira derechamente, está insultando a los 155 diputados y a los 50 senadores. Nosotros no podemos aprobar leyes que no vengan con financiamiento".
"El ministro de Hacienda esto lo sabe, miente flagrantemente, insulta al Congreso Nacional, no a la oposición, a todos los miembros del Parlamento que aprobaron esa PGU, dentro de ellos está, por supuesto, el Presidente Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo", añadió.
