Desde "terminar con su negocio" hasta reorganizar la industria: El cambio de discurso en torno a las AFP en debate previsional

Después de casi una década de intentos fallidos por parte de los últimos gobiernos, una de las tareas pendientes que más apremia a la actual administración es la de lograr consensuar una reforma al sistema de pensiones. Aunque ha quedado en evidencia que las posiciones frente al proyecto que hoy se discute están alejadas entre La Moneda y algunos sectores del Congreso -como Chile Vamos, Republicanos, pero en algunas materias también con la DC y el PDG-, todos reconocen que es urgente llegar a un acuerdo.

Los nudos que hasta el momento entorpecen la posibilidad de aprobar la iniciativa del Ejecutivo hasta el momento siguen siendo los mismos: la reorganización de la industria -de la mano con la derogación del Decreto de Ley (DL) N°3.500, que sentó las bases del actual sistema en los 80 con un fuerte foco en la capitalización individual-, sumado a la distribución del 6% de cotización adicional.

Recordar que durante su periodo como candidato, e incluso en su discurso de victoria, el Presidente Gabriel Boric abogó por la propuesta de un sistema de pensiones contributivo mixto en el que las AFPs no tendrán participación, al menos en el apartado obligatorio. En otras palabras, la iniciativa contempla la separación de las funciones de gestión de las inversiones de las actividades de soporte, como afiliación, recaudación, cobranza, gestión de cuentas y pagos, entre otras.

Aunque más allá de lo textual, y de lo que fuentes al interior del Gobierno comentaron a Emol, de que la idea de eliminar a las AFPs sigue en pie -esto, a través de la reorganización industrial- lo cierto es que el tono de las autoridades ha cambiado radicalmente desde su investidura en marzo de 2022. "No hay nada más ideológico que seguir las obras de la dictadura a través de la AFP", decía la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, el año pasado, subrayando que "la propuesta de reforma a las pensiones lo que hace es terminar con el negocio que han tenido durante todo este tiempo a costa de los pensionados y de los cotizantes chilenos".

Sin embargo, el tono hoy es distinto, y la separación de las funciones que concentran las administradoras es un tema que se negocia con la oposición. De hecho, voces familiarizadas con las tratativas sostienen que el Gobierno evalúa un modelo que separa la actividad de inversión de los fondos con la gestión de las cuentas, para lo cual se llevarían adelante dos tipos de licitación.

Sobre las funciones de "soporte", El Mercurio recoge que la licitación recaería sobre un operador único que llevaría la relación con clientes, información previsional, cálculo de beneficios y toda la actividad de las AFPs que hoy no tiene relación con la inversión. La licitación sería similar a la de la Administradora de Fondos de Cesantía, con un operador único, privado, por un periodo de 10 años, y cuyo costo de operación y margen sería financiado por el Estado.

En cuanto a la gestión de las inversiones, en La Moneda analizan extender el actual sistema de licitación de nuevos afiliados para que incluya también a los antiguos. El diseño plantea que cada año se licite el 10% de la totalidad de los afiliados, para que en un período de 10 años se llegue al 100%. En este proceso podrían participar entes privados y también el Estado, la licitación se centraría en el precio de la comisión, que según la reforma pasará a ser desde flujo a saldo.

"Creemos que es necesaria la reforma y en ese contexto estamos disponibles para conversar los temas que haya que resolver", comentó la ministra Jara esta semana en conversación con Radio Cooperativa, luego de que se reactivara la discusión particular del proyecto en la comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara, donde se fijó el cronograma de trabajo y uno de los temas que se abordarán este martes 11 de julio precisamente es el DL 3.500.

A juicio de la secretaria de Estado, el acuerdo en torno al tema previsional "es lo más difícil que ocurra, pero es lo más necesario para el momento, incluso lo más valiente: cada uno de nosotros ceder y movernos, pensando en el bienestar de la población".

El diputado Juan Santana (PS), quien preside la comisión de Trabajo de la Cámara, planteó que "naturalmente va a haber un cambio, una modificación a la manera en que actualmente funciona el sistema. Y esto porque lo que se va a producir es que la función monopólica que hoy día tienen las AFPs, de administrar las cuentas de los afiliados, pero al mismo tiempo invertir los fondos de estos, va a cambiar, porque la industria se separa, se reorganiza. Y la discusión ahí está dada en cuál va a ser el órgano que va a administrar las cuentas".

"La oposición tiene una resistencia con lo que plantea el Gobierno de que sea un ente público, y naturalmente en términos de inversiones, se le va a dar la posibilidad a los afiliados, a diferencia de lo que existe en el actual sistema, de elegir si desea que un órgano público o uno privado invierta sus fondos", añadió.

Su par de la DC, Alberto Undurraga, en tanto, sostuvo que "la separación de la industria, y, por lo tanto, el rol que cumplen hoy en día las AFPs, sigue siendo fundamental. Las AFPs no traspasan a los afiliados sus ganancias de eficiencia y tienen ganancias cuando los fondos que invierten tienen pérdidas. Ambos aspectos, además de inaceptables en un sistema moderno de pensiones, se resuelven separando el rol, con libre elección y actores públicos y privados por el lado de la inversión, y una sola entidad por el lado del soporte. Naturalmente esto no les gusta a las AFPs ni a quienes defienden a las AFPs".

Eso sí, el diputado falangista además comentó que "es clave garantizar competencia justa por el lado de la inversión entre inversor público y los privados, y que el soporte sea eficiente. En segundo, la idea de licitar el soporte es una buena alternativa".

El diputado Frank Sauerbaum (RN), recalcó que la intención del Gobierno es "políticamente capitalizar" la eliminación del sistema privado. "Hemos visto que el Gobierno quiere hacer esta separación de la industria también, y eliminar el DL 3.500, aunque sea mediáticamente, para decir que terminaron con las AFPs, pero en la práctica, a nosotros no nos importa eso. Lo que nos importa es que los chilenos tengan igualdad de condiciones para poder decidir, una libertad para poder hacer que ellos compitan, libertad para poder elegir entre un sistema privado y uno público, por lo tanto, eso es lo relevante para nosotros".

Desde la otra vereda, el diputado Diego Ibáñez (CS) manifestó que "la condición de este Gobierno es que el sistema previsional se estructure de una forma mixta, que el empleador ponga su parte para las cotizaciones de los trabajadores, que no exista una discriminación hacia las mujeres y que los que actualmente cotizan colaboren para que los que actualmente están jubilados también vean un aumento significativo de su pensión. Nosotros seguimos entendiendo que el sistema de AFP fracasó en su objetivo de entregar pensiones dignas a los jubilados y jubiladas de Chile".

Consultada por la idea de eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones en el nuevo sistema que impulsa el Ejecutivo, la economista y directora del Centro de Estudios Financieros de la U. de Los Andes, Cecilia Cifuentes, sostuvo: "para mí siempre este ha sido un tema bastante semántico, porque incluso en la propuesta inicial del Gobierno, había administradoras privadas de fondos de pensiones, que cumplían roles bastante similares a los que cumplen ahora".

"En la reforma inicial, a pesar de que seguían existiendo administradores privados, en el largo plazo tendía a que todo fuera administrado por el ente estatal", declaró, resaltando que "esa idea ha ido perdiendo fuerza, y yo también tiendo a pensar que, si se logra aprobar alguna reforma, va a ser con una reorganización industrial no tan distinta a la que tenemos ahora".

El experto en pensiones y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, también entregó su visión sobre la postura que han adoptado las autoridades. "Se aprecia que el Gobierno estaría disponible a reformular su propuesta en el ámbito de la industria", afirmó, subrayando que si efectivamente está entre las alternativas de La Moneda, "es importante porque muestra un espacio de apertura positivo para una posible reforma".

"Está por verse, sin embargo, si se insiste en la idea de modificar de manera sustantiva el entramado institucional como en la propuesta original, cuestión que considero una medida imprudente y temeraria, especialmente si no se aclara cómo funcionaría la transición, y cuáles son las garantías de que no se generarán conflictos con los contratos actualmente escritos, y que no se arriesgará que funciones que hoy no representan problemas comiencen a manifestarse como tales", agregó.