Ricardo Mewes, presidente de la CPC, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
El Mercurio
En línea con los reparos que había presentado el mundo empresarial durante la tramitación del proyecto, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) apuntando vicios de inconstitucionalidad que tendría la ley que sistematiza los delitos económicos, despachada por el Congreso el pasado 15 de mayo.
Ayer, los abogados
Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube -en representación de la CPC-, ingresaron al TC un "téngase presente", un documento de 34 páginas en el que exponen una serie de antecedentes para que sean considerados en el control de constitucionalidad del mencionado proyecto de ley.
De esta forma, advierten que "las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido delOrden Público Económico".
Por el contrario, el texto plantea que "lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público Económico al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general".
"La mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos", acota el "téngase presente".
"El proyecto de ley presume de derecho -sin que sea admisible prueba en contrario- una 'culpabilidad muy elevada' de una persona solo por el hecho de tener 'posición jerárquica superior en la organización' al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución", esgrimen.
"Es preocupante"
Sobre esto fue consultada esta tarde la minista vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien manifestó "habría que analizar esa presentación en detalle para poder referirnos en profundidad, pero sin embargo nos gustaría aprovechar esa pregunta para destacar lo importante que fue la aprobación en el Congreso, de manera bastante transversal del proyecto de ley, que ahora es ley, sobre los delitos económicos y ambientales".
"Es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país"
Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno
"Hemos elevado de manera ejemplar en Chile los estándares para la persecución de los delitos de cuello y corbata.
Ese ese un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando incluso se incurre en actos de corrupción de poder económico con el poder político, que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase de ética, sino que hayan penas asociadas, o multas proporcionales al delito cometido", añadió.
La secretaria de Estado acotó que "es algo que lamentablemente hoy día se está cuestionando. Como lo decía habría que ver el detalle de esa presentación, pero a todas luces, sin embargo es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país".
