Tal como lo había anunciado ayer el senador Matías Walker, un grupo de senadores que va desde el Partido Socialistas (PS) hasta Renovación Nacional (RN), ingresaron un "téngase presente" al Tribunal Constitucional (TC) para defender la ley que sistematiza los delitos económicos.
Esto, tras la arremetida de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que solicitó al mismo tribunal considerar supuestos "vicios de inconstitucionalidad" que tendría la normativa despachada el pasado 15 de mayo por el Congreso.
Según el principal gremio empresarial del país, esta ley atenta contra "el propio orden público económico al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general", además de que contendría una "mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos", siendo, a juicio de la CPC, "una respuesta ideológica que instrumentaliza el Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos".
La acción del gran empresariado ha generado la molestia tanto del mundo Parlamentario -que tramitó durante cuatro año este proyecto-, como del Gobierno. Por lo mismo, los senadores Matías Walker (Demócratas), Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso de Urresti (PS), Paulina Núñez (RN), Pedro Araya (independiente) y Ximena Rincón (Demócratas), decidieron responder por la misma vía: ante el TC.
"Hemos ingresado un téngase presente ante el Tribunal Constitucional defendiendo el proyecto de ley de delitos económicos que fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Congreso luego de cuatro años de tramitación", sostuvo Walker.
El parlamentario subrayó que la iniciativa contró con el apoyo de "los mejores profesores de derecho penal de nuestro país". Por lo mismo, aseguró que el "téngase presente" de la CPC "no ha llamado mucho la atención".
"El proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente y aumenta la responsabilidad de las personas jurídicas, es un proyecto que lo que busca es proteger la libre competencia, proteger a los que cumplen con las reglas del juego, con el juego limpio, con el 'fair play' y castiga a los que hacen trampa en los negocios y se enriquecen ilegítamente", aseguró Walker.
Por último, afirmó que "nosotros tenemos la total tranquilidad de que el TC va a respaldar la constitucionalidad de este proyecto, que tiene un control preventivo y obligatorio, porque hay normas que dicen relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia".
