Rosario Navarro presidente de la Sofofa.
El Mercurio
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) rechazó este lunes a través de un comunicado el proyecto de Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente que busca impulsar la administración del Ejecutivo del Presidente Boric.
El gremio respaldó el "téngase presente" que ingresó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) al Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa legislativa. "Consideramos que, si bien la ley aprobada por el Congreso busca generar desincentivos a conductas delictivas, esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial", advierten a la vez que llaman a revisar a profundidad la iniciativa.
En esa línea, expusieron que la ley establecerá un estándar jurídico distinto para un grupo de personas de la sociedad, no respetándose, afirman,
el principio de igualdad ante la ley "tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso".
"Si bien nos parece fundamental condenar y tener legislaciones adecuadas frente a delitos que atentan gravemente contra la actividad empresarial y la sociedad en su conjunto -como la colusión, el cohecho, la corrupción, entre otros, que conlleven un alto costo para sus responsables-, esta ley en particular agrega un grupo de figuras delictivas difusas", complementaron.
Entre ellas, detallan, serían: la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, la falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas, que generaría, a su criterio, "un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito".
"Este nuevo catálogo de delitos -que tienen un carácter más subjetivo- será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta", agregan.
Por último, el gremio hace hincapié en que repudian y condenan a todos quienes cometen delitos económicos pero "las leyes deben proveer un catálogo de delitos definidos de manera precisa y exhaustiva, donde la subjetividad y arbitrariedad tengan el menor espacio posible".
