El ministro de Justicia, Luis Cordero.
El Mercurio
El control ejercido por el pleno de ministros que integran el Tribunal Constitucional (TC) determinó que no existían normas que contravinieran la Carta Fundamental respecto del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales.
De hecho, al interior de la magistratura indicaron que todos los aspectos analizados de la iniciativa fueron declarados constitucionales y que no se realizarían cambios sustantivos al texto,
pasando por alto el "téngase presente" ingresado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -y que fue respaldado por la Sofofa-, en el que el gran empresariado advertía sobre preceptos contenidos en la propuesta que vulneraban la normativa vigente.
Sobre esta materia fue consultado el ministro de Justicia, Luis Cordero, en entrevista con Radio Universo. En primera instancia, el secretario de Estado explicó que "en el pasado se abusó bastante del control preventivo, y por eso se hizo habitual las presentaciones de 'téngase presente' como estos, por lo tanto, desde el punto de vista técnico, la presentación formulada era jurídicamente improcedente, aunque en el pasado se hubiese utilizado".
Tras ello, Cordero comentó que "la principal preocupación que en particular yo tenía, es que la discusión del proyecto de ley tomó cuatro años en el Congreso, fue un debate muy documentado. Esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel, fueron escuchados todos los interesados, las agencias públicas, el sector privado, y a mí me parece que esta es una decisión, que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a la Sofofa, que su presentación solo implicó costos reputaciones para ellos".
"Creo que el principal costo lo ha asumido el sector privado, y yo lo lamento, porque me parece que en proyectos de esta envergadura, principalmente pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas, para aceptar la competencia en el mercado, me parecía que el sector privado tenía buenas razones para promover una legislación mucho más estricta para quienes infringen la ley, y por esa vía, infringen las reglas elementales de participación en un mercado", acotó.
"Esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel, fueron escuchados todos los interesados, las agencias públicas, el sector privado, y a mí me parece que esta es una decisión, que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a la Sofofa, que su presentación solo implicó costos reputaciones para ellos"
Luis Cordero, ministro de Justicia
En ese sentido, insistió que en que las alertas levantadas por el empresariado respecto de que este tipo de regulaciones afectarían, o comprometerían, el crecimiento económico, son una especie de "mantra" que utiliza el sector privado. "Es problemático, porque de tanto repetir, la verdad sea dicha, son palabras que se las lleva el viento. Uno no sabe distinguir en qué momento entonces ese impacto puede ser efectivo y en qué momentos entonces simplemente constituye un argumento de etiqueta", dijo.
Junto con ello, explicó que "esta no es la primera vez que el sistema legal establece mecanismos de responsabilidad dependiendo de la posición del sujeto, y además, particularmente en el caso de los ejecutivos, no es la simple posición en la que se encuentra, sino que dada su posición, la participación activa en el delito. Mirado así, es razonable que usted pueda tener mecanismos agravantes calificados para personas que utilizando esas posiciones jerárquicas, participan activamente de los delitos".
"Creo que hay un mundo todavía por avanzar, y lo que me parece complicado es argumentar ex ante bajo criterios que son fácilmente objetables, solo considerando la legislación chilena de los últimos años", cerró el titular de Justicia.
