Pacto fiscal: El desglose de la ruta tributaria que propuso el Gobierno y la visión de expertos

No fue fácil para el Gobierno dibujar un nuevo plan luego del fuerte e inesperado remezón que significó para sus aspiraciones programáticas el golpe que le propinó la Cámara de Diputados y Diputadas en marzo, cuando optó por rechazar la idea de legislar la reforma tributaria.

De ahí en más abundaron las incertezas respecto a su estrategia para financiar las ambiciosas promesas que llevaron a Gabriel Boric a la presidencia, hasta que el Mandatario, en su Cuenta Pública del 1 de junio, disipó algunas dudas, aunque también abrió otras.

Ese día, Boric anunció la decisión de insistir con el proyecto impositivo en el Senado y depositó en el Ministerio de Hacienda la misión de abrir una intensa agenda de encuentros con el mundo político, empresarial y de la sociedad civil para consensuar un acuerdo, el cual denominó "pacto fiscal", que permitiera viabilizar la reforma en la Cámara Alta, pese al riesgo que significaba la valla de los 2/3 para ser aprobada.

De hecho, el riesgo de una nueva derrota terminó por convencer al Ejecutivo de no insistir en el Senado y optar por una ruta tributaria diferente, recogiendo iniciativas propuestas en las más de 30 reuniones de trabajo con diversos sectores.

Así lo anunció ayer el Presidente, Gabriel Boric, quien dio cuenta de los seis ejes de la esperada propuesta de pacto fiscal, la que, según explicó "considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales que son urgentes, los que por su magnitud, no pueden absorbidos con los recursos que actualmente tenemos disponibles".

En primer punto, el pacto fiscal incorpora principios "para un sistema tributario moderno en Chile". Sobre esto, el Mandatario dijo que además de entregar "garantías", el esquema que se implemente debe dar certeza de que "los que tienen más, pagarán más y que los inescrupulosos no tendrán facilidad para eludir ni evadir impuestos".

En segundo lugar, se abordarán las necesidades y prioridades de gasto en favor de la ciudadanía. Entre las urgencias por financiar, Boric destacó el aumento de las pensiones de los adultos mayores con la reforma previsional, llevando la PGU a $250.000 mensuales; la reducción de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de la atención en consultorios, así como el desarrollo de un sistema universal de cuidados de niños, adultos mayores, salud mental y personas con discapacidad.

Cierra la lista el compromiso de completar el incremento de US$1.500 millones de inversión en seguridad ciudadana, que abarca el mejoramiento de las condiciones operacionales y eficacia de las policías y de la administración de justicia. En su conjunto, las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$8.000 millones, equivalentes a 2,7% del PIB en régimen.

Para obtener los recursos necesarios, se propone en un tercer aspecto fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado. "No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria, caiga quien caiga", aseveró el Presidente, agregando que "durante los diálogos tributarios se han identificado 20 iniciativas entre las que destaca la consolidación de la evaluación de programas públicos coordinada por una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a organizaciones de la sociedad civil".

En cuarto lugar, el Ejecutivo impulsará el crecimiento a través de la inversión, la productividad y formalización de la economía. "Daremos un nuevo impulso al crecimiento sostenido y sostenible de la economía a través de más de 38 iniciativas ligadas a la inversión, el aumento de productividad y la reducción de la informalidad", acotó Boric.

El pacto fiscal también incorpora el fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta. "El pacto fiscal requiere no solo un esfuerzo por generar los recursos adicionales requeridos, sino responder a la demanda ciudadana por un sistema tributario que sea ético, justo, que apoye a quienes quieren cumplir con sus obligaciones y exija más a quienes tienen más", mencionó el Mandatario.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó más tarde ese mismo día que "en el impuesto a la renta lo que está planteado es aumentar la tributación de las personas de mayores ingresos. Para eso hay varios mecanismos posibles, pero lo que quisiera enfatizar a esta altura es que ese es un tema sobre el cual queremos trabajar con los distintos actores económicos y políticos. No queremos imponer una fórmula".

Una de las novedades que trae la propuesta, y que figura como sexto y último eje, es que contempla mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto fiscal.

Por su parte, el ministro Marcel detalló que el pacto fiscal contará con tres fases de implementación. La primera, que se llevará a cabo dentro de este mes y septiembre, radica en una convocatoria de actores económicos y sociales, con la finalidad de revisar los contenidos. Asimismo, se espera realizar estimaciones de espacio fiscal por crecimiento y eficiencia.

Por las mismas fechas también se trabajará en la preparación del proyecto sobre fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, además del ordenamiento de iniciativas pro crecimiento y reforma del Estado en proyectos de ley.

Luego, la segunda etapa se realizará entre octubre y diciembre, donde se conformará la comisión de implementación, y también se ingresarán los proyectos priorizados y se alistará el proyecto de reforma de impuestos a la renta.

El último ciclo se estima será en marzo-mayo 2024, con el ingreso al Congreso del proyecto de reforma de impuestos a la renta. Junto con ello, se prevé finalizar con la tramitación y despachar los proyectos remanentes pro crecimiento y de reforma del Estado.

En suma, son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y dos proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media.

"Nuestra invitación en el pacto fiscal es a ponernos de acuerdo con el mundo político respecto de la priorización de estas distintas iniciativas", dijo el titular de Hacienda, afirmando que "vamos a primero a trabajar bien los contenidos, conversar con las contrapartes políticas respecto de cómo incluir la priorización, y luego, a partir de allí, ya podremos definir un calendario".

Mientras que Hugo Hurtado, socio de Tax & Legal en Deloitte, expuso que la propuesta de pacto fiscal "nos parece que va en la línea correcta al dar espacios para conversar y escuchar a los expertos en la materia, nombrando para tal efecto a una comisión de expertos que es de un espectro transversal y reconocido prestigio que se encargue de ver cuál es la brecha del aumento impositivo y también cuánto es efectivamente lo que se puede incrementar en la recaudación. La clave en este punto es que después se escuche lo que diga esta Comisión dado su importante reconocimiento técnico".

Se trata de un grupo conformado por los destacados economistas José Pablo Arellano, Ignacio Briones, José De Gregorio, Manuel Marfán, Andrea Repetto, Andrea Tokman y Rodrigo Vergara.

"Creemos que enfocarse en el crecimiento e inversión va en la línea correcta dado que todo lo relacionado a mejorar la permisología y reducir trabas a grandes proyectos para que estos se puedan materializar cumpliendo con la normativa vigente y se acorten los plazos es una muy buena señal", agregó.

Ahora bien, señaló que los US$8 mil millones que se pretenden recaudar todavía sería una meta alta, "pero entendemos que quizá es una propuesta preliminar sujeta a mejoras que se puedan hacer en el Congreso".

Respecto de los aumentos al impuesto a la renta, comentó que "necesitamos más información. Se sigue hablando de aumentar a los tramos superiores pero la recaudación en ese tramo es bastante menor y no recaudaría lo suficiente".

Por último, Hurtado calificó de "apropiado" que Marcel haya aclarado que "no se perseverará en el impuesto a al patrimonio ni a las utilidades retenidas", que se ubicaron entre las medidas más controvertidas contenidas en la fallida reforma tributaria rechazada en marzo.

Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC Chile, por su parte, relevó que el ministro Marcel señalara que "no se insistirá en el impuesto al patrimonio ni a las utilidades retenidas, lo que es muy positivo, ya que esos impuestos afectaban el corazón del ahorro y de la inversión en un momento en que Chile no está creciendo (...). Sobre la eficiencia del gasto, además de las conclusiones que puedan tener estos expertos, debe haber un acuerdo transversal a nivel legislativo de eliminar aquellos gastos en programas ineficientes, ya que el 70% del gasto está comprometido por ley".