Diferentes estudios han planteado que el sistema de permisos para el desarrollo de proyectos en Chile se ha vuelto obsoleto, en extremo engorroso, y que el estrés regulatorio que supone se ha convertido en una barrera para muchos proyectos de inversión que buscan operar en el país.
Por mencionar ejemplos, un ranking de Colliers reveló que la tramitación de permisos para desarrollar un proyecto inmobiliario -es decir, las gestiones para la aprobación del anteproyecto, el permiso de una obra nueva y finalmente la recepción-
tarda en promedio 465 días en la Región Metropolitana, plazo que supera en 2,6 veces una espera razonable para este tipo de diligencias y, a la vez, tiene un efecto relevante en el precio de las viviendas.
De hecho, las dificultades para obtener estas licencias en tiempos adecuados siguen representando una traba importante para el desarrollo del sector, incrementando los costos y periodos de venta, en momentos en los que numerosas empresas del sector construcción se han visto forzadas a iniciar procesos de liquidación en los últimos meses, engrosando así la lista de compañías de este ámbito en aprietos financieros.
Otro análisis elaborado por la consultora Plusmining señala que reduciendo por sobre tres años el tiempo de la tramitación de permisos correspondientes en minería, la recaudación estatal crecería de manera importante. Así las cosas, los resultados indican que adelantar en cinco años -desde 10 a 5 años- el tiempo de tramitación de un proyecto minero, se traduce en que el valor presente de los impuestos aumenta en US$324 millones. En tanto, si el plazo se acorta a 6 años, la recaudación sería de unos US$269 millones.
En ese sentido, uno de los ejes que contempla la propuesta de pacto fiscal presentada el martes por el Gobierno dice relación precisamente con el impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía. Y ahí, el tema de permisología cobra especial relevancia, un punto considerado clave para el mundo empresarial y buena parte de los sectores políticos.
Sobre esto, una de las minutas difundidas por las autoridades plantea impulsar "una agenda de racionalización regulatoria para inversiones con el fin de reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos de inversión, la que incluye una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, al otorgamiento de concesiones marítimas y a las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, que corresponden a los procesos donde se concentran los mayores cuellos de botella".
Materia que fue abordada por el ministro de Hacienda,
Mario Marcel, quien explicó cómo ha evolucionado el tema de la "permisología". "Con el correr del tiempo han ido evolucionando todos los temas de permiso de distinta naturaleza de una manera bastante inorgánica, muchas veces con plazos que se exceden. Y eso, por supuesto, demora las inversiones, demora la materialización de las inversiones, las encarece y afecta a la economía en su conjunto", sostuvo ayer en entrevista con Tele13 Radio.
A este respecto, Marcel dijo que "se está trabajando ya en un proyecto de reforma de las regulaciones para las evaluaciones de impacto ambiental, se va a reactivar un proyecto que traslada del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales las concesiones marítimas, se está revisando la reglamentación y la manera en que se aplican las normas y el trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales", añadiendo que "estamos focalizando donde están los cuellos de botella más importantes".
"Nos está matando"
Este miércoles, en un seminario realizado por Clapes UC, Eduardo Frei, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y ex Presidente de la República, afirmó que "el gran problema es la permisología: nos está matando. Se está discutiendo mucho, pero se ha avanzado poco. Se había planteado la idea de que se hicieran cambios en los reglamentos, porque si se enviaba un proyecto de ley al Congreso, iban a pasar tres o cuatro años y no íbamos a avanzar en nada. En todos los grandes proyectos hoy, la permisología está parando todos los proyectos, desgraciadamente, esa es la realidad. Así no podemos ser desarrollados, no hay ninguna posibilidad".
En la misma línea, Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, comentó a Emol que "hay tres áreas de problemas principales: sistema de medio ambiente e instituciones anexas (CONAF, Sernageomin, Salud y otros), Consejo de Monumentos Nacionales y las Direcciones de Obras Municipales. Lo que prima es un exceso de requerimientos a los evaluadores, muchas veces sin experiencia y con pocos recursos para responder a exigencias técnicas altas. En esas circunstancias, siempre es más fácil optar por el camino de menos riesgo, que es el no autorizar, o dificultar la autorización. Esto es más evidente en la medida que los proyectos son cada vez más grandes".
"El sistema público de permisos ambientales y sectoriales se ha transformado en un importante escollo que alarga, encarece y dificulta excesivamente la tramitación de proyectos de inversión. La ineficiencia del sistema se traduce en que los trámites tardan un largo tiempo, por ejemplo, ocho años para un proyecto minero y once para una desaladora. A veces incluso el proyecto queda obsoleto por cambios en la tecnología considerada inicialmente"
Ricardo Mewes, presidente de la CPC
Respecto de cómo enfrentarlo, Cruz expuso que "en los grandes proyectos de infraestructura, estos debieran ser considerados proyectos de Estado y, por lo tanto, los permisos debiesen ser tramitados por los organismos del Estado que los promueven. Esto también involucra a proyectos privados que tiene sentido estratégico país como las líneas de alta tensión, la fibra óptica, las primeras plantas de hidrógeno verde y otras que quepan en esta categoría. Para los proyectos intermedios, hay que facilitar los procesos y dotar las instituciones evaluadoras de las competencias y de recursos para una buena evaluación".
Desde el sector empresarial, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, recalca que "el sistema público de permisos ambientales y sectoriales se ha transformado en un importante escollo que alarga, encarece y dificulta excesivamente la tramitación de proyectos de inversión. La ineficiencia del sistema se traduce en que los trámites tardan un largo tiempo, por ejemplo, ocho años para un proyecto minero y once para una desaladora. A veces incluso el proyecto queda obsoleto por cambios en la tecnología considerada inicialmente".
Además, Mewes apuntó que "es un sistema inestable, es decir, una autorización para invertir puede ser desautorizada por otra institución del Estado, a lo que se suma que muchas veces las exigencias para aprobar un permiso varían entre instituciones, sin criterios conocidos. Todo ello genera mucha incertidumbre y constituye un enorme desincentivo para invertir".
"Frente a esto, resulta urgente modernizar y abreviar la tramitación de proyectos, y reducir el número de permisos, haciéndose cargo sobre todo de los de mayor complejidad y los que generan más retrasos. También hay que avanzar en una mejor regulación de los procedimientos que causan más demoras como ocurre con los hallazgos arqueológicos, y cambiar el paradigma de permisos a las declaraciones juradas", zanjó el líder de la CPC.
Por su parte, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), mencionó que "la realidad que vemos es que las diferentes agencias del Estado no están bien coordinadas entre sí y no están preparadas para la introducción creciente en los últimos años de nueva leyes y reglamentaciones en materia inmobiliaria. Esto se traduce en procesos de permisología más lentos que están afectando la actividad y que pueden convertirse en grandes cuellos de botella".
"Debería haber una unidad especializada en el Estado para hacer seguimiento de las iniciativas de inversión, con una mirada nacional, con tiempos acotados, conocidos y que no varíen los criterios de región en región a la hora de hacer observaciones. La idea es que se cumplan los plazos de tramitación, se simplifique la larga lista de permisos, todo con el objetivo de poder agilizar la aprobación de iniciativas que favorecen el empleo y el crecimiento"
Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte PUCV
"Las regulaciones son necesarias y responden a diferentes requerimientos sociales, como la protección del medio ambiente o el respeto a las comunidades, pero el Estado debe actualizar sus procedimientos para no generar atrasos permisológicos que se convierten en costos adicionales que encarecen la vivienda.
Hoy estamos con bastante oferta inmobiliaria disponible y bajo nivel de inicio de proyectos, por lo tanto es un período ideal para aprovechar de resolver los nudos permisológicos", acotó Razmilic.
Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte PUCV, en tanto, deslizó que "se han complejizado las evaluaciones ambientales de los proyectos, las cuales necesitan una revisión en el proceso y gestión, pues han dejado de ser un proceso de evaluación con alcances y plazos definidos y acotados, perdiendo la mirada sostenible. Debe existir un equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y económicos".
A juicio de Peña, "debería haber una unidad especializada en el Estado para hacer seguimiento de las iniciativas de inversión, con una mirada nacional, con tiempos acotados, conocidos y que no varíen los criterios de región en región a la hora de hacer observaciones. La idea es que se cumplan los plazos de tramitación, se simplifique la larga lista de permisos, todo con el objetivo de poder agilizar la aprobación de iniciativas que favorecen el empleo y el crecimiento".
