Este lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a respaldar la gestión de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a quien ya había calificado como "la mejor" en el cargo desde el retorno a la democracia.
Esto, luego de que la crisis provocada por el Caso Convenios en el Gobierno, que tiene como protagonistas a figuras de Revolución Democrática (RD), pusiera los ojos sobre la Dirección de Presupuestos (Dipres), que es la entidad responsable de la asignación y buen uso de los recursos públicos, así como en su líder, quien es militante de RD.
En un punto de prensa tras la presentación de medidas pro pymes incluidas en la propuesta de pacto fiscal, Marcel fue consultado por el tema nuevamente. A este respecto, señaló que "este país ha tenido muy buenos directores de Presupuestos, yo los he conocido prácticamente a todos. Rosanna Costa, Sergio Granados, José Pablo Arellano que fue en su momento mi jefe".
Con todo, dijo que "a ninguno de nosotros le tocó hacer un ajuste fiscal como el que tuvimos durante el 2022, y ese ajuste fiscal no solamente fue profundo, sino que además se hizo sin conflicto político y protegiendo a las familias de menores ingresos. Por algo tuvimos un mejoramiento en la distribución del ingreso y una reducción de la pobreza medida por la Casen a fines de 2022 y comienzos de 2023".
E insistió en que "a ninguno de nosotros, y me incluyo yo mismo, nos tocó asumir una tarea de esa envergadura, y Javiera Martínez lo hizo con brillantez".
Tas ello, llamó a preguntarse si "en una empresa, en una familia, en una organización tuviéramos que hacer un recorte de 23% del gasto, pucha que difícil es. Ese es mi punto de referencia para emitir el juicio que mencioné en el programa de televisión ayer".
Ajustes a la Ley de Presupuestos
Sobre los cambios a la Ley de Presupuestos, el jefe de la billetera fiscal detalló que "del Presupuesto 2022 al Presupuesto 2023 lo más importante que cambió es que hasta el 2022 los gobiernos regionales no tenían capacidades para poder ejecutar sus presupuestos, sus proyectos. ¿Qué entendemos por ejecutar? Significa que tuvieran la capacidad para planear las bases de una licitación, llevar a cabo una licitación, resolverla y hacer el seguimiento a la ejecución de un proyecto. Esas capacidades, los gobiernos regionales no las tenían, y por lo tanto, tenían que recurrir, no de manera excepcional, sino que de manera totalmente generalizada a convenios".
"La evidencia muestra que en lugar de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro en realidad se desestimuló, porque surgió la alternativa de poder ejecutar con sus propios recursos un proyecto, o hacerlo con instituciones públicas. Eso contrasta con la relación de causalidad que algunos han querido ver en esto, relación de causalidad que tiene una limitación lógica fundamental, que es que la enorme mayoría de los casos que están siendo investigados de convenios de gobiernos regionales con fundaciones e instituciones sin fines de lucro son del año 2022"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
Junto con eso, se homogeneizaron algunas normas con el resto del sector público. ¿Por qué se hizo esto? Porque esas limitaciones a los gobiernos regionales redundaban en una baja ejecución de sus presupuestos, o, como se ha mencionado muchas veces últimamente, a que a finales de año buscaran gastar su presupuesto fundamentalmente a través de convenios que, en el caso de las transferencias de capital, tendían a concentrarse en instituciones privadas sin fines de lucro", añadió.
En ese sentido, explicó que "eso significó que en el año 2022, con las normas que estaban vigentes anteriormente, cerca del 60% de las transferencias de capital se ejecutaran a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, con la Ley de Presupuestos de 2023 esa situación cambió en la dirección de que hoy día la proporción de convenios para ejecutar transferencias de capital se redujo a menos de un 20%".
"Hay personas que argumentan que eso habría significado reducir los estándares para las licitaciones, pero la verdad es que la evidencia muestra que en lugar de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro en realidad se desestimuló, porque surgió la alternativa de poder ejecutar con sus propios recursos un proyecto, o hacerlo con instituciones públicas. Eso contrasta con la relación de causalidad que algunos han querido ver en esto, relación de causalidad que tiene una limitación lógica fundamental, que es que la enorme mayoría de los casos que están siendo investigados de convenios de gobiernos regionales con fundaciones e instituciones sin fines de lucro son del año 2022, no son del año 2023", cerró Marcel.
