"Estamos convencidos de que va a implicar una mejora muy significativa a las empresas de menor tamaño", expresó el ministro de Economía, Nicolás Grau, en referencia a la nueva Ley de Insolvencias en Chile que entró en vigencia hoy.
frente a que hoy entró en vigencia la normativa "Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas", más conocida como Ley de Insolvencia.
¿Qué beneficios tiene? Según esa cartera, con la nueva ley de "Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas" se busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad a través de una reasignación eficiente de los recursos, haciéndose cargo de las empresas que dejan de ser viables.
Junto a ello, agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales. También, crear procedimientos concursales simplificados de rápida tramitación y de bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas.
A su vez, apunta a i
ncrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo las reorganizaciones, cuando la empresa es viable y entregar mayor certeza jurídica sobre créditos cuya naturaleza amerita una protección especial, estableciendo ciertas excepciones a la extinción automática de obligaciones por el término del procedimiento de liquidación.
Por último, pretende desincentivar la utilización maliciosa de los procedimientos concursales.
Así, el secretario de Estado valoró la importancia de esta legislación. "Muchas veces sucede que una empresa de menor tamaño tiene deudas importantes que no está pudiendo responder en el día día", expresó.
En ese sentido, ejemplificó con que las pymes tienen "un problema de liquidez asociado a esas deudas, pero la empresa es viable. Si uno analiza bien, esa es una empresa que va a tener flujos a futuro que le permitiría poder responder a sus deudas. En eso consiste justamente la reorganización".
Sobre esto último, se hace referencia a la puesta en marcha de dos procedimientos simplificados especiales para personas y micro y pequeñas empresas, de rápida tramitación y bajo costo.
La primera es la reorganización simplificada. Un procedimiento judicial al que podrán acogerse las pymes en situación de insolvencia para alcanzar un acuerdo de pago con sus acreedores, en un plazo máximo de 4 meses.
Con eso entonces, se busca incentivar la recuperación de créditos para que la empresa de menor tamaño siga siendo viable, lo que beneficia la preservación de empleos y se evita el corte de cadenas de suministro.
Y la segunda es la liquidación simplificada. Que es el procedimiento judicial al que podrán acogerse las pymes y las personas naturales en situación de insolvencia para vender sus activos y con ello pagar a sus acreedores, 12 meses para la empresa y de 8 meses para la persona.
"Cuando uno deja morir a una empresa que en realidad era una empresa económicamente viable, no solo está perdiendo ese emprendedor, sino que está perdiendo el país al perder ese conocimiento acumulado por eso es importante defenderlas"
Nicolás Grau, ministro de Economía
En concreto,
es un procedimiento con menos trámites y formalidades que el procedimiento de liquidación general al que acceden medianas y grandes empresas, pero con los mismos efectos en cuanto a la liberación de todas las deudas.
Por estas razones es que Grau enfatizó en que aquello "significa poder tomar esas deudas y proyección respecto a los flujos y hacer una nueva estrategia que permita esa empresa salga adelante. Y de esa forma poder evitar la liquidación, lo que se conoce como quiebra".
"Cuando uno deja morir a una empresa que en realidad era una empresa económicamente viable, no solo está perdiendo ese emprendedor, sino que está perdiendo el país al perder ese conocimiento acumulado por eso es importante defenderlas", agregó el titular de Economía.
Por su parte, desde la cartera resaltaron una modificación. Sostuvieron que antes del cambio normativo, el 40% de las solicitudes de liquidación ordinaria correspondían a personas naturales que emitían boletas de honorarios y por ese solo hecho quedaban excluidas de poder acceder a la Renegociación de la Persona Deudora, trámite gratuito y administrativo que se realiza en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, el cual permite lograr acuerdos con los acreedores, sin tener que perder los bienes.
Así entonces, desde la puesta en marcha de la reforma, se eliminó este impedimento y hoy, se permite el acceso a este procedimiento a las personas que emiten boletas de honorarios, con todos los beneficios que entrega este trámite.
"Los cambios son significativos, esta nueva ley lo que crea es procedimientos simplificados, específicos y especializados para empresas de menor tamaño y para personas"
Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento
En tanto, Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, valoró la puesta en vigencia ya que "l
os cambios son significativos. Esta nueva ley lo que crea es procedimientos simplificados, específicos y especializados para empresas de menor tamaño y para personas".
"Así que van a contar con sus propios procesos mucho más económicos, más baratos, más fáciles de acceder, también mucho más cortos. Ya que eso es lo que busca esta nueva ley, es que efectivamente nuestras empresas de menor tamaño y las personas puedan salir de esa situación de insolvencia en un corto tiempo", acotó.
A modo de ejemplo, Sánchez sostuvo que estimaron que de las casi 10 mil pymes que se han liquidado durante estos 9 años de la antigua ley, unas 5 mil pymes se podrían haber reorganizado.
Pero que tras ese proceso, "lamentablemente llegan tarde, no tienen la suficiente educación financiera en temas de solvencia". Por eso es que afirmó que van a llegar con educación financiera a tiempo para que las empresas conozcan esta nueva ley.
"Ya lo estamos haciendo. Hicimos un desafío de innovación y llegamos a un grupo de usuarios para co crear mensajes que simplificaran los beneficios y todos los entendieran", aseguró.
El superintendente de Insolvencia estimó que al menos entre otras 5 mil y 10 mil pymes podrían- en un plazo relativamente mediano y largo- adscribirse a estos "nuevos procedimientos porque son más simplificados y de menor costo".
Dicho eso, proyectó que los primeros meses "será poco más lento y al cabo de tres a seis meses tendrá una constante más rápida. Entre uno o dos años deberíamos estar en una tasa de admisibilidad más constante y más grande".
