Esta semana se cumplen dos meses desde que estalló el caso Convenios, crisis que tiene a cerca de 40 fundaciones investigadas por la Fiscalía y forzó el viernes la renuncia de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social. La crisis que se abrió con la fundación Democracia Viva -ligada a militantes de RD-, principal fuerza del oficialista Frente Amplio, se ha concentrado en las indagatorias del supuesto traspaso irregular de altas sumas de fondos desde organismos públicos, como seremi y gobiernos regionales, a organizaciones privadas sin fines de lucro. También instaló el debate sobre las posibles responsabilidades políticas, administrativas y penales. Sin embargo, hasta el momento no se ha discutido la arista tributaria del caso y el rol de fiscalización que le correspondería en ese ámbito al Servicio de Impuestos Internos (SII). A juicio de expertos consultados, dadas la envergadura de la crisis y la incertidumbre que se ha generado, es clave el accionar del SII. Hace un mes el director del Servicio, Hernán Frigolett, declaraba que hasta el minuto no habían detectado un potencial delito tributario y ahora desde la entidad señalan que por razones de reserva legal no pueden confirmar o descartar investigaciones en esta línea. No obstante, fuentes vinculadas al proceso revelan que el SII sí está monitoreando el caso y existe coordinación con el Ministerio Público, vía un convenio que se suscribió en junio para la persecución de delitos económicos y tributarios.
