El Ministerio de Economía convocó para esta tarde a gremios empresariales para iniciar el diálogo por el proyecto, impulsado por el Ejecutivo, que apunta a aumentar las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), dotándolo de facultades sancionatorias, además de modernizar el proceso de reclamos.
La cita se llevaría a cabo esta tarde en la sede de la cartera y participaría el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, en representación del gran empresariado. En tanto, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) están analizando si asistirán.
Fuentes al tanto del encuentro señalaron que se trata de una reunión privada, en la que se buscará dar a conocer los principales lineamientos del proyecto, el cual no es visto con buenos ojos desde el mundo empresarial, puntualmente por las facultades sancionatorias que se le pretenden entregar al Sernac.
Esto último, ya se intentó en 2018, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) lo rechazó tras un requerimiento de la CNC. "El TC le quitó las garras y dientes al Sernac", repetían quienes defendían la iniciativa.
De hecho, dada la inquietud que genera este nuevo proyecto -cuyos detalles aún no se conocen- , la CPC creó una comisión de expertos liderada por Alvear para analizar los alcances que podría tener la iniciativa.
El foco del proyecto, explicaron desde el Sernac, es lograr entregar soluciones a problemas cotidianos e individuales de consumo, mediante un proceso más rápido y efectivo y que cuente con garantías de defensa.
El proyecto busca que el Sernac tome "medidas administrativas, no legales". En el detalle, al dotar al servicio con la facultad sancionatoria, este podría evaluar los casos individuales y aplicar medidas correctivas, como permitir la devolución de cobros mal efectuados, pero no encargarse de indemnizaciones o reparaciones. Desde el servicio recalcaron, que ellos no serán jueces, que para eso están los tribunales.
Por su parte, hacen una diferencia entre las grandes y medianas empresas, y las pequeñas.
Las grandes y medianas empresas, tendrían la obligación de contar con un sistema de gestión de reclamos, capaz de brindar soluciones oportunas y pertinentes y ojalá, en un futuro, un mecanismo de soluciones directas con el cliente, sin el Sernac como intermediario.
Por su parte, con las firmas de menor tamaño existiría la posibilidad de reducir las multas si la empresa ayuda activamente en el proceso.
Desde el Gobierno esperan ingresar el proyecto al Congreso Nacional a fin de mes para el inicio de su discusión legislativa.
