Esta semana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reveló que sancionó al gerente general de Cencosud, Matías Videla, con una multa de 15.000 UF ($543.035.250) por el uso de información privilegiada. La entidad señaló que el ejecutivo adquirió 613.026 acciones de la compañía que dirige en mayo de 2022, al mismo tiempo que la firma negociaba la compra de un supermercado en Brasil.
La presidenta de la CMF, Solange Berstein, indicó -según consignó El Mercurio- que la acusación contra el ejecutivo tuvo respaldo unánime de los 5 miembros del ente fiscalizador y que los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, porque la sanción reviste carácter de delito.
Así, la causa recaería en la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado.
Abogados especialistas en el área, sin embargo, aclaran que la
probabilidad de que Videla tenga que cumplir una pena privativa de libertad es baja debido a que el eventual ilícito se habría cometido antes de que comenzara a regir la nueva ley de delitos económicos.
Así lo señaló el ex Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, en su cuenta de X. El también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez indicó que "a pesar de que el delito había aumentado de pena el año 2021 con la ley 21.314 difícilmente este caso terminará con pena de cárcel. Caso muestra lo necesario de nueva ley de delitos económicos que de aplicarse en este caso sancionaría con cárcel al ejecutivo y con responsabilidad penal a Cencosud".
Algo parecido destaca Iván Navas, director del magíster en Derecho Penal y Económico de la USS. El académico dice que "la pena de este delito es bastante importante. Puede ir desde 3 años y un día a 5 años de cárcel, e incluso superar ese monto y llegar hasta una pena de 10 años y un día a 15, siempre y cuando en este último caso concurran algunas circunstancias específicas que señala la misma ley".
Pero, agrega, "si el uso de la información privilegiada ocurrió con posterioridad al 17 de agosto de 2023, entonces pasa a aplicarse la Ley de Delitos Económicos. Si no, se aplica simplemente la Ley General, es decir, el delito como estaba anteriormente".
En ese sentido, aclara, con respecto a una pena efectiva, que "es difícil que llegue a ocurrir, porque en caso de que se llegue a cumplir, puede tener 2 o 3 atenuantes". Con eso, concluye, se optaría por una pena sustitutiva.
Dado que la ley de delitos económicos es reciente, señala también Rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance, en El Mercurio, no corre para este caso. Bajo el régimen penal de la nueva ley, agrega, la condena más probable sería de entre 10 y 15 años.
"La probabilidad de una pena efectiva privativa de libertad es baja", coincide Darío Silva, abogado penalista y socio de Montero Silva y Valdés, también en el medio citado. Dado que Videla cuenta "con la atenuante de irreprochable conducta anterior -agrega- accedería a una pena sustitutiva y cumpliría en libertad".
"La probabilidad de una pena efectiva privativa de libertad es baja"
Darío Silva, abogado penalista y socio de Montero Silva y Valdés
Gonzalo Garcia Palominos, profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes y doctor en derecho de la Universidad de Freiburg, por su parte, indica que "si bien en la actualidad dichos delitos han sido modificados por la ley de delitos económicos, al momento de los hechos imputados la estructura del delito de uso de información privilegiada era relativamente similar".
Así, agrega que "se exige no solo que haya tenido en su poder información privilegiada, entre la que se encuentra la información reservada, sino haber explotado operativamente dicha información. También puede ser delictiva la sola revelación de aquella información reservada".
La sanción revelada por la CMF fue aplaudida por el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En su cuenta de X, el economista escribió: "Bien la CMF y sanción a CEO de Cencosud por uso de información privilegiada: $543 millones y antecedentes a Fiscalía".
Añadió que se trata de "un delito grave que debe ser severamente sancionado".
