Ayer el Comité Técnico de la Comisión de Salud entregó su esperado informe final con propuestas para la ley corta de Isapres impulsada por el Ejecutivo y que busca posibilitar el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras adecuar sus planes a la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso.
El informe cifró la deuda de las isapres en aproximadamente US$451 millones y propuso que el sistema destine US$45 millones anuales por diez años a saldar la deuda establecida en el fallo de la justicia. El monto adeudado, según el documento, es tres veces menor al que había estimado la Superintendencia de Salud en mayo, que cifró esas obligaciones en torno a los US$1.400 millones.
El documento tenía una relevancia especial, pues
sus propuestas debían permitir que las isapres pudiesen cumplir con el fallo de la justicia -esto es, devolver los cobros en exceso- sin colapsar y, con ello, afectar a todo el sistema de salud.
En todo caso, se trata de un informe no vinculante -confeccionado por 16 profesionales de diversos colores políticos- , por lo que ahora será turno del Gobierno y los parlamentarios analizar y digerir estas propuestas para formular indicaciones al proyecto que se tramita en la comisión de Salud del Senado y sacarlo adelante.
En relación a esto, ex autoridades coinciden en que las sugerencias del comité efectivamente dan "viabilidad" y que ofrecen "estabilidad al sistema prestador".
El ex ministro de Salud de Sebastían Piñera, Jaime Mañalich, indica que "la Comisión ha llegado a una muy buena propuesta para darle estabilidad al sistema prestador. Vale decir, a las clínicas que se financian con fondos de las isapres y que, además, hacen prestaciones, una cantidad de prestaciones muy importantes a beneficiarios del Fonasa".
En relación al modo en que las aseguradoras tendrían que devolver los cobros en exceso -es decir, como excedentes y en 10 años- el ex secretario de Estado señaló que "eso también permite que no haya un desembolso brusco de esas devoluciones de US$450 millones. Y además, se fija un mecanismo para ajustar hacia el futuro la prima auge y la tabla de factores".
En ese sentido, Mañalich dijo encontrar la propuesta técnicamente impecable. Manifestó, además, que veía posible que las sugerencias se convirtieran en indicaciones por parte del Gobierno, dado que en el comité asesor "había una absoluta transversalidad".
El ex superindentente de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Manuel Inostroza, por su parte, señala que "si tal cual como propone el informe, todo esto se tradujera en indicaciones al proyecto de ley corta que hoy día está presentado por el gobierno, en mi opinión sí resolvería el problema de darle viabilidad al sistema y evitar una crisis sanitaria mayor".
Al igual que Mañalich, Inostroza destaca la transversalidad. "me llevo la idea de que es un documento de consenso. Es decir, está suscrito por los 16 miembros de la comisión", aseveró.
Sebastián Pavlovic, también ex Superintendente, coincide en que las medidas propuestas "le dan algún tipo de viabilidad al sistema". En relación a la posibilidad de que, mientras exista deuda, las isapres se vean impedidas de retirar utilidades, la ex autoridad señaló que "yo creo que la estabilidad regulatoria es clave para efectos de que tomen esa decisión, más que las utilidades en los próximos 10 años".
Otro ex Superintendente de Salud, Héctor Sánchez, por su parte, indica que "uno tiene que mirar el conjunto de propuestas de la Comisión para poder emitir un juicio, y desde esa perspectiva, yo soy de los que piensan que es una propuesta que está en la línea correcta".
Advirtió, de todos modos, que "el mayor problema no va a estar en cómo se cumpla esta propuestas, porque desde el punto de vista técnico es factible, sino que desde el punto de vista de la viabilidad política".
Así, agregó que "hay sectores políticos en nuestro país que no están interesados en que este problema se resuelva. Más bien lo ven como una oportunidad de transitar en forma bastante drástica desde el modelo que actualmente tenemos a un sistema estatal con un seguro único de salud".
El también otrora superintendente de Salud, Patricio Fernández, coincide en lo grueso con sus pares. Según explica, "el sistema de isapre, con esta propuesta, sí podría tener viabilidad en los próximos años, compatibilizando lo que es la aplicación de estos fallos por tabla de factores y rebaja en el precio GES con las eventuales devoluciones que establecía el fallo de la Corte Suprema".
Pone el énfasis, sin embargo, en las cifras que en mayo entregó la actual Superintendencia de Salud.
En relación a eso, indicó que "la Superintendencia de Salud tendrá que explicar muy bien primero por qué el monto que dio de US$1.400 millones no es el monto que en definitiva se establece, cuáles fueron los elementos que la Superintendencia no consideró en ese momento y por qué se esperó tantos meses también en llegar a una propuesta que perfectamente podría haber sido interpretada en forma previa y haberla materializado en el proyecto de ley".
