Esta semana el comité técnico de la comisión de Salud del Senado -tras tres meses de trabajo- entregó su esperado informe final con propuestas para la ley corta de Isapres impulsada por el Ejecutivo, que busca posibilitar el fallo de la Corte Suprema que mandató a las aseguradoras adecuar sus planes a la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso.
Las cifras del documento de inmediato llamaron la atención. Y es que los técnicos fijaron la deuda de las isapres en aproximadamente US$451 millones, muy por debajo de los US$1.400 millones que, en mayo, había calculado la Superintendencia de Salud.
Las críticas, en consecuencia, se concentraron en este organismo y en su cara más visible, el superintendente Víctor Torres.
Cuestionamientos de la oposición
"Haber lanzado públicamente esa cifra, sin considerar estos elementos, fue derechamente una irresponsabilidad, y es la Superintendencia la que deberá hacerse cargo de las expectativas que ellos mismos generaron en la ciudadanía", señaló el martes el Senador Sergio Gahona (UDI), miembro de la Comisión de Salud.
Ayer, sin embargo, y en frente del superintendente, el parlamentario suavizó la crítica. Si bien dijo que se había entendido mal lo de la "irresponsabilidad", aseveró que "sí me parece que es aventurado haber colocado cifras y haberse puesto en un solo escenario".
Quién también, desde el oficialismo, criticó el trabajo de la superintendencia fue el presidente de la UDI, Javier Macaya. El senador dijo en su cuenta de "X" que "la cifra original publicada por la Superintendencia, además de no considerar el 7% obligatorio de cotización o la mutualización propia de un sistema de seguros, generó incertidumbre para el sistema y altas expectativas para los afiliados que son imposibles de cumplir".
Desde sectores oficialistas, en tanto, no ha habido, en general, críticas a la labor del superintendente. Los cuestionamientos, en cambio, se han dirigido al informe del comité técnico. "La deuda de las isapres con las personas, no puede terminar pagándola las personas. La propuesta de la comisión técnica es impresentable", dijo el diputado socialista Daniel Manouchehri.
Agregó que esta "rebaja la deuda de US$1.400 millones a US$450 millones, les da 10 años para pagarla, y les permite subir los planes para pagar con esa alza".
Las críticas de los ex superintendentes
Los parlamentarios no son los únicos que han criticado el cálculo de la superintendencia. Y es que ex autoridades de Salud también han manifestado sus reparos, tildando el trabajo incluso de "básico". Así, quienes han ocupado el cargo de Torres piensan que la actual autoridad debe entregar explicaciones y que no corrigió un error cuando lo pudo haber hecho.
La cifra de los técnicos "viene a ratificar los cuestionamienos que existieron, en su momento, a la viabilidad de los cálculos realizados por la Superintendencia. Es algo que el superintendente va a tener que explicarles a las personas", señaló en El Mercurio el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández.
"A mi juicio, fue una lectura muy literal, muy básica y, en definitiva, dándose cuenta de que eso iba a generar una crisis profunda del sistema, no vio que podía haber otras alternativas", agregó Héctor Sánchez, también ex superintendente, al medio citado.
El académico agregó además que "uno tiene que preocuparse de que la industria esté sana y funcione bien, porque si la industria está sana, las personas están recibiendo sus beneficios. Cuando se te olvida que esa es tu misión, y te enamoras de una alternativa distinta, se cometen errores graves y creo que este es el caso".
"La correcta interpretación lleva al monto que dio la comisión. Haber seguido en la lógica de vamos por el efecto general del fallo, pero mirando las consecuencias individuales, puede llevar a una crisis que la Corte dijo que no quiere. Creo que el error original está en la Corte Suprema, que el superintendente no corrigió, pudiendo haberlo hecho", añadio otro ex superintendente, Manuel Inostroza.
El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, también entregó su visión acerca de las cifras. Así, señaló que "se usaron bases de cálculos diferentes y me parece que las de la comisión son mucho más finas".
Agregó que "queda un trabajo político, cuya discusión recién se está abriendo, en el sentido de que la autoridad y la comisión deben explicar muy bien y convencer a la ciudadanía de que las bases de cálculos usadas para los US$ 451 millones son las correctas. Uno anticipa que va a haber tensión, pero confío en que la sensatez va a primar, porque esta es una aproximación transversal".
La defensa de Torres y el respaldo de la ministra
La diferencia en el monto de la deuda se debe a que se aplicaron criterios diferentes para calcularlo. Mientras la Superintendencia hizo un cálculo literal caso a caso, los expertos contemplaron reglas comunes de los seguros.
Así, el comité técnico fijó que nadie puede pagar por su plan, luego de la rebaja de la tabla de factores y prima GES, menos del 7% de la cotización legal. Ese es uno de los factores que explica la diferencia.
Otro factor se debe a que los expertos consideraron un principio básico de los seguros: la mutualización del riesgo.
Con todo, ayer, en la comisión de Salud del Senado, el superintendente Víctor Torres quiso responder a algunas de las críticas. "Nosotros tuvimos una ardua pelea durante enero y febrero por no dar ninguna cifra de cuál podía ser el pasivo que se generará eventualmente producto del fallo, por un sentido de responsabilidad", señaló la autoridad.
A eso, agregó que "mal podemos, entonces, hacernos cargo de imputaciones de irresponsabilidad. Y esto porque, por una parte, teníamos que modelar distintos escenarios".
Añadió también que "después ocurrió en marzo un hecho de filtración de uno de los escenarios en algún momento en que se dio a conocer esto en un espacio reservado. Y no fue sino hasta mayo de este año que se presenta el proyecto de ley donde nosotros ya, con un cálculo absolutamente revisado, razonado, se entrega la información entendiendo que era parte del insumo a discutir a propósito de la ley corta, donde se establecen estos US$1.400 millones".
"El trabajo realizado por la superintendencia -continuó el superintendente- fue absolutamente responsable y serio. Y yo en esto quiero también dar fe de lo que los funcionarios de la superintendencia realizan, son funcionarios técnicos que tienen competencias y tienen muchos años en la institución".
"El trabajo realizado por la superintendencia fue absolutamente responsable y serio. Y yo en esto quiero también dar fe de lo que los funcionarios de la superintendencia realizan, son funcionarios técnicos que tienen competencias y tienen muchos años en la institución"
Víctor Torres, superintendente de Salud
Así, enfatizó en que "la Superintendencia no puede interpretar los fallos, tiene que concurrir con una aplicación al tenor literal de los mismos y eso nos llevaba a una cifra de US$ 1.400 millones".
Durante la mañana de ayer -antes de que el superintendente defendiera su labor en la comisión de Salud- la ministra de la Cartera, Ximena Aguilera, ya le había entregado su respaldo.
En ese sentido, la autoridad había señalado a Emol que "el superintendente ha seguido las indicaciones relacionadas a lo que ha dicho la sentencia. Hizo un cálculo primero relacionado con la aplicación literal del fallo".
Víctor Torres, el ex diputado de la DC que casi llega al Minsal
El actual superintendente de Salud casi se convierte en ministro de la Cartera en septiembre de 2022. Esto, según consignó Ex-Ante, medio que también informó que dicha posibilidad fue motivo de discusión en la directiva de la DC, que en esos momentos -tras el triunfo del Rechazo- no buscaba incorporarse al gobierno.
En todo caso, ya cuando había sido nombrado en la superintendencia había habido controversia, pues la designación fue interpretada como un gesto del presidente Boric hacia el partido.
Torres tiene su militancia suspendida desde 2020, cuando, como diputado, no logró el apoyo de su partido para convertirse en el presidente de la Cámara de Diputados.
Con todo, su militancia fue larga. Y es que el médico cirujano fue diputado por la DC durante 3 periodos consecutivos (2010-2022).
Fue, además, vicepresidente nacional del partido, bajo el mandato de Ignacio Walker en 2010 y candidato a la presidencia de la colectividad en 2017.
En las últimas elecciones, además, fue encargado del programa de salud de la ex candidata Yasna Provoste.
