Un estudio de la Universidad Diego Portales determinó que unos 100 mil conductores de aplicación podrían quedar fuera de las calles de entrar en vigencia, tal como esta, el reglamento de la Ley Uber, que debe ingresar antes del 19 de enero a Contraloría.
Y es que la normativa -de la cual se ha dado a conocer un borrador- exigiría a los conductores contar con licencia profesional y usar automóviles con motores de mínimo 1.4 y con un máximo de siete años de antigüedad.
Además, seis meses después de que se promulge el reglamento, el registro creado con los choféres inscritos quedará congelado por 18 meses.
Es por esto que desde Alianza In, gremio que agrupa a empresas de Apps, advierten sobre los eventuales efectos negativos que podría conllevar la entrada en vigencia de la normativa.
"Tendrá un impacto cuantioso en regiones, donde el parque vehicular es más antiguo. Y particularmente en el segmento mujeres, donde el 92% no posee una licencia de conducir profesional", señala Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In.
En esa línea, la ex parlamentaria agrega que "si miramos la región de Arica o la de Tarapacá, cerca del 90% de los vehículos no cumplen con el año de fabricación o cilindrada. Más aún, el 90% de esos conductores tampoco cuenta con una licencia profesional".
"Eso -añade- obliga a repensar la aplicación del reglamento tanto en su contenido como en los tiempos de implementación".
Si bien desde el gremio reconocen que la ley es una buena noticia porque significará mejoras en el servicio para usuarios y colaboradores, señalan también que el proceso debe ser cuidadoso.
Así, hacen hincapié en otros efectos adversos que se podrían esperar de no haber modificaciones.
En ese sentido, Sabat señala que "también habrá un gran impacto para el transporte público, porque desnudará una serie de falencias de recorridos y tramos que hoy son cubiertos por las aplicaciones para llegar desde lugares más periféricos hasta una estación de metro".
Advierte, además, que dejar a quienes no cumplen con las exigencias fuera del sistema aumentaría "al menos medio punto el desempleo en el país".
