Una de las dudas que ha surgido tras la entrega del borrador de la nueva constitución es si, de ser aprobado, la reforma de pensiones que empuja el Gobierno -y que busca constituir un fondo solidario- podrá seguir adelante.
Y es que la propuesta constitucional plantea que "cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre o invierta".
Así, y con el objetivo de aclarar si las cotizaciones de cargo del empleador podrían considerarse para solidaridad (que es lo que cree el Ejecutivo), el Gobierno convocó a dos especialistas que deberán redactar un informe al respecto.
¿Quienes son? Se trata del constitucionalista Humberto Nogueira y el especialista en seguridad social Hugo Cifuentes.
Nogueira es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica.
Su vida ha estado fuertemente ligada a lo académico. Hasta 1996 fue profesor de derecho constitucional en diversas universidades, hasta que asumió como decano en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, institución de la que es académico hasta el día de hoy.
Fue, además, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya.
Dentro del mapa político ha sido cercano a la Democracia Cristiana. En 2021, de hecho, trabajó en un documento con la propuesta de la falange para el trabajo en la Convención Constitucional.
Es, también, autor de numerosos artículos y algunos libros acerca de derecho constitucional.
El otro experto convocado por el Gobierno es Hugo Cifuentes, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid.
Al igual que Nogueira, ha realizado clases en distintas instituciones de educación superior. En la actualidad -de hecho- se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.
En 2014, Cifuentes fue parte de la comisión Bravo, grupo de 24 expertos convocados por la entonces presidenta Michelle Bachelet para proponer reformas al sistema de pensiones.
En relación a la tarea a la que ahora lo convocó el Gobierno, Cifuentes ya ha deslizado posturas.
Y es que al ser consultado hace unos meses, por El Mercurio, acerca de si la propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones impediría solidaridad en el caso de que estas sean del cargo del empleador, el académico sostuvo que "puede que afecte en parte el nivel remuneracional, pero está saliendo del patrimonio del empleador y, por consiguiente, no es su cotización (del trabajador)".
En tanto, la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, ya ha señalado que -en principio- no ven contradicciones respecto de los establecido en la propuesta constitucional y los objetivos de la reforma que impulsa el Ejecutivo.
"La mirada que le hemos dado desde el Ministerio del Trabajo, nos inclinamos a pensar que no hay dificultad en la compatibilidad de la reforma previsional propuesta con las indicaciones o el texto constituyente propuesto", sostuvo la secretaria de Estado hace algunas semanas.
