Los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara durante la Comisión de Hacienda.
Aton
Durante este lunes en la Comisión de Hacienda, el Gobierno ingresó su proyecto de ley de reajuste del sector público, la que considera un alza salarial de 4,3% para funcionarios públicos. De esa forma, la iniciativa inició su trámite legislativo.
Los detalles de la iniciativa fueron detalladas por los ministros Mario Marcel de Hacienda y Jeannette Jara de Trabajo y que recoge parte de los acuerdos que logró el Ejecutivo con los funcionarios públicos la semana pasada.
En concreto, para la iniciativa de este año contempla un incremento nominal para
todos los tramos salariales de un 4,3% y un alza de 4,8% para las remuneraciones mínimas de auxiliares, administrativos y técnicos, y una serie de bonos económicos como vacaciones, aguinaldo, bono de escolaridad, etcétera.
El reajuste beneficiaría a 844.934 personas, según cifró el Gobierno.
En la iniciativa también se incluyeron una serie de propuestas misceláneas en materia de casinos, diésel, educación e isapres.
En el caso de los casinos de juegos, la propuesta busca regular la continuidad operaciones de estos lugares en los periodos de vacancia que podría producirse tras el proceso de otorgamiento de un permiso. Para ello, se incorpora un nuevo artículo que otorga un permiso denominado "cupo de reserva" sujeto al pago de una tasa mensual al beneficio fiscal.
También incluye una normativa que extiende hasta 2025 el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas dedicadas al transporte de carga.
Asimismo, se destaca un bono especial a directores, educadores de párvulos, asistentes de la educación de establecimientos municipales y dependientes de los SLEP que hayan ejercido funciones entre 2015 y 2019 y que no hayan percibido el bono de desempeño laboral anteriormente.
Para el caso de las isapres, el Gobierno presentó una medida para "mitigar los profundos efectos financieros" que tuvieron los fallos de la Corte Suprema al sistema de salud. "Se definen reglas especiales solo para el proceso de adecuación de precios bases de los planes de salud correspondientes al periodo 2024", estipula el proyecto.
En particular "se adelanta la definición del índice de variación de los costos de las prestaciones de salud que corresponde realizar al Superintendente de Salud a efectos que los nuevos precios base entren en vigencia en abril de 2024", detalla.
"Asimismo, excepcionalmente no se considera en este procedimiento el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud, y se faculta a la Superintendencia de Salud a determinar el valor que por una sola vez y de forma extraordinaria, podrán incorporar las Isapres a todos sus precios finales, a fin de otorgar financiamiento al costo y cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de dos años de edad", agrega.
