La Fiscalía Nacional Económica (FNE) comunicó este jueves que realizará un estudio de mercado sobre la educación superior chilena. Esto con el objetivo de analizar la evolución competitiva de este segmento, el que comprende a las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica.
En específico, el análisis buscará determinar si tanto la demanda como la oferta educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para así identificar potenciales fallas y poder formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo.
Durante el año 2020, el gasto en educación superior realizado por el Estado y por las familias chilenas llegó cerca de los US$ 6.600 millones, lo que representa alrededor de 2,6% del PIB en este período, monto que duplica -y más- el gasto promedio de los países de la OCDE, que, en el mismo año, estuvo en torno al 1% del PIB.
"La educación superior es una de las inversiones más trascendentes que realizan las familias en nuestro país y un eje clave para la movilidad social y para el crecimiento y la productividad de la economía", señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Agregando que el objetivo de este estudio es contribuir a que este mercado sea más competitivo. "Como Fiscalía Nacional Económica sabemos que cualquier esfuerzo que apunte a mejorar la eficiencia en el gasto en educación superior y el valor que éste produce para la sociedad puede acarrear impactos positivos relevantes para los estudiantes, sus familias y el Fisco", afirmó.
Potenciales factores que limitan la competencia
En un sondeo preliminar, la Fiscalía concluyó que existen al menos tres factores que potencialmente limitan el funcionamiento competitivo del mercado: problemas en la toma de decisión de los estudiantes, ya sea por falta de información adecuada o por expectativas demasiado optimistas sobre el retorno futuro de la carrera escogida; una desconexión entre la oferta de programas realizada por las instituciones de educación superior y las necesidades de los empleadores y algunas posibles barreras regulatorias y problemas de financiamiento.
El primer factor corresponde a problemas en la toma de decisión de los estudiantes respecto de sus carreras, que se traduce en un elevado porcentaje de carreras que tienen retornos negativos para sus egresados, al punto que ingresar al mercado laboral sin haber cursado un programa en una institución de educación superior sería una alternativa mejor para ellos y sus familias.
Durante el estudio previo, la FNE detectó que casi un tercio de los más de 15 mil programas que ofrecen las instituciones de educación superior tendría retornos negativos. En el caso de los centros de formación técnica no acreditados, esta fracción se acercaría al 50% y en las universidades privadas que integran el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas y tienen acreditación máxima, sería inferior a 10%.
Por su parte, la dificultad en la toma de decisiones se podría atribuir a la falta de información oportuna de los estudiantes sobre la duración y retorno de las carreras, así como a sesgos de comportamiento, que los llevarían a no evaluar de manera más realista sus capacidades y a proyectar que obtendrían retornos de sus carreras por sobre el promedio.
En cuanto al segundo factor, la posible desconexión entre los currículos de las instituciones de educación superior y las demandas del mercado laboral, existe evidencia que sugiere que muchos jóvenes se están formando en carreras o desarrollando habilidades que luego no resultan relevantes para las necesidades del mercado laboral. Sin ir más lejos, el año 2019 Chile ocupó el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en términos de adultos trabajando en empleos para los cuales están sobrecalificados.
Además, 24% de los graduados de educación terciaria en Chile no está estudiando ni trabajando, presentando así, la tercera cifra más alta entre los países de la OCDE. Esta desalineación entre la educación y el mercado laboral no solo afecta las perspectivas de empleo de los graduados, sino que también plantea enormes desafíos para el nivel de competencia en el mercado laboral.
En tercer lugar se encuentran las barreras regulatorias que podrían estar restringiendo la oferta educativa en Chile. Las que incluyen asimetrías en el financiamiento de las instituciones educativas y rigidez en la estructura de títulos y grados entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que afectarían la diversidad y adaptabilidad de la educación superior.
Además, se constatan posibles problemas de competencia relacionados a las licitaciones para el otorgamiento y la administración de créditos del programa Crédito con Aval del Estado (CAE), fallas que fueron detectadas por el Banco Mundial en un informe del 2011, hace más de 10 años, y que sin embargo, aún persisten.
Para analizar estas posibles limitantes, la FNE comenzará con una fase de recopilación y análisis de información, que se extenderá entre enero y noviembre. Posteriormente, en diciembre, se publicará el Informe Preliminar y, tras un período de consulta pública, se dará a conocer el Informe Final en marzo del 2025.
