La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) -o "Ley Uber"- vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez no por las ofensivas de los actores por su campañas comunicacionales, sino que por el impacto que tendrá en el debilitado mercado labral chileno y el debate en torno a la necesidad de alargar la transición para su entrada en vigencia.
El reglamento de la Ley Nº 21.553, que regula a las empresas de aplicación de transportes (EAT), está en proceso de toma de razón en Contraloría. Podría quedar completado a fines de enero. Luego entrará en vigencia.
Primero, impone un proceso de inscripción; los vehículos deben tener un mínimo de 10 años de antigüedad y con una cilindrada de al menos 1,4 litros. Y, 12 meses después de que entre en vigencia, los conductores deberán contar con una licencia profesional.
Esos son los principales requisitos contenidos en el reglamento recientemente publicado por el Ministerio de Transportes, haciendo algunos ajustes a la idea original para amortiguar los efectos que tendrá esta medida. Y, al respecto, diversos análisis han surgido por el impacto que tendrá la Ley Uber en los conductores, usuarios de estas plataformas y, además, en el mercado laboral chileno.
Cifras e impacto laboral
Por ejemplo, Uber aseguró que de aplicarse el reglamento -antes de las modificaciones realizadas por el ministerio-, la mitad de los conductores perdería sus fuentes de ingresos (100 mil personas).
Mientras que el subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza manifestó que "los números que nosotros tenemos y que se han recogido por parte del Ministerio del Trabajo y también del INE, indican que son al menos 52 mil personas las que ocupan las aplicaciones como primera o segunda fuente laboral, y entonces no tenemos una relación entre los números que se han indicado y los números que nosotros conocemos".
Mientras que un informe del OCEC-UDP en diciembre, previo a las modificaciones que realizó el Ejecutivo, cifró en que 35.992 personas podrían verse afectadas.
De ellas, 18.787 son de nacionalidad chilena y 17.135, extranjeros. Producto de esto, según el reporte, la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales (pp).
Sin embargo, el director del OCEC-UDP, Juan Bravo dijo a Emol que tras conocer las modificaciones, "el impacto debería ser mucho menor ya que se corrigen aspectos como los relacionados a la cilindrada y a la antigüedad que eran justamente dos elementos que nosotros señalamos que debían ser corregidos, ya que no tenían relación directa con la seguridad de los usuarios o con la calidad del servicio".
"El impacto ahora debería ser muchísimo menor sobre el desempleo ya que se corrigen esos aspectos más negativos", reiteró el director del OCEC-UDP.
Con todo, el análisis más reciente de todos, es el que realizó el economista David Bravo. El cual sí considera las modifaciones antes mencionadas.
"Esto implica que de los 107,5 mil conductores de ese mes, 40 mil quedarían fuera de las plataformas"
David Bravo, economista
El informe del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, con datos actualizados y liderado por el mismo experto, concluyó que la "Ley Uber", sobre las aplicaciones de transporte, pone en riesgo inmediato unos 88 mil puestos de trabajo.
En el mediano plazo, incluso afectaría hasta casi 260 mil plazas laborales, dadas las restricciones que impone la norma.
Por medio de cruces de datos de la plataforma Uber, INE y de otros sondeos, el estudio indica que el 62,8% de los conductores activos en diciembre pasado cumple con los requerimientos de antigüedad y cilindrara de la nueva norma.
"Esto implica que de los 107,5 mil conductores de ese mes, 40 mil quedarían fuera de las plataformas", aseguró Bravo a "El Mercurio". Se agregarían otros 48 mil entre aquellos que no obtengan la licencia profesional de conducción.
Por su parte, Bravo recogió la situación de quienes han sido conductores de plataformas y que eventualmente podrían volver a ese trabajo.
Así, "si en vez de los 107,5 mil conductores de diciembre de 2023 se toma a los 316 mil que han prestado servicios desde fines de 2020, el impacto negativo puede afectar a entre 118 mil a 259 mil personas".
Con ello, el efecto "directo sobre el mercado laboral es muy considerable en el contexto de la actual emergencia laboral: podría representar entre el 0,4% y más de 1 punto adicional de desempleo".
Al ser consultado sobre si el segmento afectado sería formal o informal, Bravo comentó que "se trata de una categoría nueva de personas que han surgido y que tiene una mezcla heterogénea de los tipos tradicionalmente conocidos".
E incluso fue más allá: en su medición detectó que el número de trabajadores de plataformas de movilidad es el doble de aquellos que reporta el INE.
En el análisis se determinó que el 20% de los conductores tienen jornada completa en la actividad; la mitad se dedica en forma ocasional, y el 25% lo hace como part-time.
Además, "se trata de personas cuyo ingreso por hora (neto de gastos) supera el ingreso mínimo por hora".
"El reglamento establece el congelamiento del registro de conductores por 18 meses, esto es igual a cerrar el mercado para el ingreso de nuevos actores. Esto a mi juicio no es aceptable y deteriorará aún más el empleo"
Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda
Frente a los resultados de este análisis, Alejandro Weber, decano Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, sostuvo a Emol que "esto es más de 40 mil personas que no podrán adaptarse en el corto plazo y que por lo tanto perderán una fuente de ingresos que en muchos casos es la principal".
Así, dijo el ex subsecretario de Hacienda, "el reglamento establece el congelamiento del registro de conductores por 18 meses: esto es igual a cerrar el mercado para el ingreso de nuevos actores. Esto a mi juicio no es aceptable y deteriorará aún más el empleo".
¿Alargar la transición?
A raíz de esto, resurgió el debate en torno a si es necesario aplazar la entrada en vigencia de esta ley. Desde el Gobierno plantearon que la ley estableció "plazos razonables" para que las empresas y conductores se adapten.
Sin embargo, en lo legislativo, un grupo de diputados de la UDI, presentó una moción parlamentaria para retrasar en cinco meses la entrada en vigencia de la ley.
"Se requieren cambios más profundos si queremos evitar que miles de personas se queden sin sus fuentes laborales de la noche a la mañana", manifestó el diputado Cristóbal Martínez a "El Mercurio".
Al respecto, Bravo manifestó que alargar la transición podría colaborar en mitigar los efectos adversos directos.
"Desde ese punto de vista creo que establecer una transición más larga, ayuda en este escenario a no impactar aún más profundamente al empleo de muchas familias que no solo usan usan estas aplicaciones como segundo empleo sino cada vez más cómo único y principal empleo"
Nicolás Monckeberg, ex ministro del Trabajo
En tanto, el ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dijo a Emol que "nadie puede desconocer que es necesario regular y establecer los bordes en esta actividad y aunque la ley al promulgarse establecía plazos razonables, no tenía cómo prever las circunstancia económicas especialmente complejas para el empleo que hoy enfrenta Chile".
"Desde ese punto de vista creo que establecer una transición más larga, ayuda en este escenario a no impactar aún más profundamente al empleo de muchas familias que no solo usan usan estas aplicaciones como segundo empleo sino cada vez más cómo único y principal empleo", complementó.
{Juan Bravo, director del OCEC-UDP: "Ahora hay suficiente tiempo ya para adaptarse al requisito de licencia que sí es necesario para mejorar la calidad del servicio y seguridad de los usuarios"}
Por su parte, Juan Bravo, dijo a Emol que, su juicio, "ahora hay suficiente tiempo ya para adaptarse al requisito de licencia que sí es necesario para mejorar la calidad del servicio y seguridad de los usuarios".
Esto, según explicó, porque "se modificaron aquellos aspectos más problemáticos que había en el borrador del reglamento, ahora sí se cuenta con espacio suficiente para adaptarse a aquellas exigencias que sí son relevantes para mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, y por lo tanto a mi juicio no sería necesario aplazar la implementación"
Mientras que Weber, enfatizó en que "para evitar la destrucción de estos cerca de 90 mil empleos, el Gobierno deberá necesariamente abrirse a bajar las barreras de entrada y hacer una implementación más gradual".
De lo contrario, según afirmó, "miles de familias se verán perjudicadas y los usuarios por los millones de recorridos que dejarán de hacerse y los conductores que perderán su trabajo".
Mientras que Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes planteó que "una manera de mitigar los efectos indeseados, es que en la práctica, la fiscalización de la norma se postergue en los hechos; la otra, evidentemente, es modificar el reglamento y extender el plazo de entrada en vigencia".
"Lo que resulta más discutible es la capacidad de la autoridad para objetar fundamente la incorporación al registro luego de los 18 meses de entrada en vigencia", complementó.
Sin embargo, agregó que la entrada en vigencia "podría poner barreras insoslayables para algunos conductores, pero es razonable pensar que una parte importante de los que de inmediato no cumplirían las nuevas medidas exigidas, podrán adaptarse".
