La reforma de pensiones lleva más de un año en el Congreso. A mediados de diciembre, y con el objetivo de destrabar el debate, el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones al proyecto, entre las cuales destacaron la nueva fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional y la licitación del stock de afiliados, entre otras.
La discusión, sin embargo, no ha sido fácil. Y menos durante la última semana. Esto, porque el proyecto del Gobierno no cuenta con un respaldo transversal -lo que ha llevado a que surgan propuestas de modificaciones- y porque en la oposición han señalado, incluso, que podrían rechazar la idea de legislar.
Desde el mundo académico, por otro lado, se han manifestado una serie de críticas. La más incisiva apunta a una eventual intención de "estatizar" los fondos, por medio del mecanismo de licitación. Otras, en cambio, aluden al poco porcentaje de la cotización que quedaría en las cuentas individuales.
El Ejecutivo, en todo caso, ha logrado aprobar varios de sus planteamientos en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Es ahí donde se encuentra en estos momentos el proyecto. Y desde donde el oficialismo espera que salga hoy para pasar a su siguiente trámite: la comisión de Hacienda.
También se ha abierto a algunas de las modificaciones que, principalmente desde la DC, se han sugerido para avanzar. A continuación algunas de las claves de lo que ocurrió durante la última semana en un debate que, a partir de hoy mismo, seguirá generando repercusiones.
La discusión por el 6% y las nuevas propuestas
Al ingresar las indicaciones al proyecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció de inmediato como sería la distribución del 6% adicional de cotización. Indicó así que un 1% iría para un nuevo sistema que pretende impulsar el empleo formal de mujeres, un 2% a cotización individual y un 3% a un seguro social.
Sin embargo, en el detalle, es menos de un 2% lo que se destinaría a las cuentas individuales. Esto, porque solo un 1,4% iría a la cuenta de cada trabajador, mientras que el 0,6% restante se distribuiría de forma equitativa entre todos los cotizantes del mes.
La propuesta no cayó bien en la oposición de Chile Vamos, que insiste en que la totalidad de la cotización adicional -es decir, el 6%- se destine a las cuentas individuales. Pero tampoco convenció del todo a la DC, que, sin embargo, a través de su presidente, Alberto Undurraga, que está en la comisión de Trabajo, puso sobre la mesa otra propuesta.
Se trata de lo que el diputado, junto con los denominados "no alineados" , llaman el "3+3", que establece 3 puntos de la cotización para la cuenta individual y 3 que se destinarían a un fondo de reparto.
La indicación presentada por este grupo, no obstante, mantiene la idea de que un porcentaje de lo que consisitiría en cotización individual se reparta entre los cotizantes del mes. Con esto, 2,1 puntos serían de capitalización de cada persona.
Como sea, la fórmula suma apoyos. Y es que no solo los "no alineados" le brindaron su respaldo. El viernes, el Senador Jaime Quintana, presidente del PPD, dijo a La Tercera que "debiéramos actuar con pragmatismo. Un 3-3 cumple a cabalidad los objetivos propuestos por el gobierno".
También han mostrado apertura parlamentarios socialistas, como Marcos Ilabaca, Leonardo Soto, Raúl Leiva y Tomás de Rementería.
Pero lo más significativo en torno a esta fórmula fue lo que expresó el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha acompañado a la ministra Jara en la comisión de Trabajo durante la discusión.
"Es una alternativa válida, que nosotros la hemos estado mirando con interés", señaló el jefe de Teatinos 120.
Así, el apoyo de sectores oficialistas, además de las declaraciones del titular de Hacienda, dan cuenta de que la propuesta del diputado Undurraga podría ser acogida durante esta semana.
El "3+3", sin embargo, no es la única iniciativa que se ha planteado para que la reforma al sistema de pensiones avance. Y es que la semana pasada el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócrata) propuso un 4,2% para capitalización individual y un 1,8% para solidaridad.
"Si el Gobierno no flexibiliza sus posiciones y no conversa con demócratas en la propuesta del 4,2% de capitalización individual y 1,8% de solidaridad, de lo cual estamos disponibles a flexibilizar también, si no atiende la sugerencia, el Gobierno no va a tener los votos para aprobar la idea de legislar", sostuvo el parlamentario.
Cabe destacar que el Ejecutivo busca que parte de lo que vaya a reparto sirva para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Licitación del stock de afiliados
Entre los logros del Gobierno, durante la intensa semana legislativa que acaba de pasar, se encuentra la aprobación de la licitación de cartera de afiliados por el stock.
La propuesta del Gobierno plantea que: cada año habrá una licitación del 10% del stock de afiliados al sistema de pensiones al Inversor de Pensiones (IP), privado o estatal, que oferte gestionar los ahorros previsionales con la comisión más baja. Esto quiere decir que, transcurrida una década, la totalidad de las personas, nuevas y antiguas, habrán sido licitadas alguna vez.
El proyecto, en relación a esto, establece una restricción. Ningún inversor de pensiones que ya tenga un 30% del mercado podrá participar de las licitaciones de stock, lo que no implica que el inversor no pueda seguir captando a más afiliados por otras vías. Por otra parte, quienes, tras el proceso de licitación, quieran rechazar que sus ahorros sean traspasados al inversor que gane, pueden efectivamente hacerlo. Sin embargo, dicha voluntad debe manifestarse de forma expresa, lo que pocas personas hacen.
La licitación del stock se trata de uno de los aspectos que más a suscitado críticas. Y es que algunos académicos han planteado que se corre un riesgo de "estatización" de los fondos de pensiones.
Karol Fernández, académica de la Facultad de Economía y Gobierno USS, por ejemplo, indicó a Emol que "eventualmente, el Estado podría controlar un 60% de los fondos: un 30% por medio del IPE y otro 30% si la Administradora General de Fondos del Banco Estado decidiera participar del negocio"
Pero dentro del debate no es esa la única opinión. Otros han sugerido que el límite de 30% constituye una garantía.
Es el caso del doctor en economía por el MIT, Salvador Valdés, quien señaló que "cuando hablamos de un grupo económico significa que cualquiera sean sus vehículos, pueden ser varias empresas, el tope de 30% tiene que aplicarse al grupo como un todo. Lo mismo vale para el Estado: si el Estado tiene dos AFP, una como filial del Banco Estado y otra un inversos de pensiones como empresa separada, la suma de los dos no puede exceder 30%".
El Estado como gestor de inversiones
Otro de los aspectos que el Gobierno logró aprobar la semana pasada -y que tiene directa relación con lo anterior- fueron las normas sobre el Inversor de Pensiones del Estado (IPE).
Se trata de una sociedad anónima que busca gestionar los fondos de pensiones y que competirá con los Inversores de Pensiones privados.
“Hoy se acaba de aprobar la posibilidad de que exista verdadera libertad de elegir en el sistema de pensiones y que las personas puedan elegir entre un inversor público y un Inversor de Pensiones Privado. Y eso es un gran avance para nuestro país", dijo al respecto la ministra Jara.
Es justamente este organismo el que competiría en la licitación del stock de afiliados.
Otras normas aprobadas
Hasta ahora se han aprobado varios artículos propuestos por el ejecutivo. Se visó el término de las AFP como hasta hoyse conocen, el cambio de los actuales multifondos a fondos generacionales, el ajuste a las rentas vitalicias, y el Sistema de Información de Pensiones que será administrado por la Superintendencia.
Una de las normas que también fue aprobada -y que ha generado un amplio debate, fue la del autopréstamo que permite retirar hasta un millón para luego devolverlo.
En relación a esto último, algunos parlamentarios han señalado que ingresarán una indicación para, incluso, aumentar dicha cifra, llevándola a los 5 millones.
Entre ellos se encuentran Rubén Oyarzo (PDG), Karen Medina (PDG), Tomás Lagomarsino (Ind-Radical), Héctor Ulloa (Ind-PPD), Jaime Araya (Ind-PPD), Marta González (Ind-PPD), Joanna Pérez (Demócratas) y Héctor Barría (DC).
En la semana se dio luz verde, asimismo, a los ajustes al Pilar Voluntario, al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, entre otras materias, algunas transitorias.
Hoy: PGU y despacho
El Ejecutivo tiene la intención de que la reforma se despache hoy, día en que se votarán artículos refentes al alza de la PGU. Además de cuestiones referntes al alza del 6% de cotización adicional.
Para contar con el voto de la DC en este útlimo aspecto, el Gobierno podría abrirse a la fórmula del "3+3" propuesta por la DC.
