Esta semana el Gobierno anunció dos iniciativas para reducir la denominada "permisología" en el país: un proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0).
El anuncio fue celebrado por buena parte de los gremios empresariales, que esperaban con ansias un avance para que los tiempos y la burocracia se reduzcan.
"Creemos que estas medidas permitirán reducir los tiempos y costos asociados a la materialización de nuevos proyectos y así reactivar la inversión, junto con poner foco en resolver un problema que se ha constituido como un dolor de cabeza para las pymes que buscan concretar nuevas iniciativas", señaló al respecto, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Con el pasar de los días, sin embargo, han comenzado a aparecer algunas voces críticas, que han resaltado algunos aspectos que, según han explicado, seguirían constituyendo trabas para que los proyectos avancen con rapidez.
"Absurdo absoluto"
Una de ellas fue la del economista Sebastián Edwards, que el sábado, a través de una carta a El Mercurio, entregó su parecer.
"Nos dicen que uno de los grandes logros de esta legislación sería que, una vez en régimen, los permisos para echar a andar una planta desalinizadora de agua demoraría 'tan solo' seis años. ¡Seis años!", cuestionó.
Y agregó:"Eso es un absurdo absoluto, sobre todo en un país azotado por la sequía, en el que miles de personas no cuentan con el vital elemento y donde enormes proyectos de inversión se encuentran paralizados por problemas hídricos".
Otro de quienes subrayó algunos matices fue el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, José Ramón Valente.
El fundador de Econsult -en entrevista con El Mercurio- valoró la iniciativa y, sobre todo, el hecho de que al presentar el proyecto el ministro Grau estuviera acompañado por el presidente Boric y fuera apoyado por el ministro de Hacienda.
Sin embargo, también recalcó que los plazos podrían seguir siendo largos.
"En su discursó -explicó- el ministro dijo que hoy demoramos ocho años en los permisos para una desaladora, ¡y la NASA demoró ocho años en poner un hombre a la luna y ganar la carrera espacial a Rusia!".
En esa línea, añadió que "si una persona trabaja desde los 25 a los 65 años, sacar un permiso sería 20% de su vida laboral. Un inversionista piensa, ¿me voy a demorar ocho años en un permiso sin ninguna seguridad de que lo den? Me busco otro destino".
El ex titular de la cartera añadió, de todos modos, que "me quedo con que se está tratando de avanzar, acortando los plazos y siendo diligentes en dar un sí o un no rápido. Aunque falta alguien con capacidad de dirimir para avanzar de verdad".
Otra de las voces críticas vino desde BCI. Según constató el Diario Financiero, la entidad, a través de un informe a sus clientes, expresó que la iniciativa "fija objetivos menos ambiciosos de lo que se había comprometido".
En esa línea -destaca el medio citado- el documento también destaca que actualmente la situación constituye "uno de los principales dolores de nuestra economía, que ha llevado a una tasa de inversión de tan solo 22% del PIB, casi cinco puntos por debajo de los registros de hace 20 años".
El informe de BCI, además, califica de "tímidos" los objetivos de la iniciativa.
Críticas desde el otro lado
Las críticas no solo han venido desde el mundo académico o empresarial. Y es que desde la otra vereda, hay instituciones que también han demostrado su desconfianza con el proyecto.
Es el caso de la ONG ambientalista Greenpeace, que esta semana indicó que "estas reformas fueron hechas a la medida de la industria para facilitarles la inversión en desmedro del cuidado medioambiental".
Y agregó que "también nos hace preguntarnos si esta reforma en vez de destrabar trámites lo que busca es reducir la protección del medioambiente".
Cabe destacar que la reforma que presentó el Ejecutivo busca una reducción en los permisos de entre 25% y 70% y contempla la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el fortalecimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Es fundamental además mencionar que -hasta ahora- el proyecto ha sido valorado transversalmente.
