Ayer la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se vio sorprendida por una votación que no estaba en sus cálculos. Y es que la Comisión de Salud del Senado rechazó el artículo de la ley corta de isapres que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos para que las aseguradoras paguen la deuda que mantienen con los afiliados.
Si bien el Ejecutivo cuenta con las próximas instancias para enviar modificaciones y apostar por que el articulado se apruebe -pues el proyecto se despachó a la Comisión de Hacienda-, el revés se suma a una serie de complicaciones que la titular de Salud ha debido enfrentar desde que comenzó la discusión de la ley corta.
Entre ellas se contabilizan polémicas por el cálculo de la deuda, la irrupción de un nuevo fallo contra las isapres y los cuestionamientos por no acoger algunas de las indicaciones propuestas por el comité de expertos convocado por la comisión. Así, los esfuerzos por contener la crisis de la isapres ha ido debilitando a la secretaria de Estado, gatillado supuestas diferencias con otros miembros del gabinete e, incluso, alimentado rumores de una posible salida.
El cálculo de la deuda
La ley corta de isapres fue ingresada por el Ejecutivo el 9 de mayo de 2023. ¿Su objetivo? Dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema, que ordenó a las aseguradoras aplicar una tabla única de factores para el cálculo de sus planes y restituir a los afiliados los cobros que hubiesen podido aplicar en exceso.
En un principio, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, calculó una devolución de más de US$1.400 millones en excedentes. La cifra, según tanto las aseguradoras como los expertos, terminaría por acabar con el sistema.
Meses después, sin embargo, se entregó otro número. Esta vez, por parte del comité de expertos que la Comisión de Salud del Senado convocó con el objetivo de plantear propuestas para la ley. El trabajo de los especialistas llegó a la conclusión de que la deuda de las isapres ascendía a los US$ 451 millones, casi US$1.000 millones menos de lo que había señalado la Superintendencia.
Los nuevos antecedes abrieron cuestionamientos en torno al cálculo que se hizo desde el Ejecutivo. ¿Por qué sus cifras eran tan superiores a las de los expertos?
Según el superintendente Víctor Torres, la estimación de la entidad que dirige acerca de lo que las isapres debían devolver se llevó a cabo teniendo en cuenta una aplicación literal del fallo.
Las explicaciones de la autoridad, sin embargo, no fueron suficientes para amortiguar las críticas.
"Me parece que es aventurado haber colocado cifras y haberse puesto en un solo escenario", señaló en esa ocasión el Senador Sergio Gahona (UDI), miembro de la Comisión de Salud.
"A mi juicio, fue una lectura muy literal, muy básica y, en definitiva, dándose cuenta de que eso iba a generar una crisis profunda del sistema, no vio que podía haber otras alternativas", dijo, por su parte, el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez.
La diferencia en las cifras se debía, en alguna medida, a que la superintendencia no había considerado en su cálculo el 7% obligatorio de cotización y el concepto de mutualización.
Más tarde surgiría una última cifra, a partir de un recálculo de la superintendencia debido a indicaciones ingresadas por el Ejecutivo a la legislación. Este, terminaría por establecer en US$ 1.180 millones la deuda de las isapres. Ese es, hasta ahora, el número con el que avanza el proyecto.
Desde la oposición, sin embargo, han planteado que buscarán "acotar" esa deuda, con el objetivo de que no haya una migración forzada a Fonasa por parte de los afiliados.
El comité de expertos y las indicaciones
El comité de expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado elaboró un informe con diversas propuestas para la ley corta de isapres. El objetivo, en buena medida, era que el Ejecutivo ingresara las recomendaciones a partir de indicaciones.
Entre las sugerencias estaban incluir el concepto de mutualización -que implica la existencia de subsidios cruzados-; que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior al 7%; un plazo de 10 años para pagar la deuda; y el robustecimiento del Consejo Asesor propuesto por el Ejecutivo en el proyecto.
Las alarmas se encendieron, sin embargo, cuando el Gobierno ingresó las indicaciones. Y es que el Ejecutivo -si bien acogió muchas de las propuestas- decidió no tomar en cuenta la mutualización (que, entre otras cosas, apuntaba a disminuir el cálculo de la deuda).
Según explicaron desde el Ejecutivo, dicha propuesta se desechó debido a "razones jurídicas".
La Corte Suprema en resolución del 5 de octubre de 2023 -explicó durante esos días el ministro de Justicia, Luis Cordero- "recordó que existen obligaciones por los usuarios a los cuales beneficiaría la sentencia y, en consecuencia, el efecto de la mutualización podría provocar el incumplimiento de la sentencia".
Las críticas, en todo caso, afloraron por todos lados. Pero uno de los cuestionamientos técnicos que más dio que hablar fue el del abogado Patricio Zapata, quien aseguró que "en términos jurídicos no me parece que el fallo de la corte traiga aparejada la exclusión de esta fórmula".
En esa línea -y en medio de un debate con el ministro Cordero- señaló que "si un fallo admite varias interpretaciones y hay una que es más funcional, más útil, más coherente con el sistema (...) preferimos esa interpretación. Por útil, y porque asumimos que el tribunal actúa racionalmente".
Con todo, la mutualización no ha sido incluida. Pero desde la derecha, los parlamentarios de la comisión de Salud han expresado su voluntad de que ingrese a la propuesta del Ejecutivo.
Las constantes críticas desde la industria
Si hay algo que ha sido constante durante la discusión de la ley corta de isapres han sido las advertencias que la industria ha deslizado cada vez que se presenta la oportunidad.
Y es que estas se han convertido en un dolor de cabeza para la ministra Aguilera, pues no solo han venido desde las aseguradoras privadas, sino que también desde las clínicas, las cuales se encuentran en una posición difícil debido a lo que se les adeuda desde la industria.
El presidente de la asociación de isapres, Gonzalo Arriagada, ha estado presente durante toda la discusión de la ley en la comisión de Salud.
Y, por ejemplo, en relación a la deuda que calculó el comité de expertos -de US$451 millones- señaló que "la verdad es que las isapres consideran que siempre han cumplido con las leyes" y que "existe un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero nosotros no sentimos tener una deuda a este respecto".
También indicó, una vez que el Gobierno ingresó las indicaciones, que "no tenemos certeza si esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria, y de esa forma mantener las coberturas de las personas y poder cumplir los fallos de la Corte".
La última intervención de Arriagada fue el día de ayer, cuando, tras el rechazo del alza de precios base manifestó: "Al rechazarse esta parte del proyecto, lo que tenemos certeza es que no va a haber equilibrio financiero".
A su vez, las clínicas también han dado cuenta de sus reparos. "Las indicaciones, más bien, solo pueden acelerar el colapso del sistema asegurador privado con un impacto muy negativo en los pacientes y en la operación de los prestadores privados", indicaron, también, cuando se presentaron las modificaciones.
El fallo GES y el ICSA
La embestida que significó para el Gobierno el fallo de la Corte por Tabla de Factores se vio profundizada producto de otra resolución: la por primas GES, que mandató a las aseguradoras a volver a los precios del periodo 2019-2022 y restituir los cobros en exceso.
La urgencia con la que se debía enfrentar la situación obligó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto con rapidez, pues se estimaba que la sentencia reduciría en un 12% los ingresos de las aseguradoras, lo que, de no abordarse, podría dejar a algunas en la insolvencia, o incluso llevarlas a la quiebra.
Así, desde el Gobierno resolvieron adelantar y modificar el cálculo del Índice de Costos de la Salud (ICSA) para mitigar el impacto, lo que finalmente se aprobó en medio de la ley de reajuste salarial del sector público.
El Gobierno logró sortear esta indicación en la Cámara de Diputados pese al rechazo de algunos parlamentarios oficialistas con un protocolo de acuerdo y patrocinando algunas indicaciones de los legisladores. Por su parte, en el Senado, hubo una tramitación más expedita.
Prioridades de lado
Con todo, la necesidad de avanzar en la ley corta ha impedido a la ministra avanzar en áreas que eran de carácter prioritario para el Gobierno de Gabriel Boric.
Así, la diminución en las listas de espera y el enfoque en la salud mental, han sido algunos de los aspectos que el Ejecutivo, por cuestiones de tiempo, ha debido dejar de lado.
Sin ir más lejos, según cifras del Ministerio de Salud, a junio de 2023 el número de prestaciones en lista de espera siguió aumentando, alcanzando la mayor cifra histórica: 2.686.299. De total de retrasos registrados, 2,3 millones corresponden a consultas médicas de especialidad, que aumentaron en más de 217 mil en comparación con junio de 2022.
Más recientemente, el ministerio de Salud reveló que en 2022 más de 44.000 personas fallecieron mientras esperaban a ser atendidas, lo que radica en un 10% más respecto al año anterior.
"La pandemia nos dejó una carga muy muy dura, pero sepan que con la ministra y con todo el equipo de salud del Ministerio y a nivel nacional, le estamos poniendo mucho pino y en estos dos años que nos quedan, vamos a mejorar significativamente la situación de las listas de espera en Chile", comprometió el presidente Boric.
Las cifras, claro está, tienen su origen con anterioridad a que se comenzará la discusión de la ley. Sin embargo, desde distintos sectores coinciden en que al Ejecutivo le han faltado recursos para enfrentar la situación en el último tiempo.
