Duras fueron las acusaciones que realizó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien cuestionó a algunas instituciones públicas por su escasa -según dijo- cooperación en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Esto, luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se convirtió en la ministra peor evaluada del gabinete del Presidente Gabriel Boric, en medio de una serie de sucesos -entre ellos homicidios- que han generado una serie de reacciones por parte de las autoridades.
"Hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas, no es solamente una tarea de una ministra, es una tarea de toda una sociedad", dijo Orrego en radio Pauta.
Asimismo, la autoridad regional aseveró que "
yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior (Carolina Tohá) y otros se desloman sacando adelante una agenda que es muy difícil".
Al respecto, desde el SII declinaron entrar en una disputa con Orrego. Sin embargo, fuentes del servicio comentaron que "se mantiene un trabajo conjunto y coordinado con otras instituciones públicas y privadas, para el diseño de estrategias y despliegue de actividades para detectar, controlar y mitigar diversos tipos de delitos y el crimen organizado".
En ese sentido, según dijeron a Emol, "uno de los focos de la fiscalización está en atacar decididamente la informalidad".
Ante lo cual remarcaron que han participado en mesas de trabajo con aportes de análisis de datos, desarrollando inteligencia tributaria y fiscal para que "las entidades responsables de enfrentar un ilícito desde sus respectivos ámbitos de acción (policías, Ministerio Público, Aduanas, Conaf, Registro Civil) cuenten con información útil y oportuna para efectuar su labor".
A su vez, resaltaron que tienen mesas constituidas en torno al robo de la madera, cobre, vehículos y todo lo lo relacionado con la informalidad institucionalizada.
Asimismo, para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, enfatizaron en que participan junto a otras 16 instituciones del Estado, en la implementación de "estrategias, políticas y acciones para prevenir y detectar eventos que dañen a la economía y el sistema financiero".
También, sostuvieron que hay un potenciamiento de la persecución penal del delito tributario. Esto, a través de la presentación de querellas, que dicen, "ha sido fundamental para mejorar la efectividad en el combate al robo de madera, por ejemplo, y en la desarticulación de redes delictuales".
En ese sentido, aseguran que está en plena operación un convenio de cooperación con el Ministerio Público destinado a detectar y combatir el crimen organizado, la corrupción, y el lavado de activos, además de desincentivar el comercio clandestino.
