La Corte Suprema cedió y echó pie atrás a la polémica compra de 22 autos marca Lexus de más de $50 millones cada uno para renovar los vehículos que utilizan los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial.
"Se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300h", señaló el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, luego de una reunión de más de dos horas que sostuvo el pleno de la Corte esta tarde. La adquisición de dichos vehículos habría significado un desembolso fiscal de $1.200 millones, lo que generó inmediatos reparos hacia el Poder Judicial y provocó tensión y un choque de versiones entre la Suprema y el Ejecutivo.
La controversia, que comenzó como un costoso trámite administrativo, significó tres plenos extraordinarios para lograr zanjar el tema, ante la determinación de algunos jueces a negarse a ceder, argumentando que esta compra se funda en "antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental", considerando que los modelos que pretendían adquirir son híbridos.
Y si bien la Suprema finalmente decidió cancelar la compra, no desaprovechó la oportunidad para insistir en que el Ministerio de Hacienda estaba al tanto e, incluso, la había autorizado.
"Si bien la Ley de Presupuestos para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año pasado, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial", señaló el secretario de la Corte Suprema.
Así, afirmó que en aquella ocasión se habría "ratificado el acuerdo previo adoptado por el ministro de Hacienda con el ex presidente de la Corte Suprema y dos ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), y el director de esta última, que incluía la renovación de los vehículos institucionales".
Es precisamente lo señalado por Sáez lo que ha mantenido enfrentados a los poderes Judicial y Ejecutivo, y que tiene que ver con el origen de los dineros con los que se pagaría esa renovación de flota de vehículos. Tanto el titular de Hacienda, Mario Marcel, como la Dirección de Presupuestos (Dipres), han insistido que la mencionada renovación no era un ítem que hubiese sido aprobado y que el Poder Judicial tiene autonomía para el uso de su presupuesto.
De hecho, desde la Ley de Presupuestos de 2022 que el Poder Judicial -además del Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría- están eximidos de contar con una autorización del Ministerio de Hacienda para comprar vehículos motorizados.
Además, -y así lo reconoce la Corte Suprema- desde la Dipres han precisado que la Ley de Presupuestos 2024 no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos en el organismo. "Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo", sostuvo el organismo liderado por Javiera Martínez.
Con todo, la CAPJ había señalado que esta compra se realizaría vía uso del "saldo inicial de caja", que son dineros que no han sido gastados en periodos anteriores, y para usarlos, sí necesitarían una venia de Hacienda. Y la aprobación para el uso de esos recursos es el compromiso de parte de la cartera de Marcel al que alude el Poder Judicial para argumentar su postura, apuntando un supuesto "acuerdo de palabra" y a los dichos de la directora de Presupuestos durante la tramitación de ley de Presupuestos 2024.
Según consta el diario de sesiones de la comisión especial mixta de Presupuestos, en su sesión °10, parlamentarios que integran la instancia subrayaron a Martínez la necesidad de que se libere parte del saldo inicial de caja del Poder Judicial para que pueda hacer uso de esos recursos, teniendo en cuenta los gastos extra en los que ha incurrido la Corte Suprema por leyes que ha aprobado el Congreso, abordando también supuestos acuerdos entre el presidente del máximo tribunal y el ministro de Hacienda al respecto.
"En línea con lo que ya han expresado los Senadores, en la indicación N° 367, del Ejecutivo -que ya está ingresada- se da cuenta del acuerdo, que consiste en incrementar en 3.000 millones de pesos el presupuesto para el 2024 y que durante el año se aumentará a 20.000 de manera directa desde su saldo inicial de caja, que también es uno de los temas que se plantearon como preocupación desde el Poder Judicial".
Javiera Martínez
Ante esto, Martínez señaló: "En línea con lo que ya han expresado los Senadores, en la indicación N° 367, del Ejecutivo -que ya está ingresada- se da cuenta del acuerdo, que consiste en incrementar en 3.000 millones de pesos el presupuesto para el 2024 y que durante el año se aumentará a 20.000 de manera directa desde su saldo inicial de caja, que también es uno de los temas que se plantearon como preocupación desde el Poder Judicial".
"Me alegro escuchar a la directora de Presupuestos, porque precisamente lo que pedía el Poder Judicial era que se le reconociera y se le autorizara hacer uso del saldo inicial de caja, que ellos lo estiman hasta en 100.000 millones de pesos, y que la directora nos dice que lo va a autorizar por 20.000", señaló en ese entonces el senador José García Ruminot (RN).
Con estos antecedentes -y aunque ni en los dichos de Martínez ni en las intervenciones de parlamentarios se habla de montos destinados a renovar automóviles-, el secretario de la Corte Suprema aseguró que el 26 de enero de 2024 se formalizó, mediante un oficio, la solicitud para hacer uso del saldo inicial de caja, sin embargo, aún no ha habido respuesta por parte de la Dipres.
Incluso -según consignó El Mercurio- el pasado 9 de febrero, desde el área de finanzas de la CAPJ se envió un correo a la Dipres, al área encargada de Poderes Autónomos, para dar curso al procedimiento que permitiría la compra de los polémicos autos. "Estimada (...): Te informo antecedentes que te servirán para explicar y gestionar el correspondiente decreto, a fin de dar curso al presupuesto. En base a lo expuesto se solicita validar la adquisición indicada y dar curso al decreto correspondiente, con cargo al saldo inicial de caja del presento año", consigna la comunicación.
Según fuentes del citado medio, dicho correo no ha tenido respuesta, asimismo aseguraron que habría existido un "compromiso de palabra" con la Dipres, así como habría habido tratativas entre esta última entidad y ministros que integran el Consejo Superior de la CAPJ para que la autorización se concretara.
En tanto, fuentes al interior de la Dipres consultadas por Emol dicen desconocer ese supuesto "compromiso de palabra", e insistieron en que no se ha aprobado ningún tipo de modificación presupuestaria que tenga como fin autorizar al Poder Judicial a renovar la flota de vehículos de los jueces de la Corte Suprema.
