Un "catastrófico" -según ex autoridades- 70% de la cotización obligatoria destinará este año Fonasa al pago de licencias médicas. Una situación que no solo pone en aprietos al sistema de salud, sino que podría tener repercusiones en la economía en su conjunto.
A todas luces, según los mismos expertos, este escenario es producto del creciente "abuso y fraude" de las licencias médicas en el país, con un Fonasa que ha sido "permisivo" e "inficiente" a la hora de hacer frente a este problema.
Lo anterior, considerando el contraste con lo que sucede con las isapres. Según la asociación que agrupa a las aseguradoras privadas, del 7% de cotización obligatoria son casi 3 puntos los que se destinan al pago de licencias médicas, es decir,
alrededor de un 35% de los fondos recaudados.
Según Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAB y ex superintendente de Isapres, este abuso de licencias médicas repercute en el mercado del trabajo, impulsando a la productividad de los trabajadores, además de aumentar el ausentismo laboral.
En esa línea, comentó que produciría un efecto de "aumento en el costo de la mano de obra y una disminución en la productividad". Por lo que, desde esta perspectiva, la problemática, "tiene efecto en la economía general del país porque cuando tenemos un problema de esta naturaleza, ya te afectan los indicadores macro de desarrollo económico del país".
Por su parte, Pablo Celhay, economista de la Universidad Católica explicó que "las implicaciones para el gasto público en salud son notables".
"Cada peso destinado a financiar licencias médicas representa un recurso que no se destina a la atención directa de la salud. En los últimos cuatro años, hemos observado un aumento en la emisión de licencias médicas que no guarda correlación con cambios en los problemas de salud, lo que sugiere que una parte significativa de este incremento se debe a la flexibilidad en la entrega de dichas licencias".
"El hecho de que el 70% del 7% de cotización equivalga a casi el 15% del gasto total de Fonasa en salud es una proporción que se considera excesiva según cualquier criterio.
Pablo Celhay, economista de la Universidad Católica
. En las Isapres la historia es similar: cerca del 40% de lo que recaudan por el 7% obligatorio un plan se destina a pago de licencias, lo que en parte explica el aumento en el precio de los planes para la población que cotiza en el sector privado que tiene a la industria en jaque", añadió el economista.
Además, afirmó la idea de que este uso abusivo de licencias médicas impacta negativamente en la economía del país, debido a que "aumenta los costos asociados con la atención médica y la compensación laboral, lo que reduce la disponibilidad de recursos para otros fines importantes". También manifestó que esto "provoca pérdidas de productividad y un aumento en la rotación de personal, lo que afecta la eficiencia y la competitividad de las empresas y conlleva costos adicionales de contratación".
Incluso, abordó otras consecuencias que podría acarrear dicha problemática, porque explicó que "las personas que realmente necesitan licencias médicas deben esperar largos períodos de tiempo para poder justificar la cobertura de un derecho laboral. Sin embargo, ante el evidente abuso en el uso de licencias, la respuesta de las aseguradoras (privadas) sigue siendo el rechazo automático".
Mientras que, Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) UDD dijo que este problema terminaría afectando "al Gobierno y a todos los chilenos, puede que no hayan recursos para financiar la operación diaria de Fonasa y eso significan dos cosas: un endeudamiento excesivo o simplemente tener que sacar recursos de otro lado, olvidarse de otras prestaciones por parte del Estado, eliminación de programas, o incluso un aumento de impuesto a las personas".
En ese sentido, enfatizó el problema social de Chile, ya que las personas están "normalizando que digan 'no quiero ir a trabajar' entonces pido una licencia. Hay un abuso".
¿Política de Estado?
El ex superintendente de Isapres fue más allá y advirtió que este problema "debiera ser abordado como una política de Estado", ya que "nos afecta a todos, porque al final todos terminamos pagando el costo de las licencias médicas por las implicancias colaterales que señalé anteriormente".
Al mismo punto llegó Smith, quien argumentó que "existe una diferencia importante con el sector privado. El Estado tiene que hacer algo con sus trabajadores respecto al uso licencias médicas. Si uno se empieza a meter en datos en el Gobierno central, en las regiones, uno se empieza a dar cuenta que esto nos perjudica a todos a todos (...), si no lo van a pagar los que están cotizando, lo tendrán que pagar todos los demás a través de mayores impuestos, endeudamiento o traspaso de dinero de un programa a otro, lo que nos deja financieramente mal parados".
Si no lo van a pagar los que están cotizando, lo tendrán que pagar todos los demás a través de mayores impuestos, endeudamiento o traspaso de dinero de un programa a otro, lo que nos deja financieramente mal parados"
Carlos Smith economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) UDD
Finalmente, el economista Celhay concuerda con las opiniones de los expertos y sostuvo que
"esta problemática debe ser tratada como una política de Estado. El uso abusivo de licencias médicas conlleva implicaciones significativas para la economía, la salud pública y el bienestar general de la sociedad. Por lo tanto, requiere una respuesta coordinada y sostenida por parte del gobierno y otras instituciones pertinentes para abordar las causas subyacentes y promover un uso adecuado de las licencias médicas".
"Se debería considerar una reforma que otorgue mayores atribuciones a Fonasa para diseñar incentivos con los prestadores de salud, tanto públicos como privados. Existe una crítica considerable hacia la aparente pasividad de Fonasa en relación con la calidad o el abuso del sistema por parte de los prestadores. Sin embargo, la realidad es que Fonasa carece de las herramientas necesarias para diseñar contratos que incluyan incentivos y penalizaciones por incumplimiento", agregó Celhay.
En esa línea, el economista aseguró que Fonasa está implementando estrategias para detectar a las personas que comentan estos fraudes. "Este enfoque representa el camino adecuado. Actualmente, disponemos de capacidades analíticas y datos para diseñar sistemas de inteligencia artificial y monitorear el comportamiento de prestadores, cotizantes y empleadores en relación con el uso de las licencias médicas".
En tanto, sugirió que "es política de Estado diseñar una institucionalidad con una regulación más estricta". De esta forma, evitando que existan "lagunas legales" que permitan a los usuarios cometer ciertos abusos.
