Hoy a las 15:00 horas la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados continuará con la discusión del proyecto de ley corta de isapres, que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y a restituir los cobros en exceso.
La iniciativa fue ingresada por el Gobierno el 9 de mayo de 2023. Desde entonces, ha tenido una complicada tramitación. El último acontecimiento relevante tuvo lugar la semana pasada, cuando el Ejecutivo ingresó indicaciones.
Una de las modificaciones apunta a establecer un límite al alza de los precios bases de los planes, que las isapres podrán realizar, de manera extraordinaria, durante este año. De aprobarse la indicación, el aumento extra no podrá ser superior al 10% de cotizaciones de julio de 2023.
Se trata de un aspecto que el Ministerio de Salud había comprometido, ante la posibilidad de que los precios pudiesen sufrir incrementos de entre 7% y 41%, aunque sobre contratos previamente rebajados.
Pero no fue ese ajuste lo que más resaltó cuando el Gobierno ingresó las indicaciones, sino que el mecanismo de mutualización, que brilló, pero por su ausencia. El Ejecutivo, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminara que era el único poder del Estado que podía ingresar la norma, optó por dejarla fuera. ¿La razón? A su juicio, contraría el fallo de la Corte.
La mutualización fue recomendada por el Comité de Expertos de la Comisión de salud del Senado, que contaba con integrantes del oficialismo. En concreto, lo que establece es una fórma de cálculo de la deuda que reconoce la existencia de subsidios cruzados y que, por lo tanto, rebaja lo impago a los usuarios de US$1.180 millones a US$451 millones. La dificultad se encuentra en lo que han planteado varios expertos, esto es, que sin el mecanismo -u otro que se haga cargo- la industria no gozará de estabilidad financiera.
Así, la ley corta de isapres llega este lunes a la Comisión de Salud de la Cámara Baja desprovista de uno de los elementos que se considera clave. Durante el debate, en consecuencia, se deberá resolver si se vuelve a pedir al Ejecutivo que ingrese la mutualización o si se estudian otras alternativas que aseguren la sostenibilidad del sistema. Los intengrantes de la Comisión, en todo caso, están divididos. Y algunos ya han ingresado indicaciones que apuntan en diversas direcciones.
Sin mutualización: ¿Qué otras opciones hay?
Dentro de la Comisión de Salud de la Cámara existen fundamentalmente dos posturas: la del oficialismo y la de la oposición. Los primeros han sido enfáticos en señalar que no dejarán que la mutualización avance, por considerarlo un "salvataje" a las isapres. Los segundos, en cambio, han presionado para que el mecanismo se incluya. De hecho, lograron ingresarlo por medio de una indicación cuando el proyecto estaba en el Senado, sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) estableció que eso solo podía hacerlo el Ejecutivo, por tratarse de una materia de seguridad social.
Las posturas, al menos en ese eje, están alejadas. Sin embargo, existen al menos dos opciones que de seguro suscitarán interés durante la discusión en la Comisión.
Una corresponde a una indicación de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que fue suscrita por los diputados Héctor Ulloa (Ind-PPD), Andrés Celis (RN) y Tomás Lagomarsino (PR), entre otros y que, según explicó el lunes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en Radio Duna, está siendo estudiada por el Gobierno. Específicamente, la modificación propone que las isapres puedan pagar lo adeudado entregando acciones o bonos suyos a los afiliados.
La idea, sin embargo, no es bien vista ni por los expertos ni por la industria.
Al respecto, el ex superintendente de Isapres, Alejandro Ferreiro, manifestó a La Tercera que "el bono no es otra cosa que un pago a plazo, y por tanto, creo que es un error pensar en un bono como un mecanismo alternativo especial".
Asimismo, y puntualmente sobre las acciones, subrayó que "las isapres tienen un patrimonio bajo. Si le agregamos el pasivo al patrimonio, deben tener un patrimonio, entre comillas, negativo. Entonces, cualquier capitalización de deuda diluiría casi absolutamente a los propietarios, lo que puede ser bueno o no, pero finalmente te quedas sin gestión. No me imagino al universo de los accionistas nuevos, los acreedores, afiliados, que estén en condiciones de gestionar la isapre".
El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, también se mostró escéptico frente a la iniciativa. "Plantea una serie de desafíos y dudas, tanto desde la perspectiva de viabilidad financiera, como de equidad para los afiliados beneficiados con los fallos", señaló al medio citado.
Añadió, en la misma línea, que "la devolución mediante acciones y bonos impondría a los afiliados el desafío, no menor, a mi juicio, de convertir estos instrumentos financieros en efectivo si es que necesitan el dinero para sus gastos corrientes, incluyendo gastos médicos, cosa que es altamente probable que requieran en forma inmediata".
La otra alternativa disponible para pagar la deuda, que fue evaluada por el Comité de Expertos de la Comisión de Salud del Senado, es una propuesta de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, con la que el cálculo de lo que deben las aseguradoras disminuye a US$493 millones.
En concreto, la iniciativa plantea la realización de un ajuste en el precio base de las tablas que se usaban anteriormente, con el objetivo de llegar a un plan mixto.
Las indicaciones de los parlamentarios
Son varios los parlamentarios que ingresaron indicaciones que serán revisadas en la Comisión de Salud de la Cámara. Un grupo de ellos, integrados por Karol Cariola (PC), Danisa Astudillo (PS) y Ana María Gazmuri (AH), entre otros presentó más de 30. Una de ellas proponer eliminar el reajuste extraordinario que podrían hacer las isapres.
Otra, en tanto, plantea suprimir la medida que establece que a todos los afiliados se les cobre el 7% de sus cotizaciones, con lo que el monto de la deuda volvería a aumentar a US$1.400 millones, como fue el cálculo inicial de la Superintendencia de Salud. Esto, lejos de los US$1.180 en el proyecto actual.
También se esboza la idea de que se rebaje el plazo en que las isapres devuelvan lo cobrado en exceso; piden siete años, en lugar de los diez que se proponen actualmente y los cinco para los adultos mayores.
Las modificaciones "buscan evitar una nueva vulneración del fallo de la Corte Suprema o cualquier amortiguación de la deuda, así como evitar normas que no se apeguen a lo que dice nuestra Constitución", señala Gazmuri, presidenta de la Comisión.
Los "urgentes" plazos
La semana pasada varias ex autoridades urgieron al Ejecutivo a buscar una "rápida solución" a la crisis. Y es que el tiempo apremia, pues la ley debe estar lista para antes del 12 de mayo, cuando comience a aplicarse la sentencia.
"El tema es que si no se soluciona el problema y las isapres comienzan a quebrar, van a quebrar también los centros médicos pequeños", dijo hace unos días el ex ministro de Salud, Enrique Paris.
Si bien varios ven como algo difícil que se cumpla con ese plazo, la ministra de Salud, por ahora, descartó volver a pedir una prórroga que posponga su ejecución y que de más tiempo al parlamento para la discusión. "La gente está cansada, quiere que se cumpla la sentencia" dijo a Radio ADN.
Con todo, el Gobierno apuesta a que la iniciativa se despache a tercer trámite en el Senado tan pronto como sea posible. De ese modo, en la comisión mixta, desde el Ejecutivo podrán patronicar algunas de las fórmulas propuestas por parlamentarios, como la de la diputada Pérez.
