Indura y Linde Gas Chile. Esas son las empresas apuntadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales. Y es que el organismo acusa a ambas compañías de asignarse zonas o cuotas de mercado, concluyendo no competir por los clientes que cada uno abastecía.
Ambas son empresas de renombre en la industria. De hecho, entre las dos, concentran el 77% del mercado afectado por la supuesta colusión. Además, hace 20 años ya habían sido investigadas por formar un cartel, pero entonces fueron absueltas, pues no hubo pruebas directas del acuerdo.
Indura y el alza a los hospitales en plena pandemia
Quizás la acusación más grave en el marco de lo denunciado por la FNE es lo relativo al hospital Félix Bulnes. Y es que según la entidad, Indura habría sido el proveedor de oxigeno de dicho recinto en 2020, en plena pandemia. Ese mismo año, Linde habría ofertado un menor precio por los servicios, pero luego se habría retractado. Así, Indura habría seguido vendiendo oxígeno a un precio más elevado.
Indura es principalmente una empresa de gas industrial, que elabora productos como oxígeno, acetileno y nitrógeno; y que vende herramientas de ingeniería como compresores de aire y soldadoras, entre otros.
Es controlada por Air Products and Chemicals, Inc., compañía norteamericana multinacional que produce y comercializa gases industriales y medicinales y que tiene presencia en más de 50 países en América, Europa, Asia y África.
Su ex gerente corporativo, Marcelo Torres Bruce -apuntado por la FNE como articulador de la colusión- llegó a la primera línea de la compañía desde 1997.
Cabe destacar que no es primera vez que Indura es investigada por colusión. Y es que en 2005 la FNE indicó que cuatro empresas incurrieron en "actuaciones concertadas con el propósito de restringir la competencia y de discriminar a susc clientes, particularmente hospitales públicos", en el mercado del oxígeno, uno de los gases medicinales. Y en esa época, Indura fue sentada en el banquillo de los acusados, aunque no se le pudo comprobar nada.
A fines del año pasado, la compañía hizo noticia por una fuga de gas en una de sus plantas en Talcahuano, que generó poca visibilidad para los condutores del sector.
Pero eso no es todo. Y es que, según constató La Tercera, la empresa estaría pasando también por una difícil situación económica.
"Nuestra compañía se ha visto en la necesidad de adoptar una serie de medidas de racionalización, las cuales tienen por objeto adecuar la estructura y operación de la empresa a la actual contingencia, para enfrentar los efectos económicos en su gestión", manifestaron el año pasado en un documento para contestar una demanda de dos trabajadores despedidos.
Linde, también apuntada hace 20 años
Al igual que Indura, Linde también se dedica a los gases industriales y la ingeniería. Su controlador final es Linde plc, compañía irlandesa multinacional, con operaciones en más de 80 países, ubicados en América, Europa, Asia, África y Oceanía.
Alrededor del mundo, Linde cuenta con más de 80.000 colaboradores.
En Chile, el brasilero Sergio Novelli era su gerente general, también apuntado como uno de quienes habría articulado el mecanismo de colusión, desde la heladería Tavelli de Las Condes. Mientras, David Lori se desempeñaba como ejecutivo de desarrollo industrial.
Cabe destacar que en 2005, cuando la FNE acusó una supuesta colusión de cuatro empresas, Linde -al igual Indura- también estaba involucrada.
Las posibles sanciones
Cabe destacar que la la FNE pide al TDLC aplicar multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$31,3 millones a Indura y el ejecutivo involucrado.
Se trata de la segunda mayor multa histórica solicitada por la entidad, solamente superada por Brink's S. A. con 39.325 UTA, por una colusión en el mercado de transportes de valores.
De esta manera, la sanción llega a USS31,2 millones para Indura y US$114.392 para Marcelo Torres. . En cuanto a Linde y sus dos ejecutivos involucrados, el organismo solicitó que sean eximidos de las multas y responsabilidades penales por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a una delación compensada.
En cualquier caso, de comprobarse responsabilidad penal de los acusados, podría existir una sanción de cárcel por la nueva Ley de Delitos Económicos.
