A las 14:00 horas el Senado votará el informe de la Comisión Mixta de la ley corta de Isapres, que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y a aplicar una nueva tabla única de factores.
De aprobarse en la Cámara Alta, la iniciativa será revisada por los diputados -alrededor de las 17:00 horas-, quienes deberán evaluar si visan el proyecto o no.
La votación de hoy es clave. Y es que de no haber ley corta muchos han advertido que las Isapres comenzarían a caer en insolvencia; mientras que con la aprobación del proyecto, si bien el sistema seguiría funcionando, comenzarían una serie de fuertes alzas en los planes para los afiliados.
Los escenarios no dejan totalmente satisfechos a nadie, pero en cualquier caso, las aseguradoras, a partir de hoy, deberán a comenzar a cumplir con lo determinado por la justicia.
Si se aprueba subirán los planes
Desde la semana pasada varios expertos comenzaron a advertir que la ley -tal como había quedado- terminaría haciendo que los afiliados pagaran la deuda. ¿Por qué? La legislación, de aprobarse, obligará a las isapres a adecuar la tabla de factores y devolver lo adeudado a los afiliados, con un máximo de 13 años y en distintas modalidades. Sin embargo, para lograr eso, deberán buscar recursos para equilibrar sus finanzas.
La iniciativa toma en cuenta dicha situación y establece un alza extraordinaria de los planes para este año, que debe estar justificada y tendrá un tope del 10% con respecto a lo que pagaban los usuarios a julio de 2023.
Asimismo, el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), por el cual las aseguradoras suben sus planes cada año, prescindirá en 2025, 2026 y 2027 de los mecanismos que moderan sus subidas de precios. Esto implicaría alzas superiores a las de años anteriores. La devolución de lo adeudado, así, se vería afectada por estas subidas.
"Gran parte de esta deuda tendrán que pagarla los afiliados con el aumento de planes y no se redujo la morosidad de las entidades", dijo la semana pasada al respecto la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
"Va a haber un alza de la prima extraordinaria (incluida en el proyecto), que es del orden del 10% en 2024. En 2025, a lo menos habrá un alza del orden del 7,5%, y podría llegar al 10% como promedio. Lo mismo puede pasar en 2026 y 2027", recalcó, en tanto, el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez.
La ex autoridad, además, puso un énfasis en lo que esto podría significar. "En estos años podrían subir los planes en un orden del 30% o 40%", explicó.
El monto adeudado que se estableció, finalmente, quedó en alrededor de US$1.250 millones. Algunos expertos han señalado que de haberse incluido en la iniciativa la mutualización, que rebajaba la deuda a US$451 millones, los planes no tendrían que subir en las magnitudes que se espera.
Si se rechaza el el fallo debe cumplirse igual
El superintendente de Salud, Víctor Torres, señaló ayer en Estado Nacional de TVN que ante un eventual rechazo de la norma "la gran mayoría (de las Isapres) podría caer en insolvencia" y sostuvo que el efecto de aquello "lo sufrirá la gente".
Así, en caso de que la iniciativa no fuera visada por el Congreso el superintendente tendría que implementar el fallo de acuerdo a sus atribuciones. Bajo esta situación el principal problema sería que las Isapres no contarían con la flexibilidad de pago a los afiliados que les ofrece el proyecto de ley.
Pero además, no se aprobaría tampoco la medida del 7% como mínimo de cotización obligatoria en las Isapres ni el alza extraordinaria, lo que les impediría el aumento de recursos. De esa manera, se verían imposibilitadas de cumplir el dictamen.
¿Qué ocurre entonces? Si la autoridad verifica que una o más aseguradora no puede mantenerse al día con los indicadores, le exige, con un plazo de dos semanas, un plan de ajuste y contingencia.
Este plan, una vez recibido, es evaluado por la superintendencia, que lo puede aprobar o rechazar. Si lo rechaza -por ejemplo, porque no hay plata- el organismo puede intervenir, con el objetivo de vender la isapre o vender la cartera.
"Las personas tendrían que empezar a pagar directamente sus servicios. Independiente de que las personas tomarán la decisión de cambiarse a Fonasa, porque no es inmediato, tiene un tiempo de latencia", explicó Héctor Sánchez hace unos días a Emol.
