Un inesperado flanco se abrió en el proyecto de sala cuna universal en el Gobierno. La iniciativa busca que dicho derecho sea para todos los trabajadores del país, incluyendo hombres y mujeres, que tengan hijos menores de dos años, junto con eliminar el requisito de un mínimo de 20 mujeres en una empresa para otrogar el beneficio.
Las críticas, sin embargo, comenzaron a aparecer luego de que el Ejecutivo ingresara indicaciones la semana pasada. Y es que según han apuntado algunos, las modificaciones presentadas excluyen la posibilidad de utilizar el fondo de Sala Cuna -que provendrá de una cotización con cargo al empleador del 0,2%- para financiar el derecho en establecimientos privados.
Las críticas
Una de las organizaciones que se manifestó en contra de lo que propuso el Gobierno fue Idea País.
La fundación -a través de una carta a El Mercurio- señaló que "aún cuando aumenta la cotización de un 0,1% a un 0,2% , e incorpora la corresponsabilidad dejando de ser un beneficio sólo para las madres, el proyecto no resuelve el problema de fondo, esto es la calidad de las salas cunas, e incorpora una letra chica que perjudica el acceso de los niños a las salas cunas".
En esa línea, agregó: "El Gobierno con su propuesta busca excluir a los privados del beneficio de sala cuna universal, pues establece que sólo los establecimientos que cuenten con Reconocimiento Oficial podrán acceder, no así los que cuenten con Autorización de Funcionamiento, siendo que la exigencias de calidad son iguales para ambos".
En su crítica, además, la institución recalcó que "en otro proyecto de ley ingresado esta misma semana, el Gobierno retrasa en 10 años la obligación de los establecimientos que reciben aportes del Estado para obtener el reconocimiento oficial".
Así, señala la carta "la única alternativa disponible para efectos del beneficio laboral de sala cuna es la provisión estatal sin asegurar su calidad".
Una observación similar fue la realizada por la economista de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repetto, hace algunos días.
También en el Mercurio, la académica -junto a Susana Claro y Andrés Hojman- advirtió que "el proyecto correctamente indica que solo se podrá entregar recursos a establecimientos que cumplan con los estándares de certificación. Lamentablemente, muchos jardines privados y públicos no han logrado cumplir con el proceso o se encuentran aún realizando el trámite de una certificación que es exigente".
En esa línea, subrayó también que "el plazo para cumplir se ha extendido ya por 13 años y se está considerando volver a extenderlo. Aquello podría evitarse por medio de un sistema más racional de certificación en etapas, que defina claramente las prioridades".
Y agregó: "Una señal importante sería que el proyecto requiera la participación obligatoria de los establecimientos en un futuro sistema de aseguramiento de la calidad".
Además, en una columna al mismo medio el domingo, Repettó si bien destacó las indicaciones del Ejecutivo y valoró que "haya hecho suya esta agenda y esté aprovechando la oportunidad de facilitar el empleo femenino y, a la vez, fortalecer la educación en la primera infancia", sostuvo que "sin duda quedan temas por discutir que requerirán ser destrabados para un avance efectivo en el Congreso".
"Entre ellos se cuenta la exclusión de la oferta privada de jardínes con fines de lucro, a pesar de que hoy participan en el sistema. También será motivo de debate el monto de la prestación -unos 270 mil pesos para mensualidad y matrícula, menor al máximo consignado en el proyecto previo- y la posibilidad de que haya copagos para cubrir servicios más costosos".
En tanto, desde el Centro de Estudios de la Primera Infancia, Alejandra Cortázar señaló en el medio citado que "no es cierto" que se excluya a privados. "Cualquier privado podrá postular al reconocimiento oficial, requisitos que en lo administrativo son más exigentes que la autorización de jardines".
Añadió, en esa línea, que "lo que hace el proyecto es garantizar que todo servicio que sea parte del derecho laboral esté bajo los mismos requisitos del Estado y que la familia escoja si lo manda a uno privado o público".
Sin embargo, desde Idea País contestaron. "El punto que criticamos no es el aumento de exigencias para el sistema privado, sino el fatal resultado que conlleva para el sistema parvulario el ingreso de los proyectos de ley de sala cuna universal y modernización de la oferta parvularia", señalaron.
"Esto -agregaron- porque, por un lado, no se incluye un plan progresivo para que los establecimientos con autorización de funcionamiento (todos privados) transiten a obtener el reconocimiento oficial sin afectar la oferta educativa necesaria para que el beneficio laboral de sala cuna sea posible para todos; y, por otro, porque se aplaza en diez años la obligación de los establecimientos que reciben actualmente aporte del Estado para cumplir con los estándares de calidad que sí tendrán que cumplir los privados".
Así, señalaron, "en la práctica esto significará que más de 300 establecimientos privados dejarán de estar en el sistema, a la vez que los que quedan (estatales) no tendrán la obligación de garantizar la calidad sino hasta el año 2034".
"Absolutamente ideológico"
Algunos personeros de oposición también se han mostrado críticos con el proyecto. Es el caso de la diputada Ximena Ossandón (RN), quien señaló a Emol que la iniciativa "entrega un subsidio solo a Salas Cunas reconocidas por el Estado, o sea, las públicas, y quedan todas las privadas fuera de lugar, y esto claramente responde a un tema absolutamente ideológico, y es con eso que se elimina la posibilidad de los padres de elegir qué salas cunas quieren para la educación de sus hijos".
Agregó, en esa línea, que además "se establece un tope de beneficios de $269 mil mensuales, lo cual lamentablemente no conversa con la realidad, porque las Salas Cunas son mucho más caras. Entonces, este es un proyecto que solo va a avanzar si el Ejecutivo tiene la voluntad política para hacer los cambios que correspondan".
En tanto, el senador José Ruminot, también de RN, señaló que "He hablado en tema con el Ministro de Educación . Me asegura que los Jardines Infantiles con autorización de funcionamiento no quedarán excluidos . Debemos asegurarnos que ello explicito en la ley".
La defensa del Gobierno
Esta semana la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las indicaciones introducidas por el Gobierno. Al respecto, la secretaria de Estado manifestó que "ha habido distintas manifestaciones públicas respecto a supuestos que el proyecto no tiene" y que "aquí no hay exclusión del sector privado".
Añadió, en esa línea, que "lo que se exige, como corresponde en cualquier país que se preocupa de sus niños y niñas, es que los establecimientos educaciones no sean solamente guarderías y, por lo tanto, cuenten con reconocimiento oficial".
También, señaló que "eso es clave porque no solo busca hacerse cargo de los estándares básicos de los establecimientos, sino que también pedagógicos. Es decir, que los niños y niñas no solo estén cuidados, sino que el proceso de atención de ellos tenga una comprensión del nivel en que están para su formación educativa y se posibilite el desarrollo pedagógico de aquellos menores".
