Este viernes se espera que Codelco y SQM concreten un acuerdo definitivo de asociación para operar el litio del Salar de Atacama hasta 2060, y en la recta final han surgido una serie de obstáculos como la rebelión de la empresa china Tianqui, el rechazo de comunidades indígenas y la presión política para mantener al margen a Julio Ponce Lerou y a su familia.
Y ahora un nuevo problema se asoma desde el mundo parlamentario, y es que el diputado Cristian Tapia (independiente pro PPD) interpuso una denuncia penal en contra de SQM y Codelco por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal. Todo, por la negociación entre ambas empresas.
La acción penal, interpuesta ante la Fiscalía Centro Norte,
apunta a quienes "resulten responsables" de estos supuestos delitos.
Según el parlamentario, "este acuerdo negociado entre cuatro paredes, sin cumplir con mínimos estándares de transparencia, afecta gravemente el patrimonio fiscal, entregando sin licitación las utilidades en la explotación de litio en pertenencias del Estado a SQM, sin que dicha empresa pague prácticamente nada".
"Tal como ocurrió en las privatizaciones de finales de los 80, SQM está asegurando la extensión de su contrato para explotar el Salar de Atacama hasta el año 2060, sin pagar prácticamente nada", recalcó.
En su demanda, además, Tapia señaló que "Chile tenía una valiosa oportunidad de licitar el Salar de Atacama, asegurando para el país el máximo beneficio que el litio representa en la actualidad para la transición energética".
"Había diversas opciones para llevar a cabo la licitación, a través de procedimientos públicos y transparentes, manteniendo el control estatal, pero se eligió una negociación bilateral a puerta cerrada que, en última instancia, concede a SQM el 49,999% de la nueva empresa que producirá 300.000 toneladas anuales de litio durante 30 años", agregó.
El diputado también apuntó contra Corfo, señalando que "al aceptar una negociación bilateral a puerta cerrada, con SQM que resulta en un acuerdo altamente favorable para la empresa y extremadamente perjudicial para el interés público, ha incurrido en omisión de sus deberes de fiscalización".
"Lo anterior resulta relevante, ya que es CORFO la entidad del Estado que tiene a su cargo el resguardo del enorme patrimonio fiscal constituido por las pertenencias mineras de litio en el Salar de Atacama, al estar inscritas a su nombre", añadió.
Por último, en su acción Tapia manifestó que "los hechos que se denuncian forman parte de la negociación más relevante para el interés público de las últimas décadas y que tendrá un enorme impacto no solo en las arcas fiscales, sino en las comunidades que viven en la Región de Atacama durante, a lo menos, los próximos 35 años".
"Es por esto que le solicito que estos hechos que revisten caracteres de delito sean investigados a fin de esclarecer la verdad de lo sucedido, y en su caso, se definan y hagan efectivas responsabilidades, actuando dentro del ámbito de su competencia", resaltó.
La demanda señala a las personas que habrían "presenciado estos hechos", nombrando a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; Alejandro Rivera, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco; Rodrigo Vergara, abogado asesor de Codelco; Ricardo Ramos, gerente general de SQM; Carlos Díaz, vicepresidente ejecutivo División Litio de SQM; y Rodrigo Ochagavía, abogado asesor de SQM.
