La historia se remonta a finales de 2019. En ese periodo, en medio de las protestas y violencia que azotaba al país, el Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera aprobó la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el alza de 9,2% que tendrían las cuentas de la luz.
Y es que, por esos días, debido al descontento social, no parecía haber otro camino. El Ejecutivo, así, contó con la venía de un Congreso que no dudó en dar el visto bueno a la reforma. El estallido dictó la pauta.
En su último trámite, de hecho, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 115 votos a favor, uno en contra (del entonces DC Miguel Ángel Calisto) y 10 abstenciones.
El mecanismo que se estableció contemplaba una deuda máxima para el Estado con las compañías del sector eléctrico por US$1.350 millones. Además, pretendía que el freno en los precios durara solo hasta diciembre del año siguiente.
"Esta es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos. Además de congelar las tarifas hasta diciembre del 2020, permitirá adelantar la baja de tarifas que se esperaba a partir del 2023, producto del ingreso de las energías renovables y otros contratos más baratos, y neutralizar el efecto del dólar, factor que más ha influido en la tarifa eléctrica este año", dijo por esos días a CNN Chile el entonces ministro de Energía Juan Carlos Jobet.
Nada de esto sucedió como estaba planificado. Y el fuerte incremento posterior en los precios de los combustibles, combinado con la depreciación de la moneda, provocó diferencias entre el precio estabilizado y el que debía aplicarse de acuerdo con los contratos de suministro.
¿El resultado? Una deuda que se fue acumulando gradualmente con las empresas.
En agosto de 2022, ya durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el esquema para los cambios de precios de las tarifas volvió a modificarse. Así, se agregó un cargo para el pago gradual de la deuda, con el objetivo de proteger a los clientes.
En el marco de esa discusión, si bien el Senado insistió en implementar modificaciones que terminaron incluidas, también hubo un apoyo importante desde todos los sectores.
"No nos deja completamente satisfechos, pero entendemos que es la respuesta que entrega el Gobierno a un problema que es bien concreto y que afectaría el presupuesto de las familias", dijo tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara Alta el senador José García Ruminot.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la iniciativa, el Gobierno actual, a través de su cuenta oficial en X, sostuvo: "La ley beneficia a las familias al impedir el aumento de hasta un 45% y crea un fondo de estabilización que dará certezas a las personas por los próximos 10 años".
Tanto oficialistas como opositores celebraron. El diputado Vlado Mirosevic (PL), por ejemplo, escribió en X: "Se despacha a ley", junto con un emoticón con manos aplaudiendo.
"Es una importante y necesaria ayuda para las familias chilenas", dijo, por su parte, la diputada Ana María Gazmuri.
La deuda acumulada y el efecto en los clientes
El largo proceso de congelamiento, tarde o temprano, tenía que llegar a su fin. Y así se decidió hacer con el proyecto de ley aprobado en abril de este año, que implicará alzas de hasta más de un 57% para algunos clientes tras el descongelamiento de las tarifas que iniciará el 1 de julio.
Y es que la deuda del Estado con las empresas eléctricas tras casi cuatro años de precios fijos es demasiado abultada. Se trata, en total, de US$ 6 mil millones, de los cuales una mitad correspondería al periodo del Gobierno anterior, y la otra al del actual, según cálculos del Ejecutivo.
Para compensar el alza, el Ejecutivo propuso un subsidio focalizado para el 40% más vulnerable de la población, lo que equivale a alrededor de 1,5 millones de hogares. No obstante, las críticas de parlamentarios no han cesado por considerarlo insuficiente -pese a que ellos mismos lo aprobaron- , e incluso algunos hablan de una interpelación e incluso de una eventual Acusación Constitucional al ministro de Energía, Diego Pardow. Esto, en medio de tiempos electorales.
"Si acusar constitucionalmente al ministro de Energía, Diego Pardow, ayuda a reducir el costo en las cuentas de la luz, mi voto está disponible", señaló esta semana, por ejemplo, el diputado de la denominada bancada eléctrica, Rubén Oyarzo (Ind).
"Si acusar constitucionalmente al ministro de Energía, Diego Pardow, ayuda a reducir el costo en las cuentas de la luz, mi voto está disponible"
Diputado Rubén Oyarzo (Ind)
"Nosotros se lo advertimos al ministro desde un comienzo y el ministro no quiso escuchar. Él debe asumir su responsabilidad", indicó en tanto, la diputada Marlene Pérez (UDI), de la misma bancada.
Ministro cuestionado
Las críticas al ministro Diego Pardow no solo han venido desde el parlamento. Y es que una serie de figuras han cuestionado el actuar del titular de la cartera. Sobre todo luego de apuntar al Banco Central (BC) por incorporar recién en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio el efecto de las alzas en las tarifas eléctricas en la inflación, cuando -afirmó Pardow- la información respecto a estas alza era pública hace varios meses.
"Me parece imprudente abrir una discusión , que es muy legítima que se abra, pero yo creo que el canal más natural es que venga del ministerio de Hacienda. Aparece como una salida de un ministro sectorial apuntando una cosa del BC. Obviamente enreda, porque además la politiza", dijo en Radio Infinita el ex presidente del BC José de Gregorio.
Mientras, el ex ministro Ignacio Briones sostuvo en Radio Pauta que "defiendo al Banco Central, ha actuado con la información oficial, ha actuado correctamente en el combate de la inflación y esta sorpresa para la gran ciudadanía tiene un déficit comunicacional del Gobierno".
La preocupación del Ejecutivo y la postura de Marcel
Ayer, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, el ministro Pardow señaló: "Ajustes de este tipo tienen que hacerse igual, aunque haya elecciones de por medio, porque las consecuencias de lo contrario son demasiado ostensibles".
Y es que tanto un eventual descontento social por el alza como el escenario de elecciones podrían complicar al Gobierno, que ya da muestras de preocupación. Una señal importante fue la presencia d Pardow en el comité político de ayer en La Moneda, donde expuso los efectos del alza y el funcionamiento de los subsidios.
Según constató La Tercera, además, abordó los avances de la mesa técnica compuesta por parlamentarios de la Comisión de Energía y Conadecus. En cualquier caso, el Gobierno ve con distancia un aumento en la cobertura del monto del subsidio, mientras no exista un mecanismo para solventar el costo. Así, alcanzar alguna solución que logre paliar esta fuerte alza en las cuentas de la luz y dejar satisfecho al mundo político no parece fácil.
"El Gobierno está abierto a distintas propuestas sobre la mesa y las está analizando tanto del punto de vista legislativo como fiscal", sostuvo ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, quien además dejó claro que frenar esta alza de las cuentas de la luz no es una opción. "En términos de recursos no se puede. Cada día que pasa son millones de dólares que hay que costear por parte del Estado", subrayó.
Los mecanismos que se evalúan
La diputada Yovana Ahumada, que participa en la mesa técnica, señala que "hemos puesto todas las alternativas sobre el escritorio para que el Gobierno las analice y pueda contrarrestarse esta alza que será un golpe para el presupuesto de todas las familias".
En esa línea, sostiene que entre las posibilidades están "analizar los actuales contratos, impuesto verde o beneficios tributarios para disminuir la deuda base entro otras propuestas".
"A este respecto -añade- también presenté un proyecto de reforma constitucional para eximir el pago del IVA del 19% en las cuentas de la luz por los próximos 3 años. Esto haciendo eco a las palabras del Ministro Marcel, cuando se refiere a que a problemas de recursos transitorios, medidas que generen recursos transitorios. Creo que es una propuesta aterrizada y viable y que espero sea considerada".
Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), también de la mesa, indica que "una deuda que contrajo el Estado tiene que ser saldada mayormente por el Estado y no por las personas".
Asimismo, agrega que "este problema se soluciona con los dineros que tiene (el Gobierno) a disposición y que le gusta gastar en otras cosas".
