En su esfuerzo por que se vote la idea de legislar la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado, el Ejecutivo presentó ayer un documento que, a su juicio, reúne aquellos puntos en los que la opinión del Gobierno y la oposición convergen.
El informe, titulado "Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado", enumera propuestas y metas, y tiene como objetivo ordenar la discusión y explicitar los puntos en común. Con él sobre la mesa, el Ejecutivo espera que la idea de legislar se vote a más tardar el miércoles próximo.
Esta mañana, el
ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien presentó ayer el informe, se mostró optimista en relación a la acogida que pueda tener en Chile Vamos. Según señaló en Radio Pauta, con el documento
"ya no hay tema en que no exista una alternativa que pueda convocar a gobierno y oposición".
En concreto, el informe propone que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador se saque adelante con una fórmula distinta a la que se había planteado con anterioridad. Asimismo, se sugiere aumenta la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.
Nueva fórmula para 6%
El documento elaborado por el Ejecutivo establece una nueva fórmula para la cotización adicional de 6%, que se había convertido en uno de los nudos de la discusión
El Gobierno propone, así, que 3 puntos vayan a cuentas individuales, con un mecanismo de distribución del 70% directo a la cuenta individual de cada trabajador y un 30% con lógica de solidaridad intergeneracional.
En relación al otro 3%, el documento plantea un 1% para compensar la mayor sobrevida de las mujeres y un 2% como préstamos para el Estado, para financiar jubilaciones actuales. Este porentaje sería un aporte reembolsable y transitarorio, que tendría una duración de 20 años, tras los cuales se reduciría paulatinamente.
Aumento de la PGU
En el informe destaca también el aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y "fijar un periodo de carencia en que la PGU se reajuste solo de acuerdo con el IPC, para estabilizar su valor previo a la actualización de este".
Asimismo, se propone establecer "un procedimiento robusto para eventuales futuros reajustes del beneficio, para que, por ejemplo el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo evalúen tanto la suficiencia, impactos en mercado del trabajo e implicancias fiscales de futuros aumentos del monto".
Por último, el documento recomienda mantener la cobertura del beneficio en el 90% de los pensionados, "redestinando los recursos que se habían comprometido en el proyecto original al fortalecimiento de los mecanismos que permitan elevar la tasa de reemplazo de los pensionados de segmentos medios".
Elevar el retorno de los recursos
El documento explicita que es importante avanzar hacia un mayor retorno sobre los ahorros de los trabajadores sin elevar necesariamente el riesgo de los mismos. Esto, con el objetivo de aumentar el capital acumulado al momento del retiro.
Con esa meta, propone "sustituir el sistema de multifondos del sistema contributivo actual por un esquema de Fondos Generacionales" e instaurar premios o castigos para los inversores, de acuerdo con el desempeño de sus inversiones en relación a las carteras.
Asimismo, el informe subraya la licitación de los grupos de afiliados, con una selección aleatoria de un porcentaje de hasta el 10% de ellos. La idea es que se adjudique "la administración del ahorro previsional de este grupo al oferente con la menor comisión, el cual deberá mantener dicho precio por 10 años".
Para elevar el retorno de los recursos, además, se propone limitar el valor máximo de las comisiones indirectas; flexibilizar los actuales límites de inversión; separar contable, administrativa y legalmente las funciones de administración de cuentas y gestión de inversiones que realizan las actuales AFP; y posibilitar la participación del Estado en la gestión de las inversiones de los fondos previsionales
en igualdad de condiciones; entre otros.
Riesgos sobrevivientes
Otro de los puntos relevantes en el documento es el del "aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes". En él, se establece que exista un mecanismo de seguro que compense "en términos de monto de pensión la brecha de las mujeres por la mayor sobrevida".
Asimismo, plantea "agregar mecanismos de redistribución intrageneracional a la cotización de cargo del empleador con objeto de compensar el efecto que las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres".
También, se propone el diseño de un seguro de longevidad, que "pueda incorporarse a las modalidades de jubilación de que disponen los trabajadores al momento del retiro, según las recomendaciones de la OCDE".
Por último, bajo este apartado, se estipula "un monto mínimo para la generación de una pensión autofinanciada, bajo el cual los afiliados puedan girar de su saldo dentro de un período más breve".
Arreglos institucionales
En este punto, el documento plantea que la Superintendencia de Pensiones se transforme en una Comisión de Pensiones, una institución colegiada.
En esa línea, plantea además, "establecer, para el Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, una estructura de gobernanza que asegure su carácter técnico, la independencia del gobierno de turno, separado del Fisco y la responsabilidad por el uso transparente y eficiente de los recursos que administrará".
"Para este efecto -explicita- contará con un Directorio cuyos integrantes serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta de sus miembros y desanclado de los distintos ciclos políticos".