Miles de clientes cumplen seis días sin suministro eléctrico debido a los prolongados cortes de luz tras los temporales, generando un escándalo que ha llevado al Gobierno a poner bajo evaluación la concesión de la empresa Enel.
Según argumentó esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric, la compañía no ha cumplido con los plazos legales para la reposición del servicio. Esta situación también ha llevado a parlamentarios, especialmente del oficialismo, a instar al Ejecutivo a poner fin a la concesión.
Sin embargo, surge una pregunta crucial: ¿Cómo se reemplazaría a Enel?
El diputado y presidente de la Democracia Cristiana,
Alberto Undurraga, planteó que se abren tres caminos si es que se decide poner fin a la consención.
El primero, "es que se termine la concesión propiamente tal, para lo cual el Estado tiene que llamar a una licitación para tener un nuevo operador que se haga cargo de la concesión. Desde el punto de vista económico es atractivo para operadores de talla mundial poder incorporarse", y puso como ejemplo en el sector sanitario el caso de Aguas Coronel ocurrido años atrás.
La segunda opción, "es un camino intermedio". "Ante el término inminente de la concesión los dueños del operador vendan el capital a otro experto mundial en esta materia. Eso sucedió en Esal, vuelvo al sector sanitario, donde ante el término inminente de la concesión Aguas Andinas vende su capital, se lo vende a otro operador".
Y el tercer camino que detalló Undurraga, es que durante el proceso de descargos y negociación se establezca una "tarjeta amarilla" a la compañía y que no se proceda a culminar la concesión.
Por su parte la bancada de diputados Independientes - PPD presentó un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para caducar la concesión de las empresas eléctricas. "Estas empresas (Enel y CGE) han incumplido de forma reiterada, abusiva y tremendamente negligente", arremetió Raúl Soto (PPD).
En esa lineal, argumentó que "es completamente viable que se revoque esta concesión, que se pueda pactar una transición negociada porque hay que resguardar la manutención de este servicio. Mientras tanto, se abre una licitación internacional que permita contar con las mejores empresas, las más competitivas en el mundo y las que garanticen un mejor servicio".
Asimismo, el presidente de la comisión de Energía y Minería del Senado, Juan Luis Castro (PS), se manifestó a favor de terminar con la concesión de Enel. "Desde luego falta aquí una evaluación que tiene que hacer el Ministerio de Energía, tiene que haber argumentos sobre la mesa, pero esto es planteable. Y razonablemente la humillación que ha tenido hoy día el pueblo de Chile con empresas que no le han cumplido, teniendo el monopolio de la distribución, es francamente inaceptable”, señaló.
Argumentó que "hay normas que permiten establecer razones plausibles, hay respaldos que eso tiene que evacuarse para saber el mérito que tengan. O sea, no es una idea alarmista ni apresurada, es una idea posible plantear y si el Presidente la ha planteado es porque esta crisis ha sido de magnitud y hasta el día de hoy hay más de 100 mil clientes sin energía eléctrica en el sexto día de evolución”.
Surgen advertencias
Pese a las intenciones del Gobierno y de algunos parlamentarios, el ex director de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, en conversaciones con La Tercera sostuvo que "desde el punto de vista jurídico y práctico el revisar una concesión eléctrica tiene enormes dificultades".
"¿Qué vas a hacer con esos activos?, ¿Los va a administrar la SEC?, ¿Los va a administrar el Estado?. La verdad es que en la práctica yo veo muy difícil, que algo así pudiera prosperar", dijo Castillo.
Sobre el anuncio del Presidente de la República, dijo que "yo lo comprendo simplemente como un llamado de alerta, como un empatizar con la sociedad. Cosa diferente es hacernos cargo del problema estructural".
Una opinión similar compartió el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, que forma parte de la comisión de Energía y Minería de la Cámara.
"Todas las medidas que vaya a tomar el Gobierno, lo importante acá es que se haga respetando lo que ya está escrito y lo que se tramitó ¿Por qué? Porque de lo contrario, en la próxima concesión, lo que van a hacer es asumir todo ese riesgo y cargarlo al mismo precio que van a terminar pagando todas las personas. Es un poco lo que estamos sufriendo hoy en día con el alza de las cuentas. Cuando tú no respetas la misma ley que tú te autoimpusiste, los mismos requisitos que tú te autoimpusiste, vas a terminar generando un riesgo que lo terminan pagando las personas", dijo.
Por lo tanto, añadió, "si acá el Gobierno tiene argumentos que vienen respaldados en los distintos contratos, en los distintos concursos, el Gobierno puede tomar esas medidas. Por lo contrario, si el Gobierno está tomándolos solamente por medidas populistas o por medidas de reacción frente a esta situación, creo que sería un mal camino y un mal precedente”.
