Alrededor de 100 mil hogares seguían el jueves sin suministro eléctrico, de los cuales casi 60 mil correspondían a la Región Metropolitana, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El retraso en la reposición de los servicios llevó al Gobierno a tomar medidas e iniciar un proceso de caducidad de la concesión de Enel, que comenzó con un "ultimátum" a la empresa.
En concreto, el Ejecutivo exigió a la compañía, como primera parte de este proceso, la reposición de la conexión de 20 mil clientes para ayer, el que de no haberse logrado derivará en una siguiente etapa, que es la fase "adversarial".
El procedimiento, de continuar, no sería sencillo. Y el mismo
Presidente Gabriel Boric lo reconoció en la antesala del anuncio. "Es un proceso tremendamente complejo, y por eso le he pedido al ministro de Energía evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa. Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad", aseveró el Mandatario.
Las dificultades del proceso de caducidad
Nunca en la historia de las concesiones en Chile ha llegado a término un proceso como este. Y es que son demasiadas las complejidades que implica.
En primer lugar habría que iniciar un proceso administrativo que establezca los incumplimientos de la compañía. "Este informe o pronunciamiento podría servir posteriormente para fundar un eventual decreto del Presidente que ponga término a la concesión", explica a El Mercurio el ex subsecretario de Energía y director de Energía de Jara del Fava abogados, Francisco López.
Una visión similar es la que tiene la ex ministra de Defensa y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot. A su juicio, quitar la concesión "requiere primero, una investigación bastante profunda, técnica, para ver si esto amerita".
Ello -detalla- podría tomar un tiempo. Y luego vendría un proceso para evaluar si se necesitaría una relicitación de la concesión, entre otros aspectos. Es -recalca Blanlot- "un proceso que toma bastante tiempo, yo creo que no menos de un año".
La también directora de empresas como Colbún y Antofagasta Minerals explica que "el inconveniente es que en el proceso, en todo ese periodo, es muy difícil saber quién se va a hacer cargo realmente de todas las necesidades hoy día".
El diputado, presidente de la Democracia Cristiana y ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, asegura que si se decide avanzar en el proceso se abren tres caminos.
El primero, "es que se termine la concesión propiamente tal, para lo cual el Estado tiene que llamar a una licitación para tener un nuevo operador que se haga cargo de la concesión. Desde el punto de vista económico es atractivo para operadores de talla mundial poder incorporarse", explicó.
Una segunda opción es intermedia. Así, Undurraga detalla que puede ocurrir que "ante el término inminente de la concesión, los dueños del operador vendan el capital a otro experto mundial en esta materia. Eso sucedió en Essal, vuelvo al sector sanitario, donde ante el término inminente de la concesión Aguas Andinas vende su capital, se lo vende a otro operador".
El tercer camino que detalló Undurraga, es que durante el proceso de descargos y negociación se establezca una "tarjeta amarilla" a la compañía y que no se proceda a culminar la concesión
El caso de Essal
El último intento por caducar una concesión ocurrió -como recordó Undurrraga- con la empresa sanitaria Essal (hoy Suralis), cuyo accionista mayoritario era Aguas Andinas. En 2019 la compañía tuvo por 10 días a la ciudad de Osorno sin agua, por contaminación con petróleo diésel, lo que desató indignación en la población y serios problemas sanitarios.
En total, cerca de 50 mil personas quedaron sin suministro.
El Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decidió avanzar en un proceso para caducar la concesión. Sin embargo, luego de más de un año y medio de investigación, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SIIS) decidió no continuar por el proceso.
¿La razón? Según el regulador la decisión se tomó porque llegó un nuevo dueño, la canadiense Algonquin Power & Utilities Corp, que logró mantener un estándar de continuidad y regularidad que no hacía pertinente alterar.
De todos modos la autoridad aplicó una multa, de casi $1.700 millones.Se trató de la multa más alta de la historia en el país.
