Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron representantes de Amarillos por Chile y Demócratas para presentar su propuesta en materia de pensiones, en medio de la discusión alojada en la comisión de Trabajo del Senado.
En el documento, en primer lugar, se subraya la necesidad de aumentar la cotización en un 6% y considerar indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida, lo que se traduciría en un aumento de la edad de retiro.
Eso último, dice el texto,
para garantizar "la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones futuras".
También calificaron de "fundamental transformar la Superintendencia de Pensiones en un órgano autónomo de carácter técnico que adopte decisiones".
En cuanto a la Pensión Garantizada Universal (PGU), las colectividades postulan aumentarla, pero manteniendo la exclusión para el 10% de mayores ingresos, "beneficiando a 2,4 millones de pensionados". Junto con ello -añadió- "se propone una PGU diferenciada, otorgando montos más altos que premien a los que han cotizado durante más año".
Asimismo, pretenden avanzar hacia "fondos generacionales, reemplazando así a los actuales multifondos y aumentar la rentabilidad de los ahorros previsionales. También plantean "compensar la mayor esperanza de vida de las mujeres utilizando tablas de esperanza de vida comunes y financiando su costo con parte del aumento en la tasa de cotización.
"Así, una mujer y un hombre con el mismo capital deben recibir igual pensión a los 65 años. Este cálculo debe considerar la diferencia por las pensiones de sobrevivencia esperadas", sostienen ambos partidos.
Además, subrayaron que "debe analizarse que no resulta justo transferir cotizaciones de los trabajadores actuales, quienes tendrán tasas de reemplazo más bajas en el futuro, hacia los pensionados actuales que ya cuentan con tasas de reemplazo más altas. La solidaridad no debe afectar negativamente a las futuras generaciones".
En ese sentido, cuestionaron el aporte reembolsable que propuso el Gobierno del 2% de cargo al empleador para financiar a pensionados actuales.
"Se cuestiona la efectividad de este mecanismo, ya que implica un préstamo de los trabajadores que se devolvería con una tasa de interés menor a la rentabilidad de sus propios fondos, lo que podría resultar perjudicial para sus futuras pensiones", indica.
Al respecto y fuera del Ministerio de Hacienda, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) manifestó que "este 2% de solidaridad que se plantea puede terminar siendo un arma de doble filo. Es importante que se entienda que la plata de los trabajadores tiene que redituarles a ellos. La devolución que se le haga de los dineros debe ser en las mismas condiciones que si lo hubiesen tenido en sus cuentas, no a una tasa de retorno menor".
Por otra parte, y "coincidiendo con la mesa técnica", Demócratas y Amarillos consideran que "no debe separarse la administración de la inversión, evitando reformas que signifiquen pérdida de know-how, riesgos operacionales y pérdidas de rentabilidad de los ahorros de los trabajadores".
"Existe preocupación de que la reforma actual no genere las mismas condiciones previsionales entre los presentes y futuros pensionados, por lo que es imprescindible equilibrar las mejoras inmediatas con la sostenibilidad y equidad intergeneracional del sistema previsional", finaliza el documento.
