¿Quién financia a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)? Es una interrogante que no siempre tiene respuestas ni obligación de darlas amparadas -por ahora- bajo la ley en Chile.
El financiamiento de estos grupos hace un buen tiempo que viene siendo cuestionado, y recientemente esto cobró más fuerza tras las críticas lanzadas por Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), durante su participación en el Encuentro de Logística & Comercio Exterior (Enloce) en Valparaíso.
Fernández criticó la falta de transparencia en los recursos que financian a las ONGs y el impacto que estas tienen en la paralización de importantes proyectos de inversión.
"¿Quién está financiando? No tengo idea", expresó Fernández, subrayando su preocupación por la opacidad en el financiamiento de las ONGs y la facilidad con la que estas pueden detener proyectos de inversión de gran envergadura, argumentando que "una persona puede parar una inversión de US$1.000 millones simplemente alargando, alargando y alargando" los recursos judiciales.
El líder de Camport fue más allá, sugiriendo que la falta de transparencia en el financiamiento de las ONGs podría representar un riesgo para la seguridad nacional. "Imaginen que inversionistas de otros países están financiando ONGs que tienen por objetivo paralizar un proyecto portuario. No estoy diciendo que eso exista, pero eso puede ocurrir en Chile, porque no hay una ley que obligue a las ONGs a transparentar completamente los recursos que reciben", advirtió.
Proyecto congelado
Un tema que ya está en el Congreso, sin embargo, por ahora se mantiene congelado. Fue en julio de 2023 cuando la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca obligar a las ONGs a transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento.
La iniciativa, que recibió un amplio respaldo con 132 votos a favor, fue presentada por los diputados Erika Olivera , Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio (Demócratas), junto Leonardo Soto (PS).
Calisto, uno de los impulsores del proyecto, explicó a Emol que "este proyecto ya fue tramitado en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, se aprobó y se aprobó en sala de la Cámara de Diputados de manera prácticamente unánime. Hoy día está en el Senado".
Por eso, afirmó que conversó con el senador Manuel José Ossandón (RN) quien "va a poner en tabla la tramitación de este proyecto para que lo antes posible pueda ser discutido".
En cuanto al proyecto, defendió la necesidad de esta regulación, señalando que "lo que señalan los dirigentes portuarios y también distintos inversionistas tiene que ver con la influencia que tienen las ONGs a nivel nacional, que paralizan proyectos importantes que promueven actividad económica".
Según Calisto, el objetivo del proyecto es "transparentar el financiamiento de las ONGs que operan en Chile" para evitar que actores desconocidos afecten negativamente el desarrollo económico del país.
Ante ello, la moción busca prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones ilícitas: conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilegales y tráfico de influencias, por ejemplo.
Para eso, el texto legal plantea dos medidas. Lo primero es que se busca modificar la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Con esto, las ONGs deberán inscribir, anualmente, en el Registro de ingresos y mecanismos de financiamiento, al menos los montos, procedencia u origen y la identificación de los aportantes, si corresponde.
Este registro se encuentra contenido, a su vez, en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, el cual se encuentra a cargo del Registro Civil e Identificación.
Luego, en la Ley que regula el lobby, dispone que las ONG deben proporcionar copia de esta información ingresada al Registro. De lo contrario, o si la información no está actualizada, se les denegará la audiencia por lobby o gestión de intereses que soliciten a autoridades.
Economistas
Frente a todo lo anterior, el economista Manuel Agosin, profesor de la Universidad de Chile, señaló que algunas ONGs "se arrogan poderes que nadie les ha dado" y que es positivo que tengan que rendir cuentas.
"Es un primer paso. Impedir que impongan su punto de vista a las mayorías no se resuelve fácilmente sin conculcarles los derechos", acotó Agosin, destacando la complejidad del tema.
Mientras que Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, destacó que es necesario incentivar y profundizar el rol de la inversión en la economía a través de la transparencia en los procesos de financiamiento, planeación, programación, aprobación y ejecución de presupuestos y proyectos de inversión.
Además, remarcó que es importante clarificar el rol que pueden tener las organizaciones en dichos procesos. "Mientras el mercado en general tenga más información y mayor transparencia, es mejor porque en queda mucho más clara las motivaciones particulares de los diferentes grupos", añadió.
Por su parte, Carlos Smith, docente investigador del CIES-UDD, subrayó la importancia de la transparencia en todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo las ONGs. "Mientras más transparencia, mejor", afirmó Smith, añadiendo que conocer quienes financian a estas organizaciones "aumenta la fe pública y por lo tanto aumenta la confianza en organizaciones de este tipo que son muy importantes para la sociedad civil".
El debate sobre la transparencia en el financiamiento de las ONGs no solo toca la dimensión económica, sino también la confianza en las instituciones que forman parte del tejido social. Con el proyecto de ley avanzando en el Congreso, la discusión sobre el rol y la responsabilidad de estas organizaciones en la vida pública de Chile promete continuar.
