El mundo empresarial chileno alzó la voz tras la polémica decisión de la Dirección del Trabajo (DT) de clausurar una farmacia en La Cisterna debido al peligro "inminente" para sus trabajadores luego sufrir un "turbazo" a mediados de la semana pasada.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Multigremial Nacional expresaron su preocupación por las implicancias de esta medida y cuestionaron el rol del Estado en la protección de los trabajadores y empresarios.
Primero, María Teresa Vial, presidenta de la CCS, advirtió de la creciente inseguridad que afecta al sector privado, señalando en Radio Universo que "las empresas han aumentado su costo de seguridad hasta un 20%-25% según nuestros propios estudios".
Vial subrayó que, en un contexto donde "el delito en el entorno público transgrede el espacio privado", por lo que -a su juicio- no es justo responsabilizar a las empresas por los efectos de la delincuencia.
"En estos casos, hay una renuncia del Estado y una ganancia para los delincuentes, que copan territorio mientras el Estado se repliega", afirmó.
En la misma línea, Ricardo Mewes, líder de la CPC, calificó la decisión de la DT como un "despropósito".
"Esto parece ya un despropósito. El Estado es el encargado de garantizar la seguridad de las personas para que puedan trabajar, para que puedan desplazarse de sus casas a sus lugares de trabajo. Y cuando eso no ocurre, resulta que es el mismo Estado el que ordena el cierre de un local comercial", dijo a Emol.
En ese sentido, argumentó que se "le está negando al trabajador el derecho humano al trabajo y podría llevar al cierre definitivo del local, dejando sin empleo a muchas personas".
"Yo espero que esta medida sea absolutamente circunstancial. Las empresas siguen abriendo y siguen trabajando. Yo no creo que vaya a ser algo que se expanda por el temor a la delincuencia"
Ricardo Mewes, presidente de la CPC
Al ser consultado si cree que esta medida pudiera ser el inicio de otros futuros cierres, el líder del gran empresariado comentó que "
yo espero que esta medida sea absolutamente circunstancial. Las empresas siguen abriendo y siguen trabajando. Yo no creo que vaya a ser algo que se expanda por el temor a la delincuencia".
En tanto, José Pakomio, presidente de la CNC, también expresó su desacuerdo con la medida. "No compartimos la decisión de la DT, es un despropósito considerar que la gestión de los riesgos asociados a la delincuencia sea solo responsabilidad de los empleadores", sostuvo.
Pakomio enfatizó que la seguridad es una responsabilidad del Estado y que medidas como esta podrían llevar al cierre masivo de locales de trabajo si no se abordan adecuadamente los riesgos de delincuencia.
El líder de la CNC se cuadró con la inversión del 25% que señaló Vial respecto de la seguridad. "De acuerdo con nuestras cifras las empresas están invirtiendo mensualmente grandes sumas de dinero en seguridad privada para el resguardo de los bienes de la empresa y también para la seguridad de sus trabajadores", acotó.
"De acuerdo con nuestras cifras las empresas están invirtiendo mensualmente grandes sumas de dinero en seguridad privada para el resguardo de los bienes de la empresa y también para la seguridad de sus trabajadores"
José Pakomio, presidente de la CNC
"Sin embargo, creemos que hoy la mitigación de los riesgos de la delincuencia debiera ser evaluado y asumido directamente por los organismos del Estado mediante políticas púbicas eficientes y no mediante actuaciones como las recientemente conocidas, porque bajo criterios como los presentados por la DT, llegaremos pronto al sin sentido de cerrar todos los lugares de trabajo", dijo Pakomio.
Por su parte, la Multigremial Nacional fue aún más crítica, señalando que con esta decisión "el Gobierno cede territorio y las pymes no podrán emprender en zonas dominadas por delincuentes".
En un comunicado, la asociación lamentó que la DT tome decisiones que consideran "arbitrarias y con poco sentido común", y pidieron claridad sobre las zonas donde es seguro emprender bajo las actuales condiciones de inseguridad.
"Bajo estas condiciones tendremos que hacer un plano regulador para pymes según zona de delincuencia", afirmaron.
Multigremial Nacional hizo un llamado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a avanzar en políticas que permitan prevenir los delitos, subrayando la necesidad de proteger a los emprendedores y garantizar la continuidad de los comercios.
Gonzalo Errázuriz, gerente general de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, considera que "a pesar de los esfuerzos de los privados por invertir en seguridad, estos no serán suficientes sin una coordinación efectiva entre municipalidades, equipos de seguridad, policías y el comercio".
"Consideramos que las medidas tomadas por el Estado no han sido suficientes y hechos lamentables cómo el sucedido en la comuna de la Cisterna reflejan que no han tenido la efectividad que todos esperamos", añadió.
Asimismo, agregó que casos como estos no son ajenos y que un 37% de los socios de la Asociación Gremial de Marcas del Retail tuvo que cerrar locales en 2023, al verse afectados por "la inseguridad, el aumento del comercio ambulante y la situación económica del país".
A su vez, desde la Sofofa manifestaron a Emol que "representa un inédito reconocimiento de la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad pública. Peor aún, busca traspasar dicha responsabilidad a los privados, sentando un precedente que puede tener graves consecuencias".
Asimismo, sostienen que esta acción "priva a la ciudadanía de servicios relevantes, empeorando su acceso en zonas especialmente vulnerables".
"El sector privado ya se encuentra haciendo grandes esfuerzos para proteger a sus trabajadores y clientes, en un contexto en el cual el
BID ha calculado que el impacto económico de este flagelo representa 3,5 puntos del PIB en la Región, un costo de operación adicional que impacta en nuestra competitividad", añaden desde el gremio que lidera Rosario Navarro.
