El Gobierno anunció un set de indicaciones respecto a dos proyectos que se tramitan en el Congreso: la ley que modifica la tramitación de las concesiones marítimas y la nueva legislación patrimonial, con la cual se busca cambiar el Consejo de Monumentos Nacionales, con el fin de perfeccionar y agilizar el sistema de autorizaciones para proyectos de inversión.
Se trata de dos aspectos considerados por el mundo empresarial entre los nudos más críticos a la hora de invertir en el país.
Según el Ejecutivo, estas propuestas forman parte del "fast track" económico y el pacto fiscal para consolidar una reforma que permita, por un lado, agilizar los permisos para proyectos de inversión en áreas estratégicas como el borde costero y, por otro, fortalecer la protección del patrimonio cultural del país.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a las ministras de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de las Culturas, Carolina Arredondo.
Al respecto, Marcel recordó que dentro del pacto fiscal se incluyeron 36 iniciativas para fomentar el crecimiento económico, de las cuales cinco están relacionadas con permisos para inversiones.
"En primer lugar, se incluyó una que ya fue despachada por el Congreso, relacionada con las direcciones de obras municipales. Luego, el proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales distintos de los ambientales. Además, se agregó la reforma de la ley ambiental para racionalizar la evaluación del pacto ambiental, y finalmente, las modificaciones para las concesiones marítimas y la ley de Patrimonio", explicó el titular de Hacienda.
Según Marcel, estos dos últimos casos representan un desafío especial debido a las demoras en los permisos.
"En el caso de las concesiones marítimas, era el proceso que registraba mayores demoras respecto a los plazos establecidos en la ley. Mientras que, en el ámbito patrimonial, era el área con más casos sometidos a evaluación para la entrega de permisos", señaló, agregando que ambos procesos han sido los más complejos en términos de distribución de permisos para inversiones.
El jefe de las finanzas públicas subrayó que el trabajo realizado en torno a estas indicaciones sigue un principio definido por el Presidente Gabriel Boric, que se trata de agilizar los procesos sin comprometer los estándares de protección.
"Los permisos no existen por un mero capricho burocrático o político, sino porque se está defendiendo algún patrimonio o bien público", afirmó, refiriéndose al uso del borde costero y la protección del patrimonio arqueológico.
Estas indicaciones buscan reducir en un 30% los tiempos de aprobación de proyectos de inversión y se espera que estén aprobadas antes del receso legislativo de febrero.
"El objetivo es que los proyectos de inversión respeten los estándares ambientales, patrimoniales y sanitarios, y avancen con mayor rapidez de lo que han hecho hasta ahora", puntualizó Marcel.
Respecto a su trámite legislativo, puntualizó que el Gobierno espera que todas estas iniciativas estén aprobadas antes del receso legislativo de febrero de 2024.
Concesiones marítimas
Por su parte, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, enfatizó en la necesidad de traspasar las competencias de las concesiones marítimas desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, como una medida clave para reducir los tiempos de tramitación.
"El Ministerio de Bienes Nacionales tiene a su cargo la administración de los bienes nacionales de uso público y la asignación de concesiones onerosas para proyectos productivos de gran magnitud, como el hidrógeno verde, litio y minería", señaló Sandoval, quien aseguró que la experiencia y el diagnóstico del Gobierno indican que su cartera está mejor preparada para asumir esta responsabilidad, debido a su expertise en la administración territorial.
La ministra Sandoval también destacó las cifras que evidencian la demora en la tramitación de concesiones marítimas bajo la actual estructura.
"Diversos diagnósticos han indicado que las concesiones marítimas en nuestro país han demorado en promedio cerca de cuatro años en su tramitación. Eso, pese a los esfuerzos administrativos que ha hecho el Ministerio de Defensa, particularmente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas", apuntó.
Comparativamente, Sandoval indicó que su cartera tramita concesiones similares en un plazo significativamente más corto.
"El Ministerio de Bienes Nacionales presenta un promedio de un año a un año y medio para la tramitación de este tipo de permisos. Esta eficiencia permitiría al Estado de Chile recaudar de manera más rápida y hacer más eficiente la gestión de nuestras costas", subrayó.
En esta línea, Sandoval hizo hincapié en que las concesiones marítimas son fundamentales para el desarrollo de proyectos productivos y que la agilización de los permisos permitirá aprovechar de manera más efectiva los recursos del borde costero de Chile, que se extiende por más de 83.000 kilómetros.
"El borde costero de Chile tiene un valor estratégico, ecológico y económico incalculable. Es un bien nacional de uso público, que le pertenece a todos los chilenos. Por eso, buscamos la agilización de la tramitación de permisos en este espacio, sin modificar los estándares que corresponden", explicó.
Además, el Ministerio de Bienes Nacionales detalló los objetivos de las indicaciones sustitutivas.
En ese sentido, se aseveró que la reducción de los tiempos de tramitación de concesiones marítimas, que actualmente alcanza un promedio de 45 meses, es crucial para facilitar inversiones en sectores como la acuicultura, los puertos y el turismo.
El objetivo es que, al traspasar la administración de las concesiones al Ministerio de Bienes Nacionales, los tiempos de tramitación puedan reducirse al rango de uno a un año y medio.
Consejo de los Patrimonios Culturales
Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó que las modificaciones también contemplan una modernización del enfoque sobre el patrimonio cultural.
En concreto, el Consejo de Monumentos Nacionales se transformará en el Consejo de los Patrimonios Culturales y "por primera vez, la legislación integrará la participación, por ejemplo, de los pueblos originarios con una mirada de respeto y desarrollo integral".
"Se desconcentran atribuciones, fortaleciendo las direcciones regionales del servicio del patrimonio y entregando certezas respecto a plazos y definiciones, especialmente en cuanto a hallazgos arqueológicos, que han sido identificados como uno de los nudos críticos", explicó la secretaria de Estado.
Además, Arredondo subrayó la importancia de ampliar las nociones de patrimonio, no solo desde lo monumental, sino también reconociendo el patrimonio cultural material e inmaterial.
"Por eso, se amplían las nociones de las declaratorias, modernizando lo que entendemos por patrimonio, y entregando mayor reconocimiento a los pueblos originarios y tribales afrodescendientes chilenos", concluyó la ministra, destacando que la nueva legislación también otorgará competencias técnicas a las direcciones regionales con plazos definidos para la intervención y autorización de hallazgos.
Las indicaciones en esta materia se presentarán en la comisión de Cultura del Senado, donde el texto cumple su segundo trámite constitucional.
