A partir de enero de 2025, las instituciones financieras en Chile tendrán una nueva obligación que busca aumentar la transparencia y el control sobre las actividades comerciales no declaradas. Con la implementación de la Ley Antievasión, los bancos estarán obligados a reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) aquellas cuentas bancarias que reciban más de 50 transferencias de diferentes personas en un solo mes o 100 transferencias en seis meses. Esta nueva medida que se aprobó a fines de septiembre tiene como fin combatir la evasión fiscal y formalizar los negocios que, pese a generar ingresos, no cumplen con las obligaciones tributarias.
La nueva normativa exige a las entidades financieras entregar un informe semestral al SII en los meses de julio y enero, detallando las cuentas que han superado los umbrales de transferencias establecidos. Sin embargo, la norma no requiere informar quiénes realizan esas transferencias, sino solamente el monto total de los abonos recibidos en las cuentas reportadas.
Este mecanismo está dirigido principalmente para fiscalizar a los emprendedores y negocios informales que operan sin declarar correctamente sus ingresos. Pilar Cabello, socia de Cabello Abogados, dice que “lo más relevante será el detalle de la información que reciba el SII de diferentes plataformas o entidades, dando visibilidad a las transacciones económicas que no están declaradas. Recordemos que la evasión es el no pago de un impuesto cuando existe la obligación”, comentó Cabello, insistiendo en la necesidad de controlar estas operaciones para reducir la evasión fiscal en Chile.
Impacto en el comercio informal y plataformas digitales
Este cambio en la legislación afectará de manera directa a aquellos que operan en el comercio informal, especialmente a quienes utilizan plataformas como Instagram o Facebook Marketplace para vender productos y servicios sin haber formalizado sus negocios. Álvaro Moraga, abogado y socio de Moraga CÍA, sostiene que “la Ley Antievasión traerá una mayor transparencia al comercio digital, formalizando las actividades de muchos vendedores informales”. Los bancos, al estar obligados a reportar estas cuentas, permitirán al SII identificar a los vendedores que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, lo que abrirá la puerta a sanciones.
Moraga advierte que la Ley afectará principalmente a emprendedores y pequeños comerciantes que hasta ahora han operado al margen del sistema formal. “Quienes no inicien actividades o no regularicen su situación tributaria se enfrentarán a sanciones del artículo 97 del Código Tributario, que en casos graves podrían incluir querellas criminales por delito tributario”, señaló.
¿Cómo se deben preparar las pymes?
Aunque la Ley Antievasión se convertirá en un reto para muchos pequeños negocios, también ofrece una oportunidad para que los emprendedores informales se ajusten a la norma y accedan a los beneficios que esto conlleva. Vicente Cruz Infante, CEO de Sheriff y presidente del Comité de Fraude y Ciberseguridad de Fintech Chile, ve este cambio como positivo para los emprendedores. “La formalización no debe verse solo como una obligación, sino también como una oportunidad para el éxito. Al estar regularizados, los emprendedores podrán acceder a beneficios como líneas de crédito, apoyo gubernamental y nuevas oportunidades de negocio”, explicó Cruz Infante.
Con la entrada en vigor de esta nueva ley a la vuelta de la esquina, es clave que los emprendedores que operan en la informalidad se preparen adecuadamente para cumplir con las obligaciones tributarias que les correspondan. Pilar Cabello sugiere que la capacitación financiera será fundamental para que los emprendedores entiendan cómo cumplir con las normas y qué beneficios pueden obtener al regularizarse. “Muchos piensan que pagar impuestos implica un daño, pero no saben los beneficios o exenciones con los que cuentan para emprender”, afirmó Cabello.
Por su parte, Vicente Cruz Infante destacó la importancia de un control financiero adecuado: “Los emprendedores que aún no están formalizados deben prepararse iniciando actividades ante el SII y cumpliendo con todas las obligaciones tributarias. Esto incluye la emisión de boletas y facturas, así como la planificación de sus flujos de caja para los pagos de impuestos”, comentó.
Finalmente, esta norma traerá consigo la creación de una Oficina de Crimen Organizado dentro del SII, lo que permitirá un mayor control sobre las operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas. Álvaro Moraga explicó que “esta oficina perseguirá el crimen organizado desde su núcleo, que son los ingresos que reciben estas mafias. Si se cierra el cerco del gasto, se logra fiscalizar a los grandes y, a la vez, se desincentiva a Chile como una jurisdicción ‘paraíso’ para estos grupos”, concluyó.
