Los trabajadores de Quiborax, tercera mayor productora de boro del mundo, hablan de un "desastre a nivel humano y también regional". Esto, en una carta que presentaron ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, solicitando asistir para contar lo que están viviendo ellos y sus familias.
La historia se remonta a julio, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a Quiborax S.A por daño ambiental al Salar de Surire, al sur del lago Chungará, en la comuna de Putre. Se trata de un lugar declarado Monumento Natural e incluido en la lista de humedales Ramsar.
La compañía pertenece a las familias Fosk y Fux. Y produce y exporta, fundamentalmente, ácido bórico, que obtiene de los salares de Surire y Ascotán. En concreto la demanda de la entidad autónoma es
"por causar un daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable".
Así, el CDE apuntó a "la pérdida del hábitat necesario para la subsistencia de tres especies de flamencos de las seis que existen en el mundo, como son el flamenco chileno, el flamenco de James y el flamenco andino".
"Ello -agregó- como consecuencia de la destrucción de dinámicas ecosistémicas esenciales que las faenas mineras han generado al alterar la superficie del salar y su sistema escorrentía superficial, modificando y restringiendo con ellos los hábitats de dicha avifauna, además de afectar a la base de la cadena trófica, compuesta por la microbiota, constituida por organismos extremófilos, bacterias, plancton y microalgas".
Poco después de presentada la demanda, las partes acordaron ante el tribunal especializado suspender por 45 días el proceso judicial. Pero una resolución del 11 de septiembre ordenó paralizar las faenas de Quirobax dentro de los límites del sitio Ramsar Salar de Surire hasta el 31 de diciembre. Desde entonces Quiborax no opera.
La compañía, por su parte, rechazó la imputación de haber provocado daño ambiental y aludió a un actuar contradictorio del Estado. Argumentó que durante décadas ha autorizado, validado y manifestado conformidad con su operación. Asimismo, afirmó que la acción para demandar el daño ambiental está prescrita, al imputarse un daño que se habría manifestado hace 37 años.
Los trabajadores contra el CDE
Ayer, transportistas, pymes, prestadores de servicio y vecinos de Surire bloquearon la rutaa 11-CH en Arica. Esto, con el objetivo de manifestar su malestar por la decisión del Tribunal Ambiental, de no permitirles trasladar 400 mil toneladas ya extraído y producido. Es que el desempleo los tiene afligidos: pues 20 mil personas (incluyendo familias) dependen la compañía y ya se han concretado 600 despidos.
Los tres sindicatos, en tanto, enviaron su carta a la Comisión de Minería de la Cámara. En ella tildaron la acusación de "inverosímil". Esto, "si se considera que el Estado, a través de diversos organismos, fiscaliza, en forma permanente, las faenas mineras de la empresa y, más aún, el propio CDE, ha podido corroborar que la empresa es absolutamente cumplidora de toda la regulación de sus actividades, en especial la ambienta".
Los trabajadores, asimismo, acusaron hostigamiento y persecución hacia Quiborax, lo que atribuyeron a "razones impulsadas por el activismo irresponsable e irreflexivo de algunos funcionarios públicos locales".
Según los sindicatos, la empresa genera cerca de 800 trabajos directos y más de 1.000 indirectos, lo que equivaldría a un 36,66% del total del rubo y aproximadamente el 7,2% de empleos totales de la región. Aportaría, además, entre el 7% y 10% del PIB de Arica y Parinacota.
A juicio de los trabajadores, no es justificable que "sin siquiera aún conocer la posición de la contraparte (Quiborax), se haya requerido a un Tribunal una medida cautelar de suyo extrema y que nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad máxima, considerando que nuestra fuente de empleo es antigua y muy bien remunerada, dado lo especialísimo del proceso y operación en que prestamos nuestra mano de obra".
Asimismo, señalaron: "Lo que hemos podido corroborar en estos últimos meses es que el CDE no realizó ninguna coordinación con organismos estatales (Ministerio del Trabajo, Interior, ni nigún otro) previo a decidir solicitar una medida cautelar tan gravosa. En concreto, el CDE ha actuado -a nuestro juicio- de manera absolutamente irresponsable al poner en jaque -sin fundamento- la vida e integridad económica y familiar de más de 20.000 personas de la región que dependen de la fuente de empleo".
"Más aún -agregaron- la demanda interpuesta por el CDE ni siquiera fue consentida ni consultada con la comunidad indígena propietaria de las tierras del Salr de Surire, custiodios ancestrales y principales fiscalizadores de las operaciones de la empresa, quienes, por cierto, no solo manifestaron su malestar al señor presidente del CDE, sino que recientemente se hicieron parte del proceso ambiental".
