A las 22 horas, con 23 minutos y 51 segundos del lunes quedó estampado en el Tribunal Constitucional (TC) el ingreso del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Presidente Gabriel Boric en contra de 14 normas del Presupuesto 2025, que fueron aprobadas por el Congreso y que a juicio del Ejecutivo serían inconstitucionales.
El escrito, que tiene 48 páginas y otros cientos de carillas con el detalle del diario de sesiones en las que se aprobaron las enmiendas, es el primero de este tipo que ingresa el actual Gobierno como requirente directo al TC (antes se había hecho parte por la mutualización en la ley corta de isapres).
La vez anterior en que un Ejecutivo recurrió al TC para objetar normas del erario aprobadas por el Parlamento fue a fines del 2020, en el segundo mandato de Sebastián Piñera.
Las normas en pugna
El requerimiento, que cuenta con la firma del Presidente Boric; del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y del titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, detalla que el conflicto constitucional que se somete a examen del tribunal tiene relación con 14 glosas y disposiciones introducidas mediante indicaciones parlamentarias.
El Ejecutivo alega que esas normas contienen vicios de constitucionalidad; por ejemplo, regular materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, las que vulnerarían los artículos 65 (incisos tercero y cuarto) y 67 de la Constitución.
También acusa que se incorporaron asuntos que son contrarios a las ideas matrices del proyecto de Ley de Presupuestos, lo que a juicio del Gobierno transgrediría el artículo 69 de la Carta Magna.
Entre las glosas que se objetan destacan la que exige que todo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular sea aprobado previamente por ambas cámaras del Congreso; la del Poder Judicial que establece que no se podrán destinar recursos para la realización de competencias o procesos que impliquen la comparación o evaluación de sentencias; y la que propone que durante el 2025 el avalúo fiscal de las propiedades de adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) sea cero.
Esto último llevaría a eximir a este grupo del pago de contribuciones, aunque Hacienda alertó de que complicaría operaciones tales como la compraventa de esas propiedades.
También el Gobierno busca eliminar del texto del erario la enmienda que dispuso que no podrá exigirse al personal de apoyo de la Presidencia de la República la realización de jornadas de trabajo que pongan en riesgo su integridad, y que obliga a iniciar un sumario administrativo y de informar a Contraloría General de la República y a la Dirección del Trabajo.
Esa norma surgió por la muerte de un gásfiter mientras desempeñaba tareas en La Moneda.
Otras disposiciones que se impugnan son la que impide a estudiantes sancionados por la Ley Aula Segura recibir beneficios de gratuidad universitaria; la que busca bloquear el financiamiento de medicamentos u operaciones que constituyan tratamiento de disforia de género en menores de edad, y la que suspende la totalidad de los procedimientos de espacios costeros marinos de pueblos originarios (Ley Lafkenche).
No está incluida en el requerimiento del Ejecutivo la glosa que obliga al Presidente de la República y a ministros de Estado a realizarse un test de drogas.
Marcel dijo la semana pasada que esa materia se regulará en la parte miscelánea del proyecto de reajuste del sector fiscal.
