SANTIAGO.- El 26 de septiembre de 2014 fue una fecha que marcó para siempre la historia mexicana. Un crimen que enlutó a todo el país y puso en tela de juicio el actuar de la policía y el Gobierno de México. Se trata de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala,
masacre que ocurrió hace un año y todavía no se logra esclarecer.
El inicio de la tragedia
El drama comenzó cuando alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían hacia Iguala en buses que habían secuestrado, una práctica común entre estudiantes de ideología radical de izquierda en esa zona mexicana.
Los estudiantes -la mayoría de reciente ingreso- habían ido a esa ciudad a recaudar fondos para poder asistir al aniversario de la matanza estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en Ciudad de México.
Los jóvenes fueron atacados por policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula. Tres de ellos fueron asesinados cuando los agentes dispararon contra sus buses, mientras que otras tres personas murieron cuando fue atacado el vehículo en el que viajaba un equipo de fútbol.
El 27 de septiembre, familiares denunciaron la desaparición de 44 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes iban en los buses que fueron interceptados por la policía de Iguala.
Por este motivo, se abrió una investigación que logró dar con el paradero de uno de los jóvenes desaparecidos. Se trataba de Julio César Mondragón quien apareció muerto, con evidentes signos de tortura en su cuerpo. El número de desaparecidos disminuye a 43.
Las sospechas tras el crimen
Al día siguiente, el Gobierno Federal inició una investigación sobre los presuntos vínculos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con un grupo de sicarios denominado Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado a los jóvenes tras confundirlos con integrantes del cartel rival Los Rojos.
El primero de octubre, Abarca desapareció tras pedir una licencia por 30 días de su cargo y luego de que su partido lo expulsara de sus filas. Entretanto, decenas de policías de la ciudad fueron arrestados.
Días más tarde aparecieron cuatro
fosas clandestinas con restos humanos en un sector cercano a la zona donde habían desaparecidos los jóvenes.
Sin embargo, los primeros análisis determinan que no era así.
El 17 de octubre fue detenido el presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, por su supuesta participación en el crimen.
Posteriormente la Procaduría General anuncia que el alcalde Abarca y su esposa, María Ángeles Pineda, habrían ordenado el ataque. A principios de noviembre
la policía dio con el paradero de ambos y fueron trasladados a prisión.
A la lista de presuntos implicados en el crimen, se suma también el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó su cargo en medio de los rumores.
Familiares piden una explicación
A fines de octubre, los familiares de los jóvenes se reunieron con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien anteriormente se había comprometido a esclarecer los hechos y a hacer justicia.
Tras el encuentro, las familias y el Mandatario firmaron un documento de 10 puntos, sin embargo los parientes de los jóvenes se mostraron disconformes con las respuestas del Gobierno.
El 7 de noviembre, el procurador general, Jesús Murillo Karam, informó que los estudiantes habrían sido atacados por la policía luego que el alcalde y su esposa enviaran la orden.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos esbozada por las autoridades, los jóvenes luego fueron entregados al personal de seguridad de Cocula, que los puso a continuación en manos de sicarios de Guerreros Unidos.
Los delincuentes habrían asesinado a los estudiantes e incinerado sus cuerpos en un basurero de esa localidad.
No obstante, las familias no creen en esta nueva versión e insisten en que sus hijos todavía están vivos.
Versiones contradictorias
Un grupo de forenses argentinos que trabaja en el caso informó que uno de los cuerpos encontrados en las fosas sí pertenecía al joven de 19 años Alexander Mora, quien había desaparecido en septiembre de 2014 con los otros estudiantes de Iguala.
Por otro lado, niegan la versión de que los cuerpos fueron quemados en el depósito de residuos, e insisten en que no se cuenta con pruebas suficientes para corroborarlo.
Los familiares, en tanto, exigieron al Presidente mexicano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice un informe independiente, con otro grupo de expertos.
A comienzos de este año, la Procaduría General aseguró que el caso ya estaba resuelto y ya no había más pruebas para seguir investigando este crimen, dando por cierta la hipótesis de que los jóvenes habían sido incinerados.
Los forenses argentinos y los presuntos culpables del caso desmienten esta visión. Los primeros insisten en que no existen las pruebas necesarias para cerrar el caso, y los acusados aseguraron que fueron torturados para confesar. Este escenario de dudas termina con la destitución de Murillo y la designación de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Arely Gómez como nueva procuradora general.
A comienzos de septiembre, la CIDH aseguró que no era posible que los cadáveres hubieran sido carbonizados en el depósito, debido a las condiciones que había el día que sucedió la tragedia. Con ello desechó por completo la versión entregada en un comienzo por Murillo, dejando al descubierto las falencias de la primera investigación mientras continúa el misterio sobre el destino de los alumnos de Ayotzinapa.
