WASHINGTON.- Human Rights Watch denunció el martes que el acuerdo alcanzado este mes por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas permite la impunidad porque sacrifica el derecho a la justicia de miles de víctimas.
"El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías", añadió.
Ese convenio es considerado por las autoridades colombianas un paso decisivo para el logro de la paz definitiva, llegar a la reconciliación y crear una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de cinco décadas pero que en 2012 iniciaron conversaciones para la paz.
Por su parte, el ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, dijo que "no se puede analizar este acuerdo aisladamente como si fuera un tema de años de cárcel, que es como lo analizan Human Rights Watch y José Miguel Vivanco, a quien respeto profundamente, sino es un conjunto de medidas que hay que analizarlas integralmente dentro del contexto de la situación de las víctimas".
"Hay contempladas penas hasta de 20 años para quienes no confiesen y penas de hasta 5 y 8 años para quienes confiesen tardiamente, un sistema gradual en materia de penas, pero además contiene justicia restaurativa", dijo Cristo.
"Puedo asegurarle que una vez Human Rights Watch profundice en el acuerdo, lo mire en su conjunto y no simplemente como si fuera la justicia una parte, sino haciendo conjunto con todas las medidas de reparación a las víctimas, van a entender que es un acuerdo que vale la pena, que vale la pena pagar ese costo", explicó.
Vivanco denunció que el acuerdo garantiza que responsables de crímenes de guerra que confiesen "no enfrentarán castigo ni siquiera remotamente serio", pese a que ningún tribunal internacional ha permitido que condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión.
También subrayó que el acuerdo da pie a interpretaciones que permitan a altos mandos militares de la fuerza pública y las FARC eludan rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control, debilitando el principio de responsabilidad de mando estipulado por el derecho internacional.
En más de tres años de negociación, las partes han logrado cerrar cuatro de los seis puntos de una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política, combate al narcotráfico y justicia y víctimas.
Faltan dos puntos más con relación a la terminación del conflicto e implementación de los acuerdos.
La totalidad de los acuerdos alcanzados en La Habana serán sometidos a votación con el fin de apuntalar la paz con el voto popular.
